La Diputación de Sevilla apoya la iniciativa de la protección social de la Abogacía y la Procura relativa al cómputo de cuotas a la Mutualidad

El movimiento #J2 sigue reuniendo apoyos de las diferentes administraciones públicas. En esta ocasión, los cuatro grupos políticos de la Diputación Provincial de Sevilla, PSOE, PP, Con Andalucía y Vox han suscrito una declaración institucional en la que manifiestan su apoyo a la "justa" iniciativa promovida por este movimento relativa a la protección social de la Abogacía y la Procura en España.

Con esta declaración, que ha sido leída por Ana Gil, representante del movimiento #J2, ha arrancado esta mañana la sesión plenaria en la que los grupos antes citados "instan al Gobierno del Estado a realizar las actuaciones y modificaciones necesarias que permitan la posibilidad, voluntaria y temporal, de trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) las cantidades cotizadas en la Mutualidad, computándose en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, incluida la jubilación, en todo caso, previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los periodos cotizados.

Continúa el texto argumentando que respecto al grupo de mutualistas pasivos, aplicar complementos a mínimos de sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima y evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones/aportaciones realizadas en las mutualidades al sistema alternativo al RETA, con un plan de pensiones/ahorro complementario, así como una mejora de las condiciones de jubilación parcial de los profesionales de la Abogacía y la Procura.

La cobertura de la contingencia por jubilación que afectaba a estos profesionales se realizaba desde 1948 a través de la Mutualidad de la Abogacía y la Procura y era obligatoria su incorporación, estándoles vetada su alta en el RETA. Esta situación suponía un agravio respecto a otros profesionales, puesto que muchas de las contingencias diferentes a la jubilación quedaban sin cobertura, obligando a abogados y procuradores a contratar servicios con otras entidades.

En 1995 se introdujo la posibilidad de elegir entre la Mutualidad y el sistema público del RETA. La Mutualidad dejaba de ser obligatoria y se transforma en un sistema alternativo o complementario. Después, en el año 2005 se produce un cambio radical que agrava la situación de lo profesionales al cambiar el método de capitalización colectiva por el de capitalización individual, con lo que la pensión de jubilación de cada mutualista pasa a depender única y exclusivamente de sus aportaciones. Estas reformas provocaron una importante variación en las cuantías de las prestaciones esperables, sin que en muchos casos existiese opción real de cambio. En caso de optar por el RETA, tras una larga carrera de aportaciones a la Mutualidad, esta no permitía el rescate de dichas aportaciones, ni siquiera para destinarlas al sistema de protección alternativo (RETA), ni el tiempo se computaba a efectos del devengo de la prestación de jubilación en el sistema público, prolongando en muchos casos la actividad profesional más allá de lo razonable y deseado.