El Supremo reclama al fiscal general del Estado que designe un abogado

 El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Luis Hurtado ha emplazado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto, recogido por Europa Press, el instructor indica que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzan que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.

Después de que el Alto Tribunal abriese un procedimiento penal contra García Ortiz hace un par de semanas, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, da el siguiente paso e incoa diligencias previas para poner en marcha la investigación y "confirmar o descartar los indicios" existentes.

Por el momento, Hurtado deja pendiente de decidir si acepta las últimas diligencias solicitadas por el empresario y pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.

González Amador solicita los correos electrónicos relacionados con el acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros a cambio de no ir a juicio.

El magistrado decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.

A la espera de saber cuál es la decisión del juez Hurtado, lo que sí hace el magistrado es solicitar a las acusaciones populares que forman parte de la causa -Fundación Foro Libertad y Alternativa; Manos Limpias; Colegio de la Abogacía de Madrid; y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- para que en cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento y actúen como una sola.

La causa del Supremo contra García Ortiz nació en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde el empresario González Amador presentó una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le ha investigado por la difusión de una nota de prensa que aclaraba extremos sobre su investigación por presunto fraude fiscal.

El fiscal general asumió la responsabilidad de esa nota de prensa, que justificó en la obligación del Ministerio Público de informar y en la necesidad de desmentir un bulo, y el TSJM derivó la investigación al Supremo.

El Supremo no ha visto delito en la difusión de ese comunicado, pero sí quiere indagar en la filtración de los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía, en los que el primero ofrecía un pacto al fiscal.