La ley del aborto se renueva antes de cumplir 25 años

A punto de cumplir veinticinco años, la primera ley del aborto aprobada en España se reforma en sus principales artículos así como en su nombre, ya que a finales de diciembre el Congreso la aprobó como Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pasadas las 14:30 del día 18 de diciembre, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, salía del Congreso de los Diputados con la cabeza bien alta. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja con el respaldo de 184 de los 350 diputados -ocho por encima de la mayoría absoluta requerida-, sin dejar dudas del sentido mayoritario de la voluntad popular. El texto fue aprobado por el PSOE, el PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Nafarroa-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CiU), que ejercieron la libertad de voto. Por el contrario, contó con el voto en contra del PP, Coalición Canaria, los cuatro diputados de Unió (UDC-CiU), tres de Convergencia (CDC-CiU), UPN y UpyD, que sumaron 158 votos. La convergente Inmaculada Riera fue la única abstención y el popular José Madero lo apoyó por error.

Presentada por la ministra de Igualdad, la ley establece el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o por graves anomalías en el feto, con la exigencia de un solo informe médico. La actual ley de julio de 1985 permite abortar en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación y hasta las 22 semanas en casos de riesgo de malformaciones en el feto, y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre. A parte de los artículos sobre los llamados “plazos” para interrumpir voluntariamente el embarazo, el que más ha copado las numerosas enmiendas al proyecto de ley ha sido el que permite a las chicas de 16 y 17 años abortar sin contar con la opinión de los padres.

A este respecto, el PSOE ha consensuado con el PNV que en la redacción final se incorpore la “obligatoriedad de informar” a uno de los padres o tutores legales. Pero con la excepción de aquellas menores que puedan “alegar fundadamente” que dicha comunicación les supondría un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2008, 115.812 mujeres se sometieron a una interrupción voluntaria de embarazo (IVE), un 3,27 por ciento más que el año anterior, y de ellas 10.221 eran menores entre 15 y 18 años. España era en 2009 el país europeo donde más aumentó la cifra de abortos ocupando el sexto puesto en número total de IVE. Así lo revelaba un informe del Instituto de Política Familiar (IPF).

En la renovada ley se reflejará de forma expresa el derecho a ejercer la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, y se contemplará que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Se incorpora también la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo, y que los profesionales sanitarios estudien en las universidades la interrupción voluntaria del embarazo.

La reforma de la ley pretende que el aborto sea una prestación pública y gratuita en toda España, ya que hasta ahora la mayoría de los abortos se han realizados en centros privados (el 98 por ciento en 2008) y no en todas las comunidades autónomas. En cuanto al Código Penal, no se incluirá pena de prisión para la mujer, pero se castigará a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos y a quien lo haga sin contar con informes preceptivos o en un centro no autorizado.

La constitucionalidad de la reforma ha sido avalada por el Consejo de Estado, que planteó la conveniencia de que los padres de las menores sean informados, y ha recogido las recomendaciones de una comisión de expertos convocada por Igualdad y de una comisión parlamentaria. El texto, sin embargo, no cuenta con un informe del Consejo General del Poder Judicial, que por primera vez prefirió no emitir un dictamen. El Consejo Fiscal dictó un informe favorable y otro desfavorable para finalmente prosperar, por un solo voto, un único texto en el que estimaba “oportuno” reconocer el derecho de los padres a ser informados de la opción de sus hijas.

Durante todo el trámite legislativo, diversas asociaciones científicas y médicas, así como las organizaciones pro-vida han mostrado su disconformidad con la reforma propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llevando a cabo el 17 de octubre en Madrid una multitudinaria manifestación en contra de la ley. También ha habido varias concentraciones a lo largo del mes de noviembre y diciembre en diferentes ciudades españolas. Desde la Iglesia católica, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, mantiene que aquellos políticos que voten a favor de ella no podrán comulgar y, ha pedido que “el pecado gravísimo del aborto” fuera considerado un delito.