Bolaños acuerda investigar por separado el uso de las tarjetas de la Faffe en burdeles

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dictado una providencia en la que acuerda incoar nuevas diligencias previas para investigar el uso en cinco burdeles y otros gastos realizados con las tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En esta providencia fechada el día 17 de octubre, la magistrada instructora atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó este periódico, y acuerda incoar nuevas diligencias previas para indagar el empleo de las referidas tarjetas, diligencias que serán independientes de este modo de aquellas en las que la juez investiga las ayudas concedidas a la Faffe para la realización de cursos de formación, lo que implica que habrá un solo juicio por estos hechos.

En la misma providencia, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda que se una a las nuevas diligencias previas el atestado relacionado con estos hechos que ha elaborado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La decisión de la instructora implica que el uso de las tarjetas públicas de la Faffe en cinco burdeles se enjuiciará independientemente de la investigación sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación vinculados a esta fundación y será además el primero de estos casos que llegue a juicio.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó recientemene a la juez María Núñez Bolaños que separara la investigación relacionada con el uso de las tarjetas de la Faffe de la pieza separada en la que se indagan las ayudas concedidas a la misma para la realización de los cursos de formación.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto remitió un escrito a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en el que solicitó a la magistrada la apertura de nuevas diligencias previas en la que se tramite la instrucción relacionada con el uso de las tarjetas de la Faffe, al estimar que se trata de unos hechos que tienen la suficiente entidad y se distinguen del resto de la investigación como para poder ser tramitados y enjuiciados de forma separada.

La causa en la que aparece como único investigado el ex director general de la Faffe Fernando Villén podría ser enjuiciada ante un jurado popular o por un tribunal de la Audiencia de Sevilla, en función del delito o delitos que finalmente pudieran atribuírsele.

En principio, los hechos investigados constituyen, según las mismas fuentes, un delito de malversación de caudales públicos, por el pago de 31.969 euros en prostíbulos y clubes de alterne, así como por los otros gastos bajo sospecha realizados en hoteles, restaurantes y peajes.

A este delito de malversación podría añadirse otro de falsedad en documento contable si el Ministerio Público corrobora las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en cuanto a las dudas sobre la veracidad de la devolución de los cargos realizados con las tarjetas de la Faffe en los prostíbulos.

En cualquier caso, el hecho de que finalmente se constatara la devolución de esos cargos, que Villén asegura que realizó en efectivo en la caja de la Faffe, esta circunstancia podría ser considerada como una circunstancia atenuante a la hora de la solicitud de la pena, pero en ningún caso supondría que no se le acusara del delito de malversación de caudales públicos, que según entiende el Ministerio Público se habría materializado desde el mismo momento en que se hicieron esos pagos con una tarjeta pública destinada inicialmente para cubrir los posibles gastos de representación del entonces director general de la Faffe.

Junto a la petición de que se abran unas nuevas diligencias previas por el uso de las tarjetas de la Faffe, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la juez que cite a declarar a otros cuatro testigos, ex trabajadores de la Fundación que gestionaban la contabilidad.

El Ministerio Público quiere aclarar si realmente, como sostiene el investigado, las devoluciones de los importes cargados en dichas cuentas se hicieron, o como sostiene la Guardia Civil esas "supuestas devoluciones" se contradicen directamente con los testimonios de estos empleados, que han manifestado que la caja central disponía de fondos por un importe aproximado de 1.200 a 1.500 euros y se utilizaban para pagar gastos diarios de pequeño valor.

Según la Guardia Civil, hay "serias dudas de la veracidad de los asientos contables", revelando además una "supuesta dinámica dirigida a camuflar contablemente estos gastos, a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la Fundación".

Fernando Villén reconoció la semana pasada ante la juez que hizo los cargos, afirmando incluso que en algunos casos era consciente de que estaba utilizando la tarjeta de la Faffe para pagar en los burdeles, mientras que en otros atribuyó esos cargos a una confusión con su tarjeta personal.

Una vez que declaren los testigos propuestos por el fiscal, la pieza separada por el uso de las tarjetas de la Faffe habría llegado al final de la instrucción, con lo que sería la primera que llegaría a juicio de la macrocausa de la formación, aunque en principio el juicio no podría celebrarse, como muy pronto, hasta mediados o finales de 2019, en función de los recursos que pudieran presentarse.