Anticorrupción pide una vista para solicitar el ingreso en prisión de Fernández, Viera, Guerrero y Márquez

La Fiscalía Anticorrupción quiere que cuatro de los 19 ex altos cargos condenados en la sentencia de los ERE ingresen ya en prisión, con independencia de los recursos de casación que se van a presentar contra la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE. El Ministerio Público ha pedido al tribunal que fije la comparecencia prevista en el artículo del 505 Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir si deben ingresar en prisión provisional ya los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y de los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez.

Antonio Fernández y Javier Guerrero han sido condenados a 7 años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, mientras que a José Antonio Viera y a Juan Márquez el tribunal les impuso una condena de siete años y un día, además de otras penas de inhabilitación. Anticorrupción sólo ha socilitado la vista para decidir el ingreso en prisión sobre estos cuatro acusados, aunque en total fueron diez los condenados a penas de cárcel, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que ha sido condenado a seis años de prisión.

Fuentes del caso han indicado a este periódico que la petición de la Fiscalía de plantear esta medida cautelar tras haberse notificado la sentencia obedece a un criterio establecido en la Fiscalía Anticorrupción cuando se ha producido una condena a determinados años de privación de libertad, como ocurre en este caso. Normalmente con penas de determinada relevancia se pide prisión, como ocurrió por ejemplo en el caso Nóos con el ex duque de Palma Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, a los que se solicitó el ingreso en prisión eludibles bajo el pago de fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En este caso, la Audiencia de Palma de Mallorca decidió finalmente dejar a ambos en libertad provisional, si bien Urdangarín debía comparecer regularmente en un juzgado de Suiza, donde tenía fijada su residencia.

La petición de la Fiscalía en el caso de los condenados de los ERE se centra en los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, la que gestionaba las ayudas a través de un "sistema opaco", según la sentencia, que eludía la fiscalización previa de la Intervención mediante el "uso ilegal" de las transferencias de financiación.

El artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando hay una condena, la prisión provisional puede prorrogarse "hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida".

Según las fuentes consultadas, el hecho de que la comparecencia se plantee sólo sobre cuatro de los diez acusados condenados a penas de cárcel puede obedecer a que exista más riesgo de fuga en unos casos que en otros, dado que los ex directores tienen otra condena que está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Sevilla condenó en mayo pasado a Javier Guerrero y Juan Márquez a penas de más de cinco años –cinco años y nueve meses a Guerrero y cinco años y tres meses a Márquez–, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con sus "vínculos de vecindad y amistad", a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal”.

Los ex directores generales de Trabajo y Antonio Fernández tienen a su favor que han estado cumpliendo todas las comparecencias regulares fijadas en su día por el jugado de Instrucción número 6 de Sevilla, y además sobre los mismos se han trabado diversos embargos, lo que reduce la posibilidad de contar con medios suficientes como para intentar eludir la acción de la Justicia.

De los cuatro acusados a los que se reclamará en esa vista –que podría ser convocada para mañana mismo– el ingreso en prisión, únicamente Antonio Fernández y Javier Guerrero han pasado ya por la cárcel, dado que la juez Mercedes Alaya los envió a prisión provisional tras tomarles declaración. Javier Guerrero fue el primero de los investigados que pisó la cárcel, el 9 de marzo de 2012, cuando Alaya ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, y permaneció privado de libertad hasta el 22 de octubre.

Guerrero volvió a prisión el 22 de marzo de 2013, tras una nueva operación relacionada con el pago de las sobrecomisiones de los ERE y salió el 5 de junio de 2013. Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en agosto de ese mismo año tras pagar los 450.000 euros fijados como fianza por la Audiencia de Sevilla.