Anticorrupción pide hasta seis años en la décima pieza de Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado hasta seis años de prisión para tres ex directivos de la sociedad andaluza de capital riesgo Invercaria, en relación con las ayudas concedidas por importe de 1,5 millones a la empresa Cedes Electria. El Ministerio Público reclama una indemnización de 1,8 millones a los seis acusados, entre los que se encuentran el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex consejero de Invercaria Bienvenido Martínez, y la vocal del consejo de administración Isabel de Haro Aramberri, a los que reclama 25 años de inhabilitación y seis años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal pide una condena de dos años y medio de cárcel para los otros tres acusados: el ex presidente de Cedes Electria José Luis Manzano y los ex consejeros Federico Mañero y Enrique García, según el escrito conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

El juez Juan Gutiérrez Casillas ha dictado el auto de apertura de juicio oral en esta décima pieza de la macrocausa de Invercaria cuya instrucción ha finalizado y ha citado a los investigados el próximo 17 de septiembre para notificarles el envío a la Audiencia de la causa para su enjuiciamiento en los próximos meses.

El magistrado ya ha elevado a la Audiencia para la celebración del correspondiente juicio las piezas separadas por las ayudas a Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Own Spa, Operador Aéreo Andalus, Servivation, Aceitunas Tatis y Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM), aunque por ahora no se ha fijado ningún juicio a la espera de que termine la vista oral por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde coinciden en muchos casos abogados e imputados.

En el escrito de conclusiones provisionales de Cedes Electria, el fiscal destaca que esta sociedad se constituyó en agosto de 2008 e Invercaria entró en el capital social con una aportación inicial de 42.000 euros. Según el fiscal, se trató de una “decisión personal” de Pérez-Sauquillo que “no contó con respaldo del departamento de inversiones, no fue aprobada por el comité de inversiones” y fue adoptada sin atender siquiera a petición previa de Cedes Electria.

En octubre de 2008, Pérez-Sauquillo concedió un primer préstamo participativo a la entidad por importe de 408.000 euros y después se aprobó una inversión adicional de 700.000 euros que fue aprobada posteriormente por el consejo rector de la agencia IDEA el 28 de julio de 2009. Esta inversión, añade el fiscal, “tampoco fue analizada por el departamento técnico, ni pasó por el comité de inversiones a pesar de que en el acta del consejo así se haga constar”.

Dice el fiscal que en abril de 2009 Pérez-Sauquillo concedió otro préstamo participativo por importe de 400.000 euros, aunque esta ocasión se otorgó a favor de la entidad CSI, una ayuda que está “huérfana de todo procedimiento”, por lo que el montante total de la financiación pública asciende a 1.550.000 euros.