El Supremo pregunta al departamento de informática de Fiscalía si formateó el móvil de García Ortiz

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha preguntado al departamento de informática de la Fiscalía General si formateó el móvil del jefe del Ministerio Público.

En el marco de las diligencias acordadas, el instructor ha reclamado a dicho departamento que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal.

También ha ordenado al equipo de informática que remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; y que informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados. En caso afirmativo, pide la identidad de la persona que haya procedido al formateo y la fecha en la que dichos formateos se hayan producido, así como el software utilizado.

El magistrado Ángel Hurtado ha acordado dichas diligencias en una auto, recogido por Europa Press, en el que también acuerda pedir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la Fiscalía y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por los fiscales.

Hurtado ha acordado ambas diligencias después de que el pasado diciembre lo solicitaran las acusaciones personadas en la causa que abrió en octubre contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la revelación de secretos que denuncia Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rechaza investigar una presunta prevaricación

En el marco de la resolución, el magistrado rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.

También desestima la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de las Diligencias Previas en las que está incursa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que "no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente".

Igualmente, descarta citar a varios altos cargos o exaltos cargos de Moncloa "sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la investigación" así como practicar alguna diligencia al respecto.

Tampoco accede a la petición de González Amador de intervenir las comunicaciones de varios periodistas dejando claro que no se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que merecen las fuentes de información.

Del mismo modo, no acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.