La Audiencia fija para febrero de 2023 el juicio a seis policías acusados de robar 17.000 euros en una tienda
Investigación por una intervención policial
La Fiscalía de Sevilla pide la absolución de los seis agentes, que llegaron a estar suspendidos, pero la denunciante reclama una condena de cuatro años y medio de prisión para cada uno.
El juicio se celebrará en la Sección Séptima, que prevé cuatro sesiones de la vista oral entre los días 6 y 14 de febrero
Las imágenes que dieron un aparente vuelco al caso
Un juicio que llegará ocho años después de que ocurrieran los hechos. La Audiencia de Sevilla ha fijado para febrero de 2023 el juicio contra seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena que están acusados del presunto robo de 17.350 euros en una tienda de la Ronda de Pío XII en la que entraron para hacer una inspección contra el contrabando de tabaco. El juicio ha correspondido a la Sección Séptima de la Audiencia, que ha previsto la celebración de cuatro sesiones de la vista oral para los días 6, 7, 13 y 14 de febrero de 2023, y que ha designado como ponente del caso a la magistrada Rosario López Rodríguez, que estará acompañada de las magistradas Mercedes Alaya y Ángeles Sáez.
Los seis policías serán finalmente juzgados a pesar del vuelco que se produjo en la investigación después de que la Policía Científica descubriera nuevas imágenes en las que se ve a una joven manipulando fajos de billetes y guardándoselos bajo su camiseta. Aunque la Fiscalía reclama la absolución de los seis agentes -a lo largo de la instrucción ya solicitó el archivo de la causa-, la dueña del negocio, de nacionalidad rumana, ha solicitado una condena de cuatro años y medio de prisión y multa de 1.080 euros para los agentes, a los que atribuye un delito de hurto y otro de falsedad en documento público.
Después de que la Audiencia de Sevilla ordenara reabrir la investigación contra los seis agentes, el juzgado de Instrucción número 1 abrió juicio oral contra los funcionarios, a los que reclamó una fianza de 17.350 euros. En el auto, la instructora atribuyó a los agentes investigados delitos de hurto y falsedad en documento público, pero no el delito de cohecho que también les atribuía la denunciante, dado que este delito no se incluyó en el auto de incoación del procedimiento abreviado que, además, no fue recurrido por la acusación.
En el juicio, la Fiscalía solicita la absolución de los agentes, que formaban parte del Grupo 3º Operativo de Respuesta del distrito Macarena. La postura del Ministerio Público es congruente con el planteamiento que realizó durante la fase de instrucción, donde expuso que el agente que se guardó el dinero en el bolsillo explicó "suficientemente" en su declaración judicial que se lo devolvió al marido de la denunciante, extremo que fue corroborado por el resto de policías. Para la Fiscalía, "no existe ninguna prueba objetiva que corrobore el testimonio de la denunciante", en el que sí aprecia "lagunas y contradicciones" con los de otros testigos.
La intervención policial se produjo la noche del 19 de mayo de 2015, y tras la misma, la dueña del negocio denunció que los agentes le habían sustraído 17.000 euros y exigido otros 5.000 para no volver a molestarles.
La acusación particular que ejerce la denunciante relata en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados participaron en una intervención "a la que intentaron dar una apariencia legal en su objetivo de la persecución de la compraventa ilegal de tabaco", donde se incautaron de 156 cajetillas de tabaco de distintas marcas.
Sin embargo, prosigue, "es evidente también y se desprende de las grabaciones de vídeo obrantes en autos del interior del establecimiento que los mismos funcionarios realizan diversas extracciones de dinero de diversas ubicaciones del interior del establecimiento, dinero que colocan en el mostrador y otros lugares, llevando a cabo los acusados el recuento e incluso a organizarlo en distintos paquetes".
Para la acusación particular, alguno de los acusados tuvo que "conminar a apagar las cámaras" y actuaron en la "creencia de no estar siendo grabados y de ahí que en las imágenes se cae cómo miran de vez en cuando las cámaras para corroborar dicha circunstancia". Añade que del visionado de las imágenes se observa asimismo cómo el dinero depositado inicialmente en el mostrador del establecimiento es cambiado de lugar por los acusados, llegando a introducir el mismo en bolsas e incluso en una caja que también contenía tabaco", que también considera relevante que durante el trasiego de dinero "se hacen permanentemente señas" entre sí los agentes.
Concluye además que en ningún momento se observa que los agentes entregaran el dinero la dueña ni a su marido una vez acabada la intervención policial, ni tampoco ningún acta de incautación de tabaco "a pesar de que los acusados coincidieron el origen ilícito del mismo, dinero apropiado que asciende a la cantidad de 17.350 euros".
La acusación particular reclamó además para los agentes otra pena de tres años de cárcel por un delito de cohecho, por haberle pedido supuestamente dinero para no proceder a la incautación del tabaco, pero la juez excluyó este delito en el auto de procedimiento abreviado y no se ha abierto juicio oral por el mismo.
El vuelco al caso no exculpó a los agentes
El caso de los seis policías nacionales que han estado casi tres años suspendidos de empleo y sueldo tras haber sido denunciados por apropiarse presuntamente de 17.000 euros y tabaco en una tienda de alimentación de la Macarena experimentó un vuelco en 2018 al hallar la Policía Científica nuevas imágenes en las que se veía a una joven manipulando fajos de billetes y guardándoselos bajo su camiseta.
Se trata de seis fotogramas que la Comisaría General de Policía Científica remitió de forma urgente al juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, encargado de la investigación, como complemento del estudio de la copia de seguridad del disco duro donde se registraban las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda Alimentación Dani Digi, ubicada en la Ronda de Pío XII
Los agentes investigados participaron en el registro de ese comercio en la noche del 19 de mayo de 2015 y la pareja que regenta el negocio, denunció posteriormente a los policías, aportando una grabación que había sido extraída por un informático amigo de la pareja.
La Comisaría General de Policía Científica señaló en este que durante el proceso de revisión de las imágenes obtenidas para verificar que no han sido manipuladas se ha podido observar “una secuencia captada por la cámara número 2 entre las 2:50 y las 2:52” de la madrugada del 20 de mayo, “aproximadamente cinco minutos antes del cierre de la tienda, que pudieran tener relevancia en este asunto, por lo que se considera de interés ponerlo de manifiesto y adelantarlo por esta vía para que obre en la causa”, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.
Dicen los agentes de la Científica que con independencia de que una vez se reciba el reproductor VCR para repetir el proceso de extracción de imágenes y se verifique la “concordancia” del disco duro original con la copia de seguridad, consideran relevante enviar esos seis fotogramas extraídos de la secuencia de imágenes mencionadas y que “describen con claridad la acción que tiene lugar”.
En esos fotogramas se observa cómo una joven, que no está identificada, se acerca al interior del mostrador del comercio portando varios fajos de billetes en una mano, siendo exactamente las dos y cincuenta minutos de la madrugada. La chica no está sola, la pareja de rumanos sigue en la tienda, y en uno de los fotogramas conversa con el varón, cuya calva se aprecia en la parte inferior de la imagen, mientras mueve los fajos que lleva en la mano izquierda y en la derecha lleva una bolsa de la que saca nuevos fajos. Y en los dos últimos fotogramas se observa cómo introduce sendos fajos bajo su camiseta, en el pecho, mientras sonríe.