Arranca más de una década después el juicio por el caso de las facturas falsas de la UGT-A

Una nueva macrocausa que llega a juicio con un importante retraso de más de una década. La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes, 29 de enero, el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Ángel Márquez, ha señalado el arranque de las sesiones para este lunes, 29 de enero, día que se ha reservado para la presentación de las denominadas cuestiones previas. El cronograma del juicio prevé un total de 62 sesiones de la vida oral, que tendrán lugar hasta el próximo mes de junio. De esta forma, una causa que comenzó en el año 2013 en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla y que se vio retrasada debido a la realización de los complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, no llegará a juicio hasta más de una década después del comienzo de las pesquisas judiciales.

El juicio arrancará con las cuestiones previas y está previsto que al día siguiente, el martes 30 de enero, comience la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación del presunto fraude. En principio han sido citados cuatro miembros del instituto armado y un agente de la Policía Nacional, y las declaraciones de estos funcionarios se han anticipado dado que el tribunal ha accedido a que los 15 acusados presten declaración con posterioridad a la práctica de las pruebas testificales y periciales, atendiendo a la petición de las defensas y al tratarse de una posibilidad que admite el Tribunal Supremo, que ya ha expresado la alteración de la práctica de estas declaraciones "entra dentro de la lógica si se concibe la declaración del acusado como un medio de defensa y no como una prueba de la acusación, aunque pudiera tener efectos incriminatorios".

Así, no será en principio hasta el 8 de abril cuando declaren ante el tribunal los acusados, aunque esta fecha puede variar en función de cómo se vayan desarrollando las pruebas testificales. Según el cronograma del tribunal, no sería hasta principios de junio cuando el juicio quede visto para sentencia, una vez que las acusaciones y las defensas expongan sus conclusiones definitivas.

Penas de hasta siete años de cárcel para los 15 acusados

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla remitió en mayo de 2021 a la Audiencia la causa abierta al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas acusadas de delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño solicita cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.

En un último auto, el juez concluyó que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”.

El instructor relató entonces que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.

Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto.

Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.

El fraude del rápel y el bote

El Ministerio Público centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas al sindicato y recoge como mecanismos de defraudación la creación de la central de compras y la utilización de los denominados "rápel" y "bote".

Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana Casado -que fue apartado del proceso judicial por motivos de salud-, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.

En cuanto al rápel, el fiscal precisa que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba con los proveedores del sindicato ese rápel, un descuento ante la ingente actividad comercial. Estos descuentos, se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente.

Fresneda "exigió que estos descuentos no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal". De esta manera, prosigue el fiscal, se materializaba mediante una contra factura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez, la totalidad del descuento al sindicato en la cuenta marcada por este en ocasiones y en otras en metálico. Sin embargo, en la cuenta justificativa que se rendía ante la administración concedente, la Dirección General de Formación, se presentaba "la primera factura sin incluir ese descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".

En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva del sindicato, se incluía el monto obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entra las distintas Uniones Provinciales. La gestión contable de este rápel se realizó en origen a través de hojas de cálculo excel, sin embargo ante el volumen que adquirió, se terminó materializando en el programa de gestión Spyro.

En cuanto al denominado bote, el fiscal señala que con esta figura, el sindicato, a través de Federico Fresneda, María Charpín y Dolores Montaño, se encargaba la elaboración de "facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas". De este modo la factura, que de ordinario se identificaba con un programa formativo o conceptos genéricos, "se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa".

Esto permitía que el sindicato "sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

De la misma manera que con el rápel, esto se realizaba sólo con proveedores de confianza seleccionados por Federico Fresneda. Igualmente llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro, programa informático que contaba "con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".

Según el Ministerio Público, fue María Charpín, quien en las sesiones de trabajo con los responsables de la implantación del programa Spyro, "exigió que este programa informático contemplara estos apartados, y exigió a sus creadores que lo incluyeran. A tal extremo llegó, que incluso difundió un manual de usuario entre los empleados, en los que se daban instrucciones de cómo manejar y contabilizar las facturas de bote y rápel y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente: Lienzo Gráfico", sostiene.