La Audiencia plantea al Supremo la competencia para informar del indulto a Griñán

Los indultos del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de los otros ocho condenados por el caso de los ERE vuelven al Tribunal Supremo. La Audiencia de Sevilla ha dictado una providencia en la que acuerda librar oficio a la Sala Segunda del Alto Tribunal para que dé cuenta "sobre la competencia para informar de los indultos solicitados, al haber sido casada la sentencia dictada" el 19 de noviembre de 2019.

De esta forma, tal y como adelantó este periódico, los indultos al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos podrían ser informados por el Tribunal Supremo antes de que el Gobierno resuelva sobre los mismos, con lo que sería la tercera ocasión en la que el Alto Tribunal se pronuncia sobre el caso, tras la sentencia que confirmó las condenas y su intervención en la fase de instrucción de la macrocausa dada la condición de aforados de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que en su día dictó la sentencia de la denominada "pieza política" de los ERE recibió recientemente una comunicación del Ministerio de Justicia, a la que se acompaña de la solicitud de gracia de indulto planteada por los nueve ex altos cargos condenados a penas de cárcel, y en la que se pide del tribunal el preceptivo informe.

Los magistrados de la Audiencia hispalense dictaron entonces una providencia acordando formar una pieza correspondiente al expediente de indulto de cada uno de los ex altos cargos condenados y también decidió "oír en manifestación al perjudicado si lo hubiere, sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto al penado" y, en última instancia, una vez que se reciba esta información, se trasladará el expediente de indulto a la Fiscalía para que emita el "preceptivo informe".

Es aquí donde surgen las primeras dudas sobre la competencia para emitir estos informes, en primer lugar, y sobre el tribunal que debe a su vez informar sobre la medida de gracia, en su condición de tribunal sentenciador. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguró recientemente que la Fiscalía aún no ha emitido el informe de los indultos de los ERE porque primero debe resolverse una cuestión competencial sobre quién debe emitir dicho informe: si es la Fiscalía del Tribunal Supremo o la Fiscalía Anticorrupción, cuya delegación en Sevilla ha intervenido tanto en la fase de instrucción, el juicio y en la fase de ejecución de la sentencia, como cuando se ha tenido que pronunciar sobre la petición de suspensión de la condena a Griñán con motivo de su enfermedad.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo más probable es que sea la Fiscalía del Tribunal Supremo -que ya intervino con motivo de los recursos de casación presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla- la que finalmente emita el informe sobre los indultos solicitados por los ex altos cargos, de acuerdo con la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado, que analiza las atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y sobre lactación de los fiscales especialistas en delincuencia organizada.

Lo mismo ocurriría con la competencia del tribunal sentenciador, es decir, si debe ser la Audiencia de Sevilla o la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que informe sobre los indultos. En este sentido, existe un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del 20 de abril de 2001 que establece que "el Tribunal Supremo será competente para informar sobre indultos, como tribunal sentenciador, cuando dicte segunda sentencia".

Esto implica que cuando el Alto Tribunal modifica, ya sea total o parcialmente, la sentencia que ha sido objeto del recurso de casación, en ese supuesto sería competente. En el caso de los nueve ex altos cargos que han solicitado el indulto, el Supremo confirmó todas las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla, salvo el caso del ex director general de Trabajo Juan Márquez, a quien rebajó la condena a tres años de cárcel. Esto implicaría que sería la Sala Segunda la que debería pronunciarse sobre el indulto de Juan Márquez y arrastraría la competencia para pronunciarse también sobre Griñán y el resto de los ex altos cargos, según han indicado las fuentes consultadas.

Además de Griñán, solicitaron el indulto los otros ocho ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel. Se trata de los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Vieray Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Todos ellos están actualmente cumpliendo la condena en distintas cárceles andaluzas -salvo José Antonio Griñán y el ex director de Trabajo Juan Márquez, a quien también se suspendió el ingreso en prisión- y pidieron el indulto por razones de "proporcionalidad, humanidad, justicia material y equidad".

La petición de indulto a Griñán fue presentada el 1 de septiembre de 2022 y sumó más de 4.000 firmas de apoyo. Representantes del mundo de la política (de diferentes partidos), la empresa, los sindicatos, la cultura, la universidad o el deporte se han unido a la solicitud formulada por la familia del condenado para un indulto parcial que evitase el ingreso en la cárcel del socialista, aunque finalmente la Audiencia de Sevilla decidió suspender su ingreso en prisión durante cinco años debido al cáncer que padece.

El impulso del expediente de indulto se ha producido después de que el Pleno del Tribunal Constitucional acordase recientemente por unanimidad denegar la suspensión de la pena de prisión a los condenados en la "pieza política" del caso de los ERE de siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El Tribunal de Garantías informó entonces del rechazo de la petición planteada por los ex consejeros Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera Chacón, así como los del ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex director de Trabajo Juan Márquez Contreras, y el ex director de la agencia Idea Miguel Angel Serrano Aguilar.