La Audiencia de Sevilla deja para el 20 de junio el final del juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía

El juicio a parte de la antigua cúpula de UGT-Andalucía va a requerir más tiempo del inicialmente planificado, a pesar de que empezó hace ya más de cuatro meses. Estaba previsto que la de este jueves fuese la última sesión, pero el propio tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ya dio por hecho que sería imposible tras la maratoniana jornada del miércoles, en la que apenas dio tiempo de que tres defensas expusieran sus informes. Así pues, habrá que esperar dos semanas para oír a la última parte, que será el abogado del propio sindicato, personado como responsable civil subsidiario y expuesto a tener que pagar parte de la indemnización de más de 40 millones de euros que piden las acusaciones.

¿Por qué no acaba antes esta vista oral? La razón es tan sencilla como que una de las magistradas que componen el tribunal, Carmen Pilar Caracuel, tiene ocupada su agenda de la próxima semana como presidenta del Tribunal del Jurado que va a enjuiciar a un hombre acusado de asesinar a otro en las Tres Mil Viviendas. Por tanto, era del todo punto imposible señalar una sesión en toda esa semana. El primer hueco libre, en una Sección que además lleva unos meses especialmente atareada, ha sido ese jueves 20. Ese día, los encausados dispondrán también del derecho a la última palabra si así lo creen conveniente.

Las defensas, que son las protagonistas en este tramo final del juicio, piden como opción prioritaria que sus clientes sean absueltos. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, ratificó en sus conclusiones definitivas su calificación provisional respecto a los sindicalistas acusados y pidió siete años de cárcel para el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, así como cinco años para la responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño.

El Ministerio Público tampoco perdonó ni un euro de responsabilidad civil a los sindicalistas. Por tanto, reclama que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, que es el total de lo presuntamente defraudado, y que Sánchez Montaño pague 4.288.707,74 euros. Y para todos ellos, además, solicita que abonen una multa de 50 millones.

Anticorrupción casi repitió el mismo patrón para los otros diez procesados, distintos proveedores del sindicato que según la acusación participaban de ese sistema fraudulento. La única diferencia es que el fiscal Fernando Soto retiró la acusación contra uno de ellos, el responsable de una agencia de viajes. Para cada uno de los otros nueve empresarios acabó solicitando tres años de prisión y multas de 3.600 euros.