Absoluta normalidad en la visita de los ‘hombres de negro’ al juzgado de Bolaños

Los hombres de negro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) completaron ayer su primera jornada, de las cuatro previstas inicialmente, de inspección del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige la juez María Núñez Bolaños, actualmente de baja por motivos de salud. La Inspección está dirigida por el magistrado Francisco Segura Sancho, que lidera una comisión formada por otro juez y dos letrados de la administración de Justicia.

Francisco Segura llegó a las nueve de la mañana al edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla y se reunió con el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, y a continuación comenzó la inspección.

Durante la primera jornada, los miembros de la Inspección del Poder Judicial se reunieron durante varias horas con la propia juez María Núñez Bolaños, que a pesar de estar de baja acudió a su despacho para recibir a los inspectores y ofrecerles cuantas explicaciones pudieran necesitar. En esta primera jornada, los inspectores estuvieron analizando los procedimientos ordinarios del juzgado, sin entrar a analizar las macrocausas. Fuentes judiciales comentaron a este periódico que la inspección se ha desarrollado con “absoluta normalidad”.

Esta visita de la Inspección ha sido programada tras la denuncia presentada en julio por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, contra la juez Bolaños, a la que hacen responsable de una supuesta situación de “parálisis” en la macrocausa de los ERE y de los otros macroprocesos que se investigan en este juzgado desde hace años.

Durante los próximos cuatro días, aunque es posible que los inspectores adelanten su marcha al jueves, los cuatro miembros que integran la comisión van a examinar la marcha del juzgado de las macrocausas, para determinar si el órgano judicial está al día en cuanto a la tramitación y la resolución de estos asuntos, o por el contrario si hay alguna incidencia, como las demoras que han denunciado los seis fiscales que forman la delegación de Anticorrupción en Sevilla.

Para ello examinarán asuntos como cuándo se proveen los escritos presentados por la Fiscalía y las otras partes, y sobre todo los tiempos de resolución por parte de la instructora, algo para lo que no existe en principio ningún plazo puesto que depende de la complejidad del asunto.

El resultado del examen al juzgado de Bolaños será concluyente para el futuro de la denuncia de Anticorrupción. De hecho, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, el magistrado Ricardo Conde, no se ha pronunciado aún sobre la denuncia –hasta ahora sólo hay abiertas unas diligencias informativas–, porque espera conocer el resultado de la inspección antes de decidir sobre si acuerda el archivo de plano de la misma o se procede a la apertura de un expediente disciplinario contra la magistrada.

Francisco Segura es presidente de la Audiencia de Lleida y en su designación para la inspección delegada del CGPJ el Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces valoró precisamente sus “amplios conocimientos en el orden jurisdiccional penal y su amplia experiencia gubernativa, lo que le ha permitido tener un profundo conocimiento en la comprobación y el control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia y actuaciones y visitas de inspección”.

El inspector ingresó en la carrera judicial en 1990 y ostenta además una triple condición: es juez, abogado fiscal y secretario judicial por oposición, estando actualmente en situación de excedencia en la carrera fiscal y en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia.

El informe de la Inspección marcará el destino de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Bolaños ha llevado a una situación de “parálisis” la macrocausa de los ERE. La Fiscalía sostiene que Bolaños sólo ha dictado cinco autos de procedimiento de las 182 diligencias de investigación que se han incoado desde 2016, lo que supone un 2,7% del total, mientras que ha dictado 48 autos de archivo (26,4%) y otras 129 piezas están “en trámite o se han acumulado a otros procedimientos”.