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La Audiencia fija para septiembre de 2022, diez años después, el cuarto juicio de Invercaria

La instrucción de las macrocausas

Se trata del juicio por el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), en la que hay 12 personas acusadas, entre ellas dos ex presidentes de Invercaria

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo durante la presentación del proyecto fallido FIVA. / P. A.

Un juicio que arrancará más de diez años después de que se iniciara la investigación. La Audiencia de Sevilla ha fijado para el 7 de septiembre del año 2022 el cuarto juicio por las presuntas irregularidades en las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria. Se trata del juicio por las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), la primera de las piezas de esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2012.

El retraso en el inicio de este juicio, que se celebrará en 45 sesiones entre los meses de septiembre de 2022 y enero de 2023, se debe al colapso que arrastran las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla, que hasta ahora sólo ha sentenciado una de las piezas y actualmente se está celebrando el segundo juicio, por los préstamos concedidos a la diseñadora Juana Martín.

Esta pieza de Invercaria, en la que están procesados dos ex presidentes de Invercaria (Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz), fue la primera que comenzó a investigarse hace 9 años, en concreto en 2012, y fue enviada a juicio por el instructor en septiembre de 2017.

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a uno de los acusados, ha lamentado la demora en la celebración de la vista oral. "El colapso de la Audiencia, imputable a la incesante creación de macrocausas que la justicia local con sus medios no tiene la menor capacidad de procesar, determina situaciones como la presente, un juicio en el que en 2022 y 2023 se enjuiciarán durante meses hechos ocurridos en el año 2006, casi veinte años después. Evidentemente algo no se está haciendo bien, la situación es insostenible, la completa desmesura que se está produciendo en los órganos de instrucción, creando sin cesar causas ingentes, inmanejables en tamaño y contenidos, como se comprueba, en general, produce mucho más daño que beneficios a la justicia en su conjunto".

El enjuiciamiento de la pieza de FIVA ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Carlos Lledó, y que recientemente lamentó en un auto que la vista oral no se podría celebrar en principio hasta dentro de un año porque la Sala tiene "completa la agenda [de señalamientos] a más de un año vista".

El tribunal recordó entonces que causas de este tipo exigen "la reserva de no pocos días para su celebración" -en este caso se han previsto inicialmente 50 sesiones-, así como una "cierta infraestructura y disponibilidad de salas de vista de alta capacidad". Y todo ello, precisa, en una situación como la actual "crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con todo lo que ello conlleva, al punto de que actualmente el país sigue en estado de alarma y que ha provocado y sigue provocando la suspensión de numerosos juicios ya señalados, que han de ser reubicados", señalan los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia.

Todos estos efectos negativos se agravan en proceso como el presente, en el que además no concurre ninguna de las circunstancias que, conforme al artículo 785.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le otorgan un "carácter preferente" -como que se tratara por ejemplo de una causa con preso-, teniendo además que el tribunal tiene asignada la especialidad de violencia de género.

Sólo un juicio celebrado

De la macrocausa de Invercaria, a pesar del tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación, sólo se ha celebrado hasta ahora un juicio, aunque la Audiencia de Sevilla celebra actualmente el juicio contra la diseñadora cordobesa Juana Martín y tres ex directivos de Invercaria –el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto–, en relación con las ayudas de 850.000 euros que recibió la empresa de la modista y que no habrían sido devueltos.

Éste es el segundo juicio que tiene lugar por las irregularidades vinculadas a las ayudas concedidas por la sociedad andaluza de capital riesgo, tras la primera vista oral que acabó en marzo de 2020 con la condena de tres años y medio de cárcel del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, juzgado entonces por un préstamo participativo de 100.000 euros concedido a la empresa Aceitunas Tatis.

La Audiencia ha fijado un tercer juicio de Invercaria para el próximo 13 de septiembre de este año, cuando se enjuiciará en la Sección Cuarta la pieza denominada de "personal" de la sociedad pública de capital riesgo andaluza. Esta es la misma sección a la que ha correspondido enjuiciar la pieza de FIVA.

El proyecto fallido de FIVA

El proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) pretendía integrar a 50.000 empresas y consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.

En esta pieza, que fue la primera que se investigó, están procesados los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, y a otras diez personas en relación con las ayudas de 710.000 euros concedidas a Fiva.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente. En concreto, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado. Para Laura Gómiz solicita seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.

Los otros diez procesados, entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, se enfrentan a penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión. También se acusa a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

La Fiscalía reclama a los 12 procesados una indemnización de 1.365.000 euros para Invercaria.

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