Anticorrupción retira la indemnización de más de 365.000 euros para Invercaria
El tercer juicio de Invercaria
El tribunal rechaza las cuestiones previas de las defensas y acuerda continuar el juicio, aunque permitirá que no asista a varias de las sesiones el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo por problemas de salud
El tercer juicio de la macrocausa de Invercaria, que sienta en el banquillo a cuatro ex directivos de la sociedad pública andaluza de capital riesgo en relación con los salarios y préstamos recibidos durante su relación laboral con la empresa, ha arrancado este lunes con el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de retirar la indemnización de 365.558,73 euros que reclamaba para Invercaria en concepto de responsabilidad civil, y con la decisión del tribunal de rechazar todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, que habían alegado indefensión y habían solicitado incluso la expulsión del procedimiento como acusación particular de la agencia IDEA.
El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Carlos Lledó, ha autorizado asimismo que el ex presidente de Invercaria y principal acusado Tomás Pérez-Sauquillo, que hoy no ha acudido al juicio, pueda ausentarse de varias sesiones de la vista oral -que está prevista que se prolongue hasta principios de octubre-, debido a sus problemas de salud tras haberse sometido recientemente a una intervención quirúrgica debido a una grave dolencia. Junto a Pérez-Sauquillo, están acusados el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto y los ex directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, a quienes el tribunal también ha permitido ausentarse de las sesiones salvo aquellos días en que sea necesaria su comparecencia, como cuando presten declaración o cuando el juicio entre en su recta final.
El fiscal delegado de Anticorrupción Francisco Sánchez Mellado ha anunciado, al inicio de la vista oral la retirada de la petición de indemnización a Invercaria -reclamaba que Juan María González abonase 29.928,25 euros; 12.960 euros en el caso de Cristóbal Cantos; 232.446,32 euros Antonio Nieto; y 90.224,16 euros Tomás Pérez-Sauquillo-, una decisión que ha justificado en la "reserva de acciones civiles" que según ha precisado realizó en su momento la sociedad pública y que se planteó tan sólo unos días después de que la Fiscalía presentara sus conclusiones provisionales.
Sobre este punto, el abogado José María Calero, que representa a Cristóbal Cantos, ha señalado en su intervención que Invercaria no se ha reservado las acciones civiles, sino que ha explicado que "no era perjudicad por el finiquito de Cristóbal Cantos y que no reclama" nada, una decisión que, según ha dicho, tiene unas consecuencias tan relevantes que ha impedido que se pudiera acudir a la reparación del daño -lo que conllevaría la aplicación de una circunstancia atenuante-, algo que en este caso ha resultado "inviable porque el único perjudicado dice que no es perjudicado".
El abogado Adolfo Cuéllar, que defiende al ex director de Promoción Juan María González, ha coincidido en que la acusación particular "en ningún caso ha planteado ni por vía de responsabilidad contable, ni por finiquito indebido, reclamación alguna, sino que ha insistido en que no reclama, por lo que esta parte no ha tenido posibilidad de reparar el daño, si hubiera tenido intención".
La primera sesión del juicio se ha consumido con la exposición de las denominadas "cuestiones previas" al inicio de la vista oral y en este sentido, el tribunal ha hecho pública oralmente su decisión, en la que ha rechazado todas las cuestiones previas formuladas por las defensas de los acusados.
Así, la Audiencia ha rechazado la expulsión como acusación particular de la agencia IDEA, que fue planteada por las defensas de Antonio Nieto y de Tomás Pérez-Sauquillo, cuyos abogados, Miguel García Diéguez y Javier Vidal, habían señalado que IDEA no es en realidad una perjudica por estos hechos y, en todo caso, tendría que ejercer la acusación popular. El presidente del tribunal, Carlos Lledó, ha argumentado el rechazo de esta cuestión porque la Sala considera que el concepto de víctima "no es exactamente coincidente con el de perjudicado a efectos civiles" y ha añadido que IDEA es una "afectada refleja" de los hechos que se enjuician, porque Invercaria forma parte del patrimonio de la agencia. Además, ha señalado que IDEA se personó como acusación particular desde el primer momento en las actuaciones sin que ninguna de las partes hiciera reproche alguno ni tampoco lo hubo por parte del juzgado de Instrucción que investigó la causa, lo que generó "unas expectativas en IDEA" y ahora no se puede exigir que se persone como acusación popular, algo que supondría además la exigencia de una fianza que no podría hacerse en el actual estado de la causa.
El tribunal también ha rechazado la cuestión previa planteada por los abogados Adolfo Cuéllar y Miguel Ángel Millán, que representan a Juan María González, quienes habían alegado una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión, por cuanto consideran que no había tenido debido conocimiento de la acusación y de la totalidad de los hechos de que se la acusa. La defensa señalaba que, según el auto de transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado, al ex director de Promoción se le acusaba aparentemente por dos hechos, un primero del año 2007 relacionado con un supuesto concierto para evitar el pago de un préstamo, y en segundo lugar por un préstamo del año 2010 concedido cuando era consejero delegado de Invercaria y que se devolvió con posterioridad sin intereses. Y en el escrito de la acusación pública, precisó Cuéllar, "parece que también se le está acusando por lo mismo, pero se refiere a un delito de malversación, cuando en realidad son dos hechos distintos y entre los que han transcurrido tres años entre uno y otro".
La Sala ha zanjado la cuestión señalado que la acusación ha sido clara y tanto los hechos de 2007 como los de 2010 están recogidos en el auto de Procedimiento Abreviado, y también están recogidos en los escritos de acusación, por lo que "no hay ninguna indefensión material" porque el acusado "conoce los hechos más allá de la calificación jurídica", por lo que también ha rechazado la declaración como testigo del ex director de IDEA Antonio Valverde que había propuesto esta misma defensa.
No hay una causa general o una investigación prospectiva
La Audiencia ha rechazado asimismo las cuatro cuestiones previas presentadas por el abogado Javier Vidal, que representa al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, quien había denuncia la existencia de una "causa general" o una investigación prospectiva.
También ha rechazado la falta de concreción de la imputación, al estimar los magistrados de la Sección Cuarta que Pérez-Sauquillo conocía los hechos que se le atribuían y fue citado a declarar "hasta en cuatro ocasiones y en todas ellas conoció la imputación".
El juicio continuará el próximo jueves con la declaración de los primeros testigos, dado que la Audiencia ha aceptado que los cuatro acusados presten declaración una vez se practique toda la prueba propuesta para este juicio. Ese mismo día habrá primero una videoconferencia con Pérez-Sauquillo para que este acusado deje constancia de que su ausencia a las sesiones del juicio es voluntaria y no le genera ningún tipo de indefensión.
Al inicio del juicio, los cuatro acusados se han declarado inocentes de los cargos que les atribuyen el fiscal y las demás acusaciones. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los cuatro ex directivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y solicita una condena de seis años de prisión y nueve de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; la misma pena de cárcel para el ex director financiero Antonio Nieto Garrido; y tres años y medio de prisión para los ex directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías.
La agencia IDEA, que ejerce la acusación particular, sólo acusa a Pérez-Sauquillo y a Antonio Nieto, a los que solicita seis años de cárcel, mientras que Invercaria acusa también a estos dos procesados pidiendo una condena de cinco años para cada uno. Y la acusación popular que ejerce el PP-A pide seis años para estos acusados y también para Juan María González, y exculpa a Cristóbal Cantos, como ya hizo en el anterior juicio de Invercaria por las ayudas a Juana Martín.
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