Arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra los dueños de Fitonovo por el pago de mordidas

La Audiencia Nacional iniciará el próximo martes el juicio contra 33 acusados en la pieza principal de la denominada operación Madeja, en la que se enjuician las presuntas mordidas y regalos efectuados por la empresa sevillana Fitonovo a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado una condena de nueve años y medio de cárcel para los dueños de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, a los que acusa de haber creado una "organización criminal" con su empresa para el pago de las mordidas y regalos.

El juicio, del que se han fijado un total de 23 sesiones hasta el próximo mes de junio, arranca el próximo martes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, y en la misma declararán casi un centenar de testigos, entre ellos el ex ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido y del ex director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Gregorio Serrano, en relación con sus etapas de alcalde y delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, respectivamente.

El tribunal también ha aceptado que testifique el que fuera inspector jefe de la unidad adscrita de la Policía Nacional que inició las investigaciones del caso Mercasevilla -que derivó en el caso de los ERE- hasta que fue sustituido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La declaración de estos testigos fue propuesta por las defensas de los dueños de Fitonovo, al considerar que ambos responsables del PP de Sevilla intervinieron de forma directa en las adjudicaciones a Fitonovo de los contratos del mantenimiento de Parques y jardines de la ciudad de Sevilla, y de las gestiones encaminadas a construir un Parque Infantil en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto (Sevilla), efectuadas por Fitonovo "por petición" de Gregorio Serrano.

Este juicio es el segundo que tiene lugar en relación con la operación Madeja que investigó inicialmente la juez Mercedes Alaya y llega después de que el primer juicio acabara con condenas mínimas de entre seis meses y tres años.

Se trata de la pieza principal de las seis que conforman la macrocausa iniciada a raíz de la operación Madeja, en la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta cargos contra 28 personas, entre las que se incluyen los principales directivos de Fitonovo, así como otros trabajadores y empresarios que se prestaron a realizar facturas falsas para la Caja B de la sociedad por servicios inexistentes o facturas "infladas".

Las principales acusaciones se dirigen contra los dueños de Fitonovo, padre e hijo, así como contra el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo Gajete, quien tenía la "máxima responsabilidad y control detallado de la Caja B en la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales y era una pieza fundamental en el funcionamiento de este artificio contable para la generación de dinero negro de la empresa".

A estos cuatro acusados -Rafael González, José Antonio Baró, Juan Andrés Brugueras y Ángel Manuel Macedo-, el Ministerio Público les atribuye un delito de pertenencia a grupo criminal, por el que les reclama un año y medio de prisión; otros 16 delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles, por los que pide cuatro años de cárcel y multa de 7.200 euros; y otro delito de blanqueo de capitales, por el que solicita otros cuatro años de prisión y multa de dos millones de euros, así como inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria durante tres años y la "clausura definitiva de los locales de Fitonovo".

El fiscal destaca la "multitud de funcionarios que tenía en nómina la dirección de Fitonovo" y concluye que estos cuatro principales acusados "crearon y dirigieron una trama criminal cuyo propósito consistía en obtener un enriquecimiento ilícito procedente de la contratación pública mediante la adjudicación irregular y/o la ejecución no ajustada a lo comprometido en los procedimientos públicos de adjudicación en que habían resultado adjudicatarios".

De esta manera, Fitonovo creó una infraestructura, “tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

La prolongación en el tiempo de las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados”, prosigue el fiscal de la Audiencia Nacional, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”, precisa el Ministerio Público.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

La dirección de la trama criminal creó otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.), ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para “articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos” de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo.

La caja B de Fitonovo

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, recoge el fiscal, “el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la trama criminal”. Para ello, la empresa Fitonovo tenía constituida una caja B que se nutría de “facturación falsa” con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

La Caja B servía además para otros fines, como generar gastos que disminuían los beneficios de la sociedad, "con la consiguiente reducción de los tributos a pagar a la Hacienda Pública"; el pago de salarios en B de trabajadores; la constitución de nuevas sociedades: la adquisición de diferentes bienes y realización de inversiones; así como para el pago de dividendos, fundamentalmente a favor de Rafael González Palomo. Dice el fiscal que, mediante esta última vía, entre los años 2003 y 2010, se reintegraron al tráfico económico 2.483.936 euros como "reparto de dividendos, procedente de la Caja B de Fitonovo".

El fiscal afirma que la trama criminal "se sustentaba fundamentalmente en la contratación pública corrupta con diferentes administraciones públicas", para lo cual acudía "sistemáticamente a prácticas corruptas con autoridades y funcionarios públicos que pudieran favorecer la adjudicación de contratos público o la obtención de ventajas ilícitas en su ejecución, permitiendo en este último caso que se realizaran menos trabajos de los facturados o que se ejecutaran de forma distinta de la contratada". Y como contraprestación, entregaban periódicamente "dinero, regalos, pago de viajes, servicios, obras en sus casas, etc".

Una estructura jerárquica para delinquir

El Ministerio Público relata igualmente en su escrito de acusación que Fitonovo contaba con una estructura jerárquica en la que la dirección de la empresa era la que "impartía las instrucciones sobre a qué procedimientos de contratación concurrir, cómo articular la estrategia para lograr la adjudicación, en qué casos se debían pagar comisiones y su cantidad, etc. y la que había diseñado e implantado la metodología para nutrir la contabilidad B de la empresa con la que financiar la actividad ilícita y los artificios contables para hacerlo posible".

La dirección de la empresa "y de la trama criminal", afirma la Fiscalía, fue desempeñada desde su fundación por Rafael González Palomo hasta sus sustitución por su hijo, José Antonio González Baró, quien había ido "asumiendo responsabilidades crecientes en la empresa". A Rafael González se le atribuye la "participación más cualificada por cuanto era el dueño de la empresa y ejerció como presidente durante la mayor parte de su vida societaria y por ende del periodo investigado, pudiendo atribuirle por esa razón el diseño e implantación de la arquitectura comercial y contable pensada para acaparar el mercado de la contratación pública de forma ilícita".

Su hijo fue nombrado presidente en 2011 y, "además de su participación y conocimiento" de las conductas investigadas como miembro de la dirección de la sociedad, una vez que asumió la presidencia "continuó con las prácticas irregulares establecidas por su antecesor como estrategia criminal".