La Fiscalía Anticorrupción retira los cargos contra tres acusados y reduce la petición de penas para los otros 9

Giro en el octavo juicio de la macrocausa de Invercaria, en la que se investigan la ayudas y préstamos concedidos para el proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). La Fiscalía Antiocrrupción ha retirado los cargos contra tres de los 12 acusados y ha reducido su petición de condena para los otros procesados. En concreto, el Ministerio Público ha retirado la acusación contra la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz y los ex consejeros Juan Vela Quiroga y Ramón Martín López.

En el juicio que se sigue en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía ha modificado este miércoles sus conclusiones provisionales y, en ese sentido, ha retirado la acusación por los delitos de trafico de influencia, negociaciones prohibidas a funcionarios y delito de negocio simulado, de tal forma que la acusación pública se concreta dos delitos de prevaricación y malversación.

De esta forma, ha retirado la acusación contra los tres acusados mencionados, defendidos por los letrados Adolfo Cuéllar -de Zurbarán Abogados-, Juan Carlos Alférez -del bufete Constitución 23- y Antonio Uceda, hasta el punto de que han quedado ya absueltos y libres de los cargos. La acusación de la agencia IDEA también pidió la absolución pero el PP solicitó la condena, por lo que el letrado Alférez pidió la aplicación de la doctrina Botin, que determina que cuando al Fiscal y Acusacion Particular no acusan, la acusación popular no puede acusar en solitario.

Entre los cambios introducidos por la Fiscalía, ha retirado igualmente la acusación parcial contra los ex consejeros de Invercaria Jacinto Cañete, Bienvenido Martínez -a los que también representa Alférez- e Isabel de Haro -defendida por el abogado Manuel Garrido-, por el primer bloque de los hechos enjuicaidos, el más importante, y los acusa únicamente por el segundo bloque, relacionado con dos préstamos que Invercaria dio a Barainsa y a Grupo Imagen.

Al reducir los delitos y dejarlos sólo en dos bloques, la acusación para el resto es más baja que la del primer escrito de acusación provisional. De hecho, el fiscal delegado de Anticorrupción ha solicitado una condena de diez años y seis días de cárcel para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo -inicialmente le pedía 19 años de cárcel-, mientras que ha pedido penas de cuatro años y tres días de cárcel para el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido, así como los ex consejeros Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez.

Para los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Juan Antonio BardónFrancisco Gallardo Hill, la petición de la Fiscalía se ha reducido a cinco años y tres días de prisión, la misma pena que solicita para el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo. Por último, ha pedido dos años y un día de prisión para Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

El proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) pretendía integrar a 50.000 empresas y consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.

sostiene que el consejo de administración de Invercaria aprobó el 29 de junio de 2006 la financiación del proyecto de FIVA, después de que Pérez-Sauquillo asegurara que el Comité de Inversiones lo había analizado, todo ello "a sabiendas de que no existía tal análisis ni evaluación de la operación de financiación".

La acusación pública considera que FIVA únicamente registró ingresos en el ejercicio 2008 por importe de 31.836,03 euros, lo cual "pone en evidencia la total falta de operatividad de la plataforma, única fuente de ingreso por actividad mercantil de FIVA".

Para la Fiscalía, las decisiones de tomas de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración de FIVA por parte de Invercaria fueron realizadas por los acusados "sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable, permitiendo un ilícito enriquecimiento de terceros, como los socios promotores de FIVA encausados, los cuales desde el inicio del proyecto han venido facturando servicios a la mercantil y ello aún conociendo la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto".

Los acusados, considera, quebrantaron las "más elementales pautas de conducta en la administración de los fondos públicos de Invercaria -tanto en la fase de estudio, negociación, formalización y seguimiento de las operaciones- conociendo los incumplimientos de los hitos previstos en los planes de negocio sobre resultados y cifras de negocio del proyecto FIVA".