Anticorrupción pide imputar a Justo Mañas y a Florido por las ayudas a Ojeda

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez María Núñez Bolaños que impute a otras nueve personas, entre ellas el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido en la pieza de la macrocausa de los cursos de formación en la que se investigan las ayudas que por importe de 52,7 millones recibieron las empresas del cuñado de esta última, el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

Según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que solicita a la juez María Núñez Bolaños que cite a declarar como investigados en esta pieza a nueve personas, entre ellos los dos ex altos cargos mencionados y otros cargos y funcionarios de la Junta.

El Ministerio Público, según las mismas fuentes, considera que tras la remisión de uno de los últimos atestados elaborados por la brigada central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que ha examinado numerosos correos electrónicos intervenidos en un disco duro de la sede del grupo de empresas de Ángel Ojeda (Prescal), “puede afirmarse la existencia de indicios de comisión de delitos, indiciariamente de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales”.

El fiscal delegado de Anticorrupción considera que Ángel Ojeda, al que la Udef define como la “cúspide” de una organización criminal para la consecución de los cursos y el personal de su esfera, se habrían aprovechado de las “buenas relaciones” que mantienen tanto con funcionarios tanto de la dirección general como de distintas delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo, para “obtener favores, información privilegiada e incluso influyendo en autoridades con el objetivo de acomodar normas jurídicas a sus intereses”.

El atestado elaborado por la Policía menciona correos entre el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y Ángel Ojeda, en uno de los cuales el empresario detalla al entonces viceconsejero que “el SAE y la Faffe realizarán en noviembre un acuerdo con la Forpe para que ésta realice, mediante adjudicación o subcontratación, los cursos de aeronáutica que se tengan que impartir y los cursos de formación del plan Proteja”.

También menciona correos electrónicos de Ojeda con su cuñada, María Teresa Florido, en los que el empresario se queja de las concesiones de subvenciones realizadas por las delegaciones provinciales del SAE, y de otros mensajes, los investigadores consideran que Ojeda está “tratando de influenciar a su cuñada para el establecimiento de unos criterios uniformes de baremación que beneficiasen a su grupo empresarial”.

Dicen los investigadores que de otros mensajes se desprende que Florido le indica a Ojeda que “no le envíe nada a su correo oficial”, aunque también su cuñado “parece tratar de protegerla, pues no se ha recogido ningún correo remitido directamente por la misma, lo cual carece de sentido según la lectura de las cadenas” de correos, a no ser que “hayan sido eliminados” con anterioridad a la intervención de los discos duros en la sede de Prescal.

Además de la imputación de Teresa Florido –que en su día fue investigada en la pieza política de los cursos, que fue archivada en 2016– y Justo Mañas, Anticorrupción pide que se cite como investigado a Pedro Legeren, ex jefe de servicio de Programas para el Empleo; José Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación Profesional Ocupacional desde 2003 y luego coordinador general de la Viceconsejería; Alonso Solís Franco, jefe de servicio en la dirección general de Formación; Noelia Ruiz Martel, técnico de formación en el SAE; Raúl Perales Acedo, ex director del Instituto Andaluz de la Juventud; Jorge Carbajal Orduña, que fue miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y Antonio Ortega Ordóñez, director de comunicación de Prescal.

En el atestado que ha dado pie a estas imputaciones –el juzgado podría acordar las citaciones en breve–, la Udef concluye que a través del análisis de los correos intervenidos “se confirma y constata que Ángel Ojeda es la cúspide de la organización que dirige y controla, con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible y enriquecerse mediante métodos irregulares e ilícitos”. Para los investigadores, se trata de una “organización criminal perfectamente estructurada, con Ojeda en la cúspide, y una serie de personas que actúan como testaferros, socios o colaboradores”.

Información privilegiada a cambio de seguros

La Policía Nacional considera que una técnico del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Noelia Ruiz Martel, pudo acceder a “información reservada sobra las subvenciones concedidas al grupo Prescal y su tramitación y liquidación”, a cambio de que las empresas de Ángel Ojeda contratasen los seguros de responsabilidad civil de los cursos y de sus sociedades con la empresa para la que ésta colaboraba “para sacarse un sobresueldo a parte de su puesto en la Junta”.

En uno de los correos analizados, la trabajadora comenta lo siguiente a un colaborador de Ojeda: “te agradecería que no le dijeses nada de lo que te comenté porque me puedo meter en un lío bastante grande” y a continuación se ofrece a buscarle información de dos expedientes –de Natura y Humanitas– que estaban en la dirección general del SAE.

Y desde el grupo de Ojeda tratan de “utilizar” a esta persona y el puesto que ocupa para la “obtención de información privilegiada” sobre la situación de los expedientes e incluso para lograr un trato de favor en la baremación de las solicitudes.