Borbolla celebró la boda de Javier Guerrero, que concedió las ayudas a sus empresas

Un testigo que ha declarado este lunes en el tercer juicio de los ERE, en el que se investigan las ayudas de 8 millones concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, ha asegurado que el ex alcalde de Cazalla de la Sierra y uno de los cinco acusados en este juicio Ángel Rodríguez de la Borbolla casó al ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.

El testigo Diego Rodríguez, propuesto por la acusación popular y que incluso fue candidato del PP a la Alcaldía de El Pedroso, ha explicado que Borbolla tenía muy buena relación con Javier Guerrero, dado que los había visto "tomando copas y comiendo" en el pueblo, y también ha contado como el alcalde celebró la boda del director de Trabajo, en una ceremonia que además tuvo lugar en una finca propiedad de Borbolla, denominada la Vega.

El testigo, a través de una sociedad familiar dedicada a la compra y venta de corcho en plancha, fue socio en algunas de las sociedades de Borbolla, como Cortansa y Corchos de Cazalla, en las que tenía una participación aproximada del 20% de estas empresas. Preguntado sobre a qué se destinaba el dinero de las subvenciones, Diego Rodríguez ha afirmado que una parte del dinero recibido fue para el pago de las deudas con proveedores.

En la sesión de este lunes también ha prestado declaración la que fuera durante algún tiempo gerente de Cortansa, Noemí Fernández, quien ha afirmado que Ángel Rodríguez de la Borbolla "estaba arruinado" y se "obsesionó" por el desarrollo de las empresas del corcho de la Sierra Norte y el "mantenimiento y creación de empleo", hasta el punto de que cuando se hizo un ERE Borbolla no quería que se hiciera.

La testigo ha relatado que en el año 2010 la Agencia Tributaria solicitó información sobre las ayudas recibidas por las empresas de Borbolla en el periodo comprendido entre 2001 y 2006, y entonces realizó una verificación en la que pudo "comprobar" que el dinero recibido de las subvenciones "se dedicaba a gastos de la empresa", que no iba nada para los socios, y además ha dicho que "todos los préstamos de las sociedades estaban mayoritariamente avalados" por Ángel Rodríguez de la Borbolla.

A su juicio, la sociedad Cortansa acabó liquidándose por dos razones. La primera, la crisis económica de 2008, que afectó de manera importante a esta sociedad, y en segundo lugar por el concurso de acreedores en el que se vio inmersa la empresa FOC, accionista de Cortansa vinculada a otro de los acusados, Fernando Pedro Moreira Oliveira, quien según la testigo había invertido hasta 6,5 millones en Cortansa.

No hubo "sombra de ilegalidad o extrañeza" en el endoso de las ayudas

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que celebra el tercer juicio de los ERE, también ha tomado declaración al que fuera director de una sucursal bancaria de Cazalla de la Sierra en la que fueron endosadas las ayudas públicas y quien ha explicado que "no hubo sombra de ilegalidad o extrañeza" en estas operaciones de endoso.

En este juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa),Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higueray una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.