Más de 200 accidentes de patinetes eléctricos en 44 ciudades en 2018

El fenómeno de los patinetes eléctricos, que han invadido desde hace bastante tiempo las ciudades, y su falta de regulación no pasa desapercibido en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que alerta precisamente del creciente número de accidentes en los que se han visto involucrados este tipo de vehículos y de la situación de “alegalidad” de los mismos en cuanto a requisitos técnicos, registro, documentación y seguros.

La falta de regulación de estos denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) no facilita la “adecuada respuesta al evidente incremento del riesgo que genera su uso, sobre todo para las personas más vulnerables”. Dice la memoria que en los once primeros meses del año 2018 se contabilizaron 273 accidentes en 44 ciudades españolas, y en 203 de esos siniestros habría “algún tipo de responsabilidad del usuario de VMP”.

El Ministerio Fiscal advierte que se trata sólo de una estimación “muy provisional que, casi con seguridad, oculta cifras de mayor entidad”.

El fenómeno de los patinetes eléctricos viene extendiéndose, según la Fiscalía, en los últimos tres años en los que su “novedosa y brusca aparición en las vías públicas, junto a los conductores de vehículos a motor, ciclistas y peatones está generando, más allá de las ventajas indudables para los desplazamientos, algunas situaciones de incertidumbre y de riesgo que, en ocasiones, se materializan en accidentes por incumplimiento de las normas correspondientes o por desconocimiento de cuáles son de aplicación”.

La circulación de estos vehículos conlleva un aumento “notable del riesgo de atropellos y sus consecuencias, al no cumplirse las exigencias referentes a ángulos peligrosos (inferiores a 130 grados), potencia, velocidad y masa”. Así, señala que algunos patines, que son vendidos con una masa superior a 50 kilos, circulan “sin matriculación ni seguro a velocidades que alcanzan los 70 kilómetros por hora, creando gravísimos riesgos”.

Además constata situaciones de “fraude de ley” al vender ciertas empresas “verdaderos ciclomotores sin cumplir con sus exigencias normativas”.