Tres ex presidentes del Parlamento dicen que los partidos conocían y ampliaban las ayudas

Tres ex presidentes del Parlamento andaluz han declarado este martes como testigos en el juicio por la rama política de los ERE y han coincidido en que las ayudas investigadas venían avaladas por expertos de los grupos parlamentarios y por numerosos servicios jurídicos. Ningún partido alertó de irregularidades e incluso los grupos presentaban enmiendas para ampliar las partidas.

Manuel Gracia (presidente del Parlamento entre 2012 y 2015), Javier Torres Vela (1996-2004) y Fuensanta Coves (2008-2012) se unieron así a María del Mar Moreno (2004-2008), quien la semana pasada aseguró al tribunal que todos los grupos políticos contaban con expertos en la materia que supervisaban los Presupuestos.

El momento de más tensión se vivió cuando la abogada del PP, Lourdes Fuster, preguntó a Torres Vela si su esposa trabaja en la actualidad en IDEA, una de las agencias de la Junta investigadas. Torres Vela intentó no responder alegando que la pregunta no guardaba relación con la causa, pero el presidente del tribunal rechazó la protesta y Torres Vela confirmó que su mujer es en la actualidad jefe de departamento en dicha oficina.

Los tres testigos insistieron en que los 109 parlamentarios andaluces no podían "ser engañados" porque en la Comisión de Hacienda hay diputados expertos que además cuentan con la Oficina de Control Presupuestario, con acceso directo al estado de gastos de la Junta, con los informes de la Cámara de Cuentas, de los propios letrados de la Cámara, podían hacer preguntas por escrito al consejero del ramo y disponían de toda la documentación de la Consejería de Hacienda.

Torres Vela añadió hoy un matiz: los partidos políticos no podían ser engañados en las partidas utilizadas porque "en Andalucía había en aquellos años una dialéctica Gobierno-oposición muy potente" y en sus años de presidente nunca percibió un "enrarecimiento del ambiente" ante eventuales irregularidades en este u otro programa.

Durante diez años ningún organismo de control ni los propios partidos alertaron de ninguna irregularidad ni el tema fue motivo de fricción política, según los tres ex presidentes.

Manuel Gracia insistió en que entre 2000 y 2011 la Cámara de Cuentas no alertó ni informo de ningún tipo de irregularidad y las partidas presupuestarias como la 31 L (el "fondo de reptiles") no eran objeto de ninguna alerta "ni para bien ni para mal".

Las modificaciones presupuestarias "siempre tenían el informe favorable de la Intervención", los diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuestos "entendían las diferencias entre partidas porque eran notorias para todos". Es más, los diputados presentaban enmiendas para incrementar esas partidas, según Gracia.

Afirmó "tajantemente" que nunca hubo ninguna "alarma o duda de ilegalidad" en los informes de la Intervención que llegaban al Parlamento.

En la misma línea, Torres Vela declaró que los parlamentarios andaluces "tenían todos los medios para tomar decisiones informadas y responsablemente", por lo que "no interpreto en ningún momento que el Parlamento pudiera haber sido inducido a error durante una década".

Al igual que Gracia y Coves, Torres Vela aseguró que nunca "estuvo o participó en ningún debate" motivado por eventuales irregularidades en este o cualquier otro programa presupuestario.

Fuensanta Coves, que es licenciada en Farmacia, insistió en que su papel como presidenta del parlamento era moderar los debates e interpretar el reglamento, no conocer los programas presupuestarios puntuales. Sin embargo, aseguró que "en ningún momento nadie me hizo llegar ningún problema, duda, o alusión que tuviera algún atisbo de irregularidad".

De hecho la primera noticia que tuvo sobre las partidas presupuestarias investigadas la tuvo cuando el escándalo saltó a la opinión pública, declaró.