Las víctimas abren otro frente

Gobierno de izquierdas

Los resultados de las pasadas elecciones andaluzas, donde la izquierda sacó casi 500.000 votos al PP, hacían presagiar un Gobierno de coalición PSOE-IU. Pues bien, en un proceso democrático interno ejemplar, una amplia mayoría de militantes de la coalición izquierdista lo hizo posible el pasado jueves. Ahora, después de cerrar un programa conjunto hace unas semanas y tras la investidura de Griñán el próximo jueves, les toca conformar un Gobierno que, desde el minuto uno, se ocupe de resolver los problemas de los andaluces, con el paro a la cabeza, sin incumplir los objetivos de déficit fijados por el Gobierno. Para afrontar estos retos y no sucumbir en el intento -la amenaza de intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, deben tenerla muy presente-, muchos analistas piensan que la coalición necesita un pacto de hierro en el que prime la lealtad por encima de la transversalidad que pretende IU, requiere de la presencia de políticos de peso -sean o no militantes- y, sobre todo, no puede permitirse el lujo de dar pie al ruido de la discrepancia interna que, por ejemplo, caracterizó al tripartito catalán. Enfrente, PSOE e IU tendrán no sólo a la bancada popular, mayoritaria en la Cámara andaluza, sino a un ejército de discrepantes que, con las encuestas en la mano hicieron la cuenta de la lechera, y que no dudarán en ejercer su derecho a la crítica más feroz a la primera de cambio para satisfacer sus expectativas. En la propia Ejecutiva Federal del PSOE, donde aún algunos no han digerido que Griñán salvara los muebles mientras Pérez Rubalcaba no acaba de despegar en los sondeos, se refieren al futuro Gobierno de PSOE e IU como un "regalo envenenado".

Críticas a Alaya

Las asambleas de IU respaldaron la participación en el Gobierno de coalición con el PSOE el mismo día en que la juez Mercedes Alaya decretaba el ingreso en prisión sin fianzas del ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, en el caso de los ERE. El compromiso de los socialistas de aceptar una comisión de investigación en el Parlamento debió resultar suficiente para la mayoría de los militantes de IU, que votó a favor del Gobierno de coalición. Por cierto, si bien es verdad que desde el Consejo General del Poder Judicial nadie ha criticado a la juez por las coincidencias entre el calendario de instrucción y el electoral -se mantiene que en España hay 800 casos de corrupción en los juzgados y no se pueden paralizar por las convocatorias electorales-, no es menos cierto que, tras conocerse el último auto de la jueza, empiezan a surgir voces críticas -en privado, por supuesto- sobre algunas de las decisiones y opiniones vertidas en él. Además, un buen número de juristas y jueces tampoco entiende un auto plagado de morcillas políticas, que contiene incluso un aviso a navegantes para Griñán, Chaves, Zarrías, Magdalena Álvarez, Viera y Vallejo en un intento de crear una causa general, y de pocos hechos probatorios, y que decreta la prisión sin fianza sin que se cumplan los requisitos que fija la doctrina del TC -riesgo de fuga, destrucción de pruebas, etcétera-. Con todo, no se espera que la Audiencia Provincial de Sevilla revoque la prisión, pero sí que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía restituya el Estado de Derecho. Mientras tanto, en algunos sectores del PSOE nacional se desea que Griñán haga frente a unas instrucciones que consideran "descaradamente políticas", y ponen como ejemplo no sólo la prisión de Fernández en el caso de los ERE sino la imputación del cabeza de lista de IU en las elecciones municipales de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, en el caso Mercasevilla días antes de los comicios locales.

Obsesión

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sigue citando a Andalucía cada vez que amenaza a las comunidades autónomas con aplicarles la Ley de Estabilidad Presupuestaria si incumplen los objetivos de déficit. Y eso que el dirigente popular tiene ejemplos mucho peores: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, etcétera… El pasado martes, en un rifirrafe con Alfredo Pérez Rubalcaba, aireó la deuda de más 2.700 millones de euros que la comunidad andaluza ha reconocido que tiene con proveedores, pero se da el caso de que la Comunidad Valenciana, secular bastión del PP, supera los 4.000 millones.