Anticorrupción sostiene que los ex directivos de Invercaria se "enriquecieron indebidamente" a costa de los fondos públicos

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este martes en su informe definitivo que los ex directivos de Invercaria que están siendo juzgados en la Audiencia de Sevilla por los salarios y préstamos recibidos durante la relación con la sociedad de capital riesgo se "enriquecieron indebidamente" con los fondos públicos de la sociedad, motivos por los que ha solicitado su condena por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

El fiscal delegado de Anticorrupción Francisco Sánchez Mellado ha explicado en su informe ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia la denominada "pieza de personal" de Invercaria, que a los ex directores de Promoción Juan María González -sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González- y a Cristóbal Cantos se les condonó de "manera indebida" los préstamos que les había concedido "en un acto de disposición graciosa" por parte del también acusado, el ex presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo, que se concertó a su vez, según la acusación pública, con el entonces director financiero Antonio Nieto, de quien el fiscal ha hecho hincapié en que no disponía de la titulación académica necesaria para dicho puesto y además ha citado que había sido condenado por una estafa.

En el caso de Juan María González, el fiscal ha dicho que a su salida de la empresa en octubre de 2007 se incluyeron en la última nómina unas partidas "sin respaldo legal ni contractual" en la liquidación, entre ellas 14.079 euros en horas extraordinarias que "no tenían justificación documental alguna" y un finiquito de 15.848 euros, cuando este trabajador no tenía por qué ser indemnizado porque la salida de la empresa se había producido "por voluntad del propio trabajador", no por ser despedido. Para el fiscal, la inclusión de esa partidas carecía "de lógica jurídica y económica", y sólo respondía a la voluntad de los acusados para que éste se "enriqueciera a costa de los fondos públicos" de Invercaria.

El caso de Cristóbal Cantos es "idéntico" al de Juan María González, ha dicho el fiscal, que ha destacado que su cese se produjo por "voluntad del trabajador y no por decisión de la empresa", y a pesar de ello se incluyo en la última nómina el devengo de una partida por "complemento de destino" cuya finalidad era la misma de que se "enriqueciera" con los fondos de la entidad.

Tanto Cantos como González, ha añadido el fiscal, intervinieron de acuerdo con los otros acusados en ese acto de enriquecimiento, por lo que los considera "cooperadores necesarios" del delito de malversación en concurso ideal con el delito de falsedad en documento oficial, y reclama una condena de un año y nueve meses de cárcel para Cristóbal Cantos, y de un año y 11 meses para Juan María González.

En su informe, el fiscal ha vuelto a lamentar que la reserva de acciones por parte de Invercaria, la entidad perjudicada por el delito, le ha "impedido" reclamar la indemnización de 365.558,73 euros que inicialmente solicitaba para la empresa pública en concepto de responsabilidad civil. También ha rechazado que la inclusión en la fase final del juicio del delito de falsedad en documento oficial sea "sorpresiva" o suponga una merma alguna de las garantías procesales de los acusados -como sostienen varias defensas-, puesto que los hechos que se les imputan "son los mismos por los que fueron citados a declarar como imputados" al inicio de la instrucción en el año 2014 y "sólo se ha variado la calificación jurídica".

La acusación pública ha destacado con respecto a la actuación del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo -al que solicita una condena de seis años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial- que tomó una serie de decisiones fruto de propia voluntad y realizó contrataciones sin respetar los requisitos de "igualdad, mérito y capacidad" que deben primar en el empleo público, fijando las retribuciones sin seguir "criterio objetivo alguno" y acordando además "beneficiarlos con subidas salariales" entre los años 2006 y 2010 que no respetaban los límites establecidos en las correspondientes leyes de Presupuestos y sin solicitar "autorización de la dirección general de Presupuestos".

El fiscal ha negado las alegaciones de Saquillo respecto a que seguía los criterios de la agencia Idea en materia de contrataciones y salarios, y ha añadido que ni los salarios iniciales ni las subidas realizadas entre 2006 y 2010 han sido "objeto de control de legalidad" ni en las correspondientes auditorías, ni en el consejo de Administración, la agencia Idea, la Consejería de Innovación, y tampoco fueron objeto de fiscalización por parte de la Intervención de la Junta, ha subrayado.

Pérez-Sauquillo tomó decisiones "contrarias a derecho" de una manera "grosera y patente", realizando además "injustas condonaciones" de préstamos a los ex directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González, ha aseverado el fiscal para justificar la condena de los cuatro acusados.

Sobre los salarios, ha recordado que Pérez-Sauquillo, que tenía un salario de 108.182 euros en su contrato de alta dirección, "decidió enriquecerse a costa del patrimonio" de la sociedad, incrementando sus retribuciones "con completo desprecio por los límites" de las leyes de Presupuesto y "sin más fundamento que el de enriquecerse de manera injusta a costa del patrimonio" de la sociedad. Así, Pérez-Sauquillo cobró 142.552,44 euros en el año 2007; 152.006,37 euros en 2008 y 140.472,48 euros en 2009 sin ningún motivo objetivo que justificase esos incrementos salariales y a pesar de que las leyes de presupuestos sólo permitían una subida salarial del 2% para los empleados del sector público

El PP rebaja la petición de pena

La sorpresa en la sesión de este martes la ha protagonizado el abogado del PP, Wenceslao Moreno, quien en su informe de conclusiones ha rebajado la petición de condena para los tres ex directivos a los que acusa. El letrado, que no introdujo estas rebajadas en el trámite de conclusiones celebrado ayer, ha solicitado finalmente una condena de dos años para los ex directivos Antonio Nieto y Juan María González Mejías, y de años años y seis meses de cárcel para el ex presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo.

En su informe, el letrado ha considerado que las penas que solicitaba inicialmente -seis años para cada uno de los acusados- son "desmedidas y desproporcionadas" para los hechos enjuiciados porque, además de la participación de los acusados, en estos hechos "han fallado muchos controles".

Wenceslao Moreno ha reprochado a Pérez-Sauquillo que no respetara los límites presupuestarios para la fijación de las subidas salariales de los empleados de Invercaria, lo que "implica arbitrariedad y que actuó a su libre albedrío", ha afirmado, y también ha destacado sobre Juan María González Mejías que "no se ha demostrado que haya prestado servicios para Invercaria", sino que ésta prestación "brilla por su ausencia", por lo que a su juicio se trata de un "trabajo simulado" y si este trabajo se desarrolló realmente en el Observatorio de Innovación de había haberse comprobado, por lo que ha concluido que el salario cobrado "es indebido porque no se corresponde a una prestación de servicio".

Por su parte, la agencia Idea, que ejerce la acusación particular, sólo acusa a Pérez-Sauquillo y a Antonio Nieto, a los que solicita seis años de cárcel, mientras que Invercaria acusa también a estos dos procesados pidiendo una condena de cinco años para cada uno. El abogado de Idea, Gregorio Pérez, ha dicho que estos hechos son análogos a una sentencia del Tribunal Supremo que trata la condena por delito continuado de malversación de caudales públicos a una auxiliar administrativa del servicio de salud Castilla la Mancha que elaboró nóminas incluyendo emolumentos superiores a los que les corresponden.

El letrado de Idea ha negado que la agencia tuviera conocimiento de los incrementos salariales, puesto que "cuando la agencia IDEA conocía las retribuciones no se inflaban las nóminas para cobrar cantidades indebidamente, lo que constata el hecho de que a partir de que las nóminas dejan de realizarse por Idea -cuando pasaron a elaborarse por una empresa privada- empiezan a hacerse nóminas duplicadas de los acusados Tomás Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto".

Invercaria "no ha renunciado" a las acciones civiles

Por último, el abogado que representa a Invercaria se ha referido a la expresa reserva de acciones civiles que ha realizado en este procedimiento para afirmar que "en ningún caso ha habido renuncia de acciones civiles", por lo que ha señalado que sila Audiencia considerar que hay "ilícito penal derivado de la condonación de los préstamos", esta parte podría actuar civilmente contra los responsables.

En este sentido, Invercaria considera responsables a Tomás Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto, puesto que entiende que "no hay participación alguna de Cristóbal Cantos y Juan María González".