Piden tres años de cárcel para Borja y Blanca Cuesta

Borja Thyssen-Bornemisza y Blanca Cuesta Unkhoff podrían acabar entre rejas por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de euros contra el hijo de Carmen Thyssen y su esposa por haber defraudado al fisco 336.417,89 euros en el ejercicio de 2010. El escrito de acusación facilitado por la sección de delitos económicos se remonta a ese año para hablar de una operación "simulada" que se llevó a cabo durante la venta de participaciones de la sociedad Cas Capetó S.L, de la cual consta como administradora única la propia Blanca Cuesta, a favor de tres sociedades holandesas.

Dicha operación, por la cual se desembolsaron 9.700.000 euros, se realizó por medio de tres escrituras públicas de compraventa presentadas por Borja Thyssen, Blanca Cuesta y Caribean Breeze S.L, sociedad propietaria del 10% de Cas Capetó, la cual en realidad también estaría en manos del matrimonio. De hecho, la Fiscalía asegura que se trataría de una sociedad "inactiva", ya que no consta en ninguna base de datos la existencia de trabajadores o operaciones con terceros.

"La adquisición de las participaciones sociales de Cas Capetó S.L. del modo descrito constituyó un negocio jurídico simulado, siendo el verdadero negocio querido por las partes la adquisición por Borja Thyssen-Bornemisza del 57% de la mercantil Cas Capetó y por parte de Blanca Cuesta, el 43% restante. La interposición de la persona jurídica inactiva tenía como único objeto evitar la relación del verdadero sujeto pasivo con el hecho imponible", explica el organismo público.

Este no es el primer encontronazo con Hacienda que protagoniza el hijo de Tita Cervera. En 2016, la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid pidió contra él dos años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros por delitos fiscales cometidos en 2007. Al parecer, Borja podría no haber declarado el IRPF de los 1,4 millones de euros que se embolsó en ese momento por varias exclusivas que concedió a una revista. En su descargo, el joven alegó que él es residente en Andorra, algo que, según publicaron algunos medios, el fiscal consideró que no era cierto. Y es que para pagar impuestos fuera del territorio español, la ley exige pasar un mínimo de 183 días al año en Andorra, y, al parecer, Borja no lo hizo en 2007.