El Senado lleva al Congreso ante el Constitucional por la ley que beneficia a presos etarras

El Senado ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados por haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero.

De esta forma, el Senado, que aprobó esa iniciativa en noviembre con el respaldo de la mayoría absoluta del PP, ha formalizado el choque institucional con el Congreso, según adelantó El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas.

El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad esa ley, denominada sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Fue la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quien alertó, después del visto bueno del Congreso, de que la convalidación de penas también beneficiaba a presos etarras y fue entonces cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox, que la rechazaron durante su última fase parlamentaria en el Senado.

La mayoría del PP en la Cámara Alta y un informe de la Secretaría General interpretaron que ese rechazo a la norma debía interpretarse como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.

El grupo del PP en el Senado solicitó varias veces a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la Cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto de atribuciones ante el Constitucional.

Desde la Mesa del Congreso, en respuesta, la mayoría que conforman el PSOE y Sumar se reafirmaron en dar por aprobada la ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado los plazos para vetar la ley.

Este caso no ha sido el primero en el que el PP ha llegado a plantear un choque de competencias con el Congreso, puesto que hace unos meses aprobaron esa iniciativa inédita entre las dos Cámaras ante la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, aunque finalmente los populares optaron por no llevar en aquella ocasión el conflicto al Constitucional.