La Abogacía del Estado se apartó del caso al no apreciar malversación en los contratos de Fitonovo

La Abogacía del Estado se apartó del juicio por las mordidas de Fitonovo, que se está celebrando en la Audiencia Nacional, porque no apreció menoscabo de fondos públicos en la adjudicación de los 11 contratos para la instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol de Sevilla, en los que se investigan los presuntos pagos de 155.000 euros a IU como contraprestación.

En un escrito presentado antes del inicio de la vista oral en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta pieza sobre el ayuntamiento de Sevilla, la abogada del Estado recordó que este proceso tiene por objeto el enjuiciamiento de la "comisión por diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Sevilla y ciertos particulares de presuntos delitos continuados de cohecho (arts. 419 y 424 CP), de prevaricación (art.404 CP) y de tráfico de influencias (arts. 428 y 429 CP)".

La Abogacía del Estado presentó cargos en este proceso porque los fondos empleados para la adjudicación, el 13 de abril de 2009, por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla a Fitonovo de los 11 expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla provenían del Fondo Estatal de Inversión Local, creado y regulado en el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.

Sin embargo, señala que "no constando acreditado que los fondos utilizados en la adjudicación de los once expedientes de contratación referidos y procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local hubiesen sido objeto de malversación o de otras conductas delictivas perjudiciales para los intereses de la Administración General del Estado, esta representación aprecia su falta de legitimación activa respecto de los delitos objeto de enjuiciamiento (cohecho, prevaricación y tráfico de influencias)", por lo que decidió apartarse del procedimiento.

La Abogacía del Estado sólo había presentado cargos contra los tres responsables de IU: el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal de Juventud y Deportes José Manuel García y el ex militante de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona; y exculpaba a los otros acusados, entre ellos el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, y el ex director de Medio Ambiente del PP Joaquín Peña.

La Abogacía del Estado atribuía a Torrijos, García y Ruiz Carmona sendos delitos continuados de prevaricación y cohecho, por los que solicitaba una condena de diez años de inhabilitación, por el primero de los delitos, y cinco años de prisión y multa del triple de la dádiva recibida –esto es, 465.000 euros–, así como otros diez años de inhabilitación por el cohecho. Los servicios jurídicos del Estado señalaban que el Ayuntamiento adjudicó a Fitonovo 11 expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol por una cuantía de 6,9 millones, siendo concejal de Juventud y Deportes José Manuel García, y primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.

En contraprestación, Fitonovo pagó 155.000 euros a IU, que fueron requeridos al presidente de Fitonovo, José Antonio González Baró, tras concluir las obras de los 11 campos. Sin embargo, un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró ayer en su declaración en el juicio que se sigue por las mordidas de Fitonovo que "no hay ninguna evidencia" de que el PSOE e IU recibieran 30.000 y 155.000 euros de la empresa, dado que no se realizó ninguna comprobación más allá de las declaraciones efectuadas por los directivos de la empresa contratista que sostenían que se les había solicitado ese dinero para ambas formaciones políticas.

Así lo declaró un agente que realizó el denominado "informe transversal relativo a las evidencias que confirman la veracidad de las comisiones a funcionarios registradas en la contabilidad B de la empresa Fitonovo", en el que se analiza el sistema empleado por la empresa para el pago de los sobornos.

En la causa están personados como partícipes a título lucrativo el PSOE e IU, cuyos letrados preguntaron al testigo expresamente sobre si se hizo alguna comprobación respecto a que los 30.000 euros que había solicitado para el PSOE el ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño habían llegado a esta formación política. "No hay ninguna evidencia", respondió el agente, que señaló que eso es lo que habían declarado los dueños de Fitonovo. Así, el agente añadió que el dueño de Fitonovo aseguró que le pidieron esa cantidad para el partido socialista -inicialmente le pidieron 60.000 euros, que luego se rebajaron a 30.000-, aunque él "dudaba" y crecía que en realidad era para el funcionario que lo solicitaba.

En cuanto a los 155.00 euros que fueron abonados a otro de los acusados que han reconocido los hechos, Antonio Miguel Ruiz Carmona, ex militante de IU, el agente de la Guardia Civil ha señalado igualmente qu Eno hay constancia de que el dinero llegara a esta formación. "La única evidencia son las declaraciones de los directivos de Fitonovo, que lo expresaban así, como una petición de alguien de IU", indicó.

Otro agente que declaró ayer confirmó que el directivo de Fitonovo reconoció que efectuó dos pagos a IU, uno de ellos de 70.000 euros entregado en una "caja de zapatos" con fecha 2 de abril de 2010 y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011. Esa información fue "corroborada" en la contabilidad B de la empresa, donde se hallaron sendos pagos a "A. Miguel (Bigote)", identificado como Antonio Miguel Carmona, quien "lucía un bigote bastante llamativo", según dijo uno de los guardias.

En cuanto a cómo llegaron a Torrijos y José Manuel García, este segundo funcionario ha explicado que uno de los pinchazos telefónicos de diciembre de 2013 se grabó una conversación entre el dueño de Fitonovo y el responsable de la Caja B, José Antonio González Baró y Angel Manuel Macedo Gajete, en la que el primero le pregunta "quienes eran los responsables" de los campos de fútbol, y el segundo le responde que eran "Torrijos, por supuesto" y José Manuel García, que era el concejal delegado de Juventud y Deportes, y "un par de técnicos".

A preguntas de la abogada de Torrijos, Encarnación Molino, el testigo reconoció que no tiene "constancia objetiva documental, que haya en el informe" de que Torrijos recibiera el dinero que Fitonovo entregó a Antonio Miguel Carmona.