La Audiencia Nacional exculpa a cinco funcionarios de Medio Ambiente de la trama del "cartel del fuego"

Más de cinco años investigados. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha exculpado a cinco funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que fueron imputados en relación con el denominado "cartel del fuego", que presuntamente imponía a las administraciones públicas practicas colusorias (pactos ilícitos) y costes superiores en la contratación de medios áreos relacionados con la extinción de incendios forestales.

El juez había rechazado en junio pasado el recurso presentado por los servicios jurídicos de la Junta, que habían pedido el archivo de la causa contra cinco funcionarios, y tan sólo unas semanas después ha exculpado a los funcionarios de Medio Ambiente después de que la Fiscalía Anticorrupción considerara que no había indicios suficientes para continuar el procedimiento contra los funcionarios, entre los que se encuentran el que fuera director de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente Javier Madrid y el ex director del Infoca Ernesto Esteso.

En relación con las prácticas colusorias y la imposición a la Administración de costes superiores en la contratación, a los funcionarios se les atribuía inicialmente que eran conocedores de estos extremos y que de forma consciencia "no obraron conforme les imponía la norma o que obraron arbitrariamente". Así, las imputaciones ahora descartadas por el juez señalaban que no habían comunicado u ocultaron a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia "hechos de los que tuvieron conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que podían constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia".

En particular, se les atribuía haber "ocultado datos o indicios de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores u ofertantes, que tuvieran por objeto, produjeran o pudieran producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación".

Pero después de que la Fiscalía haya presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el que pide el sobreseimiento contra estos cinco funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el juez ha archivado la causa contra ellos en el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado 28 de julio.

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción ha acusado finalmente a un total de 17 personas, entre ellos el que fuera conseller de Justicia y Administraciones públicas entre 1999 y 2000 de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, para quien solicita una condena de 21 años de prisión por delitos de falsedad, cohecho, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y prevaricación.

El Ministerio Público sostiene que los acusados, entre los años 1999 y 2018, desarrollaron "múltiples conductas ilícitas" relacionadas con la actividad de contratación del sector público en el ámbito de la navegación aérea, fundamentalmente en el de la extinción de incendios forestales que afectaban a los intereses generales. "Unos lo hicieron con ocasión del ejercicio de su actividad como autoridades y funcionarios públicos relacionados, o intervinientes, en los procesos de contratación o en desarrollo, ejecución o control, de lo contratado".

Así, la Fiscalía explica que los acusados fundaron y pusieron en funcionamiento, de manera estable y permanente, "una asociación de personas y empresas del sector que, con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado; la licitación por parte de los asociados acusados con turnos y ofertas previamente pactadas entre ellos o, mediante la concurrencia de uno solo de los concertados, al tipo o con bajas insignificantes".

"Una engañosa puesta en escena"

También mediante la utilización de "mecanismos de expulsión de otros eventuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación de los servicios a satisfacer por parte de la administración contratante".

En todo caso, prosigue la Fiscalía, "los empresarios acusados actuaban ante la administración en los procesos de contratación con una engañosa puesta en escena, que aparentaba libre concurrencia, mediante la cual obtenían la adjudicación contractual para quien se habían propuesto".

En otras ocasiones fue con "ilícito auxilio de autoridades y funcionarios, que se obtenía la imposición a la administración contratante de incrementos de estos costes mediante generación arbitraria e injustificada de modificaciones contractuales, de prórrogas, o mediante la admisión y satisfacción indebida de facturas no justificadas".

Los empresarios, a su vez, hacían regalos y dádivas a las autoridades "mediante presentes, agasajos y sistemáticas atenciones de contenido económico".

En esa "asociación" participaban algunas empresas andaluzas, como Fumigación Aérea Andaluza (Faasa), cuyos responsables figuran como acusados en la causa del "cartel del fuego".