Cinco juicios en cinco años, el paupérrimo balance del enjuiciamiento del caso de los ERE

Cinco juicios en cinco años. Este el paúperrimo balance del enjuiciamiento de la macrocausa de los ERE en la Audiencia de Sevilla. Tras la celebración del primer juicio, el del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas, que actualmente está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos, se han celebrado otros tres juicios por ayudas concretas y la quinta vista oral arranca precisamente este martes.

De estos cinco juicios, sólo hay dos en los que se ha dictado sentencia: el que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el de las ayudas de 2,9 millones concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que acabó con la condena de siete años y un día de cárcel al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, entre otros.

La Audiencia de Sevilla todavía tiene que dictar sentencia sobre los casos de las ayudas concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte y a la empresa Novomag, aunque estos juicios finalizaron hace tan sólo unas semanas.

La lentitud con la que avanza el enjuiciamiento de las macrocausas está siendo objeto de un especial seguimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que incluso ha reforzado las secciones penales de la Audiencia de Sevilla -cada una cuenta ya con seis magistrados- para hacer frente a la avalancha de juicios. Hasta marzo pasado, según los datos recopilados por este periódico, había un total de 165 potenciales juicios que vendrían a complicar aún más la situación de saturación de la Audiencia hispalense, donde en los últimos meses se han venido produciendo jubilaciones anticipadas y abandono de magistrados que se han marchado a otros destinos en órganos unipersonales –como juzgados de Instrucción, de Menores o de lo Contencioso-administrativo– al no poder afrontar el colapso. Una particular diáspora que no cesa.

Desde el juzgado de Instrucción número 6, que comenzó la investigación de las macrocausas en el año 2011, se han elevado a la Audiencia más de 40 sumarios para su enjuiciamiento, pero se mantienen “vivas”, es decir, actualmente en instrucción, otras casi 80 piezas de distintas macrocausas -ERE, Invercaria, cursos de formación, las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe), o los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea, entre otras-, y hay otra veintena de procedimientos abreviados que están en trámite –investigaciones cuya instrucción está concluida y están a la espera de las calificaciones de las partes para su remisión a la Audiencia–.

De esta forma, sólo el juzgado de Instrucción número 6 acumula cerca de 140 macrocausas, a las que hay que sumar los centenares de piezas de responsabilidad civil que acarrean esos procedimientos: una por cada uno de los aproximadamente 500 imputados que se estima que hay en los ERE, más los considerados responsables a título lucrativo o las entidades declaradas responsables civiles subsidiarios.

En la Audiencia se confía en que cuando el Tribunal Supremo resuelva los recursos de la primera sentencia de los ERE se pueda clarificar la situación y determinar si afecta al resto de las piezas pendientes, algo que ya apuntó el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, cuando aseguró que una vez que se resuelvan los recursos habrá que valorar si el fallo puede "favorecer o no" el desarrollo de los más de un centenar de piezas pendientes de enjuiciamiento o en fase de instrucción.

En cualquier caso, el Alto Tribunal no dictará la sentencia antes de las elecciones autonómicas del 19-J, siguiendo la regla escrita de no interferir en los proceso electorales, por lo que el fallo podría retrasarse semanas o meses, en función de cómo se desarrollen los debates entre los cinco magistrados que componen la Sala encargada de resolver los recursos de casación, aunque algunas fuentes ya apuntan a que el ponente ha propuesto confirmar la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

El quinto juicio, también sólo contra el beneficiario

El quinto juicio que arranca este martes se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra un único acusado, el empresario catalán Carles Vandellós Blanch, quien iba a ser juzgado en enero pasado pero al cambiar de abogado de oficio la vista oral tuvo que ser suspendida y fijada esta nueva fecha.

Este nuevo juicio confirma el galimatías jurídico generado en torno a la macrocausa de los ERE, en relación con la aplicación del principio de “cosa juzgada” a los ex altos cargos, ya que en esta nueva vista oral sólo va a ser enjuiciado un empresario y no los responsables de la Consejería de Empleo que concedieron la ayuda porque, según recoge precisamente la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones provisionales, fueron apartados del procedimiento porque el tribunal consideró que ya habían sido juzgados en el “procedimiento específico” de los ERE y ese juicio abarcaba su participación por completo en los hechos relacionados con la macrocausa.

En el escrito del Ministerio Público, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Francisco Sánchez Mellado explican precisamente que en esta tercera pieza de los ERE no se formula acusación contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director de Trabajo Juan Márquez porque “no han sido llamados al procedimiento como posibles responsables de estos hechos”.

La razón de esta decisión, prosiguen los fiscales, “radica en la consideración de que los hechos objeto de este procedimiento están comprendidos dentro de los hechos por los que han sido enjuiciados en el procedimiento abreviado 1965/2017 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en el que los tres han resultado condenados como autores de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos por sentencia de 19 de noviembre de 2019”, en alusión a la primera sentencia del macroproceso.

El juicio al empresario catalán Carles Vandellós Blanch se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el mismo tribunal que en enero pasado condenó a Antonio Fernández y a Juan Márquez a siete y cuatro años de cárcel, respectivamente, por las ayudas de 2,9 millones para las prejubilaciones de Acyco. En esa sentencia, el tribunal sostuvo que los ex altos cargos enjuiciado en la “pieza política” sí podían ser juzgados de nuevo porque los hechos eran “distintos” y además se acordó la exclusión de los ex altos cargos pero no mediante la figura del sobreseimiento provisional o libre. Este argumento contrasta con la postura expuesta por la Fiscalía Anticorrupción en este juicio y que deviene de las decisiones que en la fase de instrucción adoptó otra Sala de la Audiencia, la Sección Séptima, que resuelve todos los recursos contra las decisiones del juez de Instrucción número 6.

Sin embargo, la Sección Tercera consideró que la causa de exclusión había “desaparecido” porque no coinciden los hechos de una y otra causa, “sin que los que son objeto de este procedimiento hayan sido ya enjuiciados y sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de la cosa juzgada, material o formal, ni vulneración del principio non bis in ídem”.

En el juicio que arranca el próximo martes, 7 de junio, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de cinco años de prisión para el empresario Carles Vandellós Blanch, al que considera “cooperador necesario” de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público reclama además que indemnice a la Junta de Andalucía con 147.913,72 euros por los pagos realizados por la agencia Idea a sus empresas Nerva Croissant y Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que el administrador de Nerva Croissant –una empresa ubicada en la localidad onubense de Nerva y dedicada a la fabricación de productor de panadería, bollería y pastelería– consiguió llegar hasta el director general de Trabajo Juan Márquez, “sabedor de que la Junta concedía ayudas con fondos públicos al margen del procedimiento legalmente establecido”.

De esta forma, Carles Vandellós consiguió en el mes de agosto de 2009 que Juan Márquez le concediera “de manera absolutamente injusta y arbitraria” una ayuda de 84.522,13 euros,actuando “con el conocimiento y consentimiento de sus superiores jerárquicos, Antonio Fernández García y Agustín Barberá, consejero y viceconsejero de Empleo, respectivamente”.

La agencia Idea efectuó un primer pago del 75% de la ayuda, 63.391,59 euros, que fueron embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social por las deudas que el empresario tenía por importe de más de 100.000 euros. Ante la imposibilidad de materializar la ayuda, la dirección general de Trabajo concedió el 9 de diciembre de 2009 otra ayuda de 63.391,59 euros a la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva, de la que Vandellós también era administrador, a pesar de que esta sociedad “carecía de actividad alguna y no tenía trabajadores en su plantilla”.

Así, “pretendían asegurar que la ayuda se hiciera efectiva en favor de algunas de las sociedades controladas por el acusado”, que no ha devuelto el dinero a pesar de que la Junta acordó en 2012 su reintegro en un procedimiento de revisión de oficio.