![La acusada, en el juicio.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E){kind=small}
La Audiencia estudia liberar a dos magistradas de los ERE
Caso de los ERE
El ponente, el juez Juan Antonio Calle Peña, lleva varios días de baja por motivos de enfermedad
El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, se reunirá hoy con los presidentes de las cuatro Sección Penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) para estudiar la liberación parcial de las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, para que ambas puedan centrarse durante un tiempo en la deliberación de la sentencia del “procedimiento específico” de los ERE, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado 26 de febrero.
La reunión se produce cuando el magistrado ponente de la sentencia de los ERE y encargado por tanto de su redacción, Juan Antonio Calle Peña -que está liberado por otros seis meses-, lleva varios días de baja por motivos de enfermedad, lo que supone un nuevo contratiempo que se suma a la falta de liberación de las otras dos magistradas para poder centrarse en la deliberación de esta complicada sentencia, en la que deben pronunciarse sobre los cargos que se atribuyen a los 21 ex altos cargos procesados en la “pieza política” de los ERE, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se enfrentan a penas de diez años de inhabilitación y a seis años de prisión, respectivamente.
Un mes después del juicio los tres jueces sólo se habían podido reunir en una ocasión
Esa imposibilidad de dedicarse en exclusiva a estudiar el caso de los ERE, que quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre de 2018, motivó por ejemplo que un mes después de que acabara la vista oral, los tres magistrados sólo se habían podido reunir personalmente en una ocasión para deliberar sobre algunos de los numerosos puntos que deben ser abordados antes de que Calle Peña se ponga a redactar el fallo.
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz decidió liberar de manera parcial a ambas magistradas para que estén exentas de recibir asuntos de nuevo ingreso –como por ejemplo la resolución de recursos de apelación– y de la asistencia a juicios.
El TSJA dejó precisamente en manos del presidente de la Audiencia el plazo concreto y la duración de esta medida, para que las dos magistradas “puedan compatibilizar ágilmente su labor con la deliberación y redacción de la macrocausa de especial complejidad y antigüedad de la pieza política de los ERE”, precisaba el acuerdo de la Sala de Gobierno de febrero pasado.
Preocupación por el retraso en la resolución del recurso contra el archivo de los cursos de formación
La Sala de Gobierno del TSJA también mostró en su reunión del pasado 26 de febrero la preocupación por la demora en la resolución de los recursos presentados contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación, que lleva ya más de dos años pendiente de resolución. Los magistrados que integran la Sala de Gobierno reconocen que, en este caso, se ha excedido “el plazo razonable de resolución en la segunda instancia”.
La medida adoptada por el TSJA depende no obstante de la incorporación de uno de los magistrados de la Sección Primera que están de baja por motivos de enfermedad, o de otros magistrados que están liberados para otros asuntos. Así, el acuerdo especifica que una vez que se incorpore el magistrado de baja por enfermedad o bien finalice el mes de liberación que se ha dado a otro juez para que dicte la sentencia del delito societario de Mercasevilla, se procederá en ese momento a la liberación del Rafael Díaz Roca por tiempo de un mes para que pueda “redactar y firmar asuntos de especial complejidad derivados de la llamada causa de los cursos de formación”.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, acordó el 11 de octubre de 2016 el archivo de la investigación relacionada con una supuesta de “red de clientelismo político” para el reparto de los fondos públicos destinados a las ayudas a los cursos de formación, en el que estaban investigados 24 altos cargos y funcionarios de la Junta.
Las acusaciones populares del PP y Manos Limpias recurrieron el archivo en diciembre de 2016 y tras pasar por numerosas vicisitudes –como la recusación de un magistrado– y por tres jueces distintos, estos recursos todavía no han sido resueltos.
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