Anticorrupción reclama ocho años de cárcel para los ex consejeros Antonio Fernández y Manuel Recio por las ayudas a Delphi

Ocho años de cárcel por las ayudas concedidas a los ex trabajadores de Delphi. Esta es la petición de prisión que la Fiscalía Anticorrupción ha realizado para los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, en relación con las subvenciones de 33.309.789,16 euros concedidas “arbitrariamente” al entramado de sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quien falleció en diciembre del año pasado. En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño reclama además una condena de cinco años de cárcel para los otros seis acusados, entre los que se encuentra precisamente un hijo de Ángel Ojeda, quien firma en un buen número de contratos con todas las asociaciones en nombre del grupo Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad (Prescal), que presidía el ex consejero andaluz de Hacienda.

En concreto, la Fiscalía atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos a los ex responsables de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, para los que pide una condena de ocho años de cárcel y diez años de inhabilitación especial. El fiscal pide además que Fernández haga frente al pago de una indemnización total de 14.633.011,92 euros por los gastos de contratación, lo sueldos y gastos de Seguridad Social pagados a los ex trabajadores de 7,8 millones por el ejercicio de 2009 y de 6,7 millones en 2010. A Manuel Recio reclama el pago de una indemnización de 4.164.242,40 euros por los sueldos y gastos de Seguridad Social del ejercicio.

Para los otros siete acusados, solicita la Fiscalía cinco años de cárcel por un delito de fraude de subvenciones, así como la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por otros seis años. En concepto de responsabilidad civil, exige el pago de otras tantas cantidades hasta completar los 33 millones abonados a las empresas vinculadas al fallecido Ángel Ojeda y, en el caso de su hijo Marcos, solicita una indemnización de 7.932.283,41 euros por las cantidades "defraudadas y distraídas" en los tres ejercicios -2009, 2010 y 2011- en relación con las sociedades Inteca, Natura e Innova.

La petición de la Fiscalía Anticorrupción se produce después de que el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana acordase la semana pasada el procesamiento de los ocho investigados en esta pieza de la macrocausa de la formación.

El fiscal describe en su escrito de conclusiones provisionales -que tiene 87 folios y al que ha tenido acceso este periódico- la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi Auto Motive Systems España, que llevó a cabo un despido colectivo por el cierre de su factoría en el polígono El Trocadero de Puerto Real, con efectos del 31 de julio de 2007.

Ante esta situación y con el fin de "atender la problemática social que se cernía sobre el área geográfica de la Bahía de Cádiz, la Junta de Andalucía a través de sus responsables políticos y siempre a través de medios de comunicación social, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la bahía de Cádiz". Una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en un denominado "Dispositivo de tratamiento singular".

Este dispositivo fue previsto en el Protocolo de Colaboración acordado el 4 de julio de 2007 entre las organizaciones sindicales (UGT, CCOO, USO Y CGT) y los representantes de las Consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y se documentó en el "Desarrollo del Protocolo de Colaboración" de 30 de julio de 2007, pero según el fiscal estos acuerdos "carecen de eficacia jurídica alguna y así ha sido declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

En el desarrollo del Dispositivo de Delphi se distinguen tres etapas y los hechos investigados se encuadran en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011, en la que una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso “simulando una contratación laboral”.

Implantaron un sistema de subvenciones "excepcionales y arbitrarias"

Dice el fiscal que los ex consejeros Antonio Fernández y Manuel Recio acordaron el dispositivo "a pesar de ser conocedores de que la normativa en vigor lo excluía y que se simulaban contratos que no respondían a la realidad. Para ello pusieron en marcha un sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias".

En este sentido, explica el Ministerio Público que "sólo con carácter excepcional podían concederse subvenciones de forma directa, cuando se acreditaran razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública (artículo 22.2, c, de la Ley General de Subvenciones)".

Así, todas las ayudas y subvenciones, tanto las concedidas a la formación como a la contratación al amparo del Dispositivo Delphi fueron declaradas excepcionales, "tramitándose por el procedimiento de concesión directa y no por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva".

De esta manera, en una fecha no concretada pero en el verano de 2009, previo al comienzo de la segunda fase del dispositivo, el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández "convocó a una reunión informal" al empresario y ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda. "Se desconoce la decisión de ser Ojeda convocado y los motivos que llevaron a ello, si fue el único o acompañado de otras entidades, pero en cualquier caso la convocatoria y la posterior decisión de conceder las subvenciones, no respondía sino al arbitrio y decisión caprichosa del consejero Fernández", asevera el fiscal, que añade que a esto se unía además que el acusado "era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía, haber sido Consejero de Hacienda de la Junta y su proximidad a esta administración y el Partido Socialista".

En esta reunión, añade, se informó a Ojeda de que los trabajadores de Delphi iban a cumplir los dos años de paro y que había que "dar una salida a los mismos. Al tiempo se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades bien propiedad, bien indirectamente controlada por Ángel Ojeda".

En esta misma propuesta "se le hizo ver la necesidad de simular contrataciones con empleados de la empresa Delphi, salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de las empresas y entidades de Ojeda, si bien no realizaban un trabajo productivo por cuenta ajena. Así las entidades que ofrecía Ojeda, meros testaferros de su voluntad, contratarían a los trabajadores del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública.

De esta manera, se le propuso un sistema de asistencia social a estos trabajadores, "diferenciándolos del resto de ciudadanos españoles, y paralelo al que ofrece el ordenamiento español, y todo ello mediante la simulación de contratos". Para Anticorrupción, "el objetivo encubierto en estas subvenciones era mejorar la empleabilidad de los trabajadores despedidos y que los proyectos subvencionados fueran instrumentos orientados al proceso de inserción laboral de sus participantes".

Y para ello, en la "escueta" fundamentación relativa al interés público y social las resoluciones de concesión de las subvenciones sólo dicen que las justifica el impulso y dinamización del tejido productivo".