Aplazan el juicio de las ayudas de los ERE al corcho porque uno de los abogados está hospitalizado por Covid-19

El tercer juicio de los ERE, que sigue contra el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla y otros cuatro acusados por las ayudas de 8 millones concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, ha tenido que ser aplazado este martes debido a que el abogado defensor de uno de los acusados está hospitalizado con Covid-19.

El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, Carlos Lledó, ha acordado la suspensión hoy de la sesión prevista del juicio, tras ser informado de que el letrado de uno de los acusados está actualmente ingresado en el hospital después de haberse contagiado de coronavirus. En principio, la vista oral se reanudará el próximo lunes, día 25, y los dos testigos que habían sido citados a declarar este martes comparecerán ante el tribunal en la sesión prevista para el 9 de mayo próximo.

En este juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.