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El Gobierno de España se comprometió ayer a intensificar la negociación para que el PP se sume al apoyo de la reforma de la ley de Extranjería para la derivación de menores migrantes no acompañados, así como a habilitar 50 millones de euros para ayudar a Canarias en la gestión migratoria.
Este compromiso lo ha asumido el Ejecutivo central tras la reunión celebrada ayer en La Palma entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, y de cuyo contenido informó a los medios el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
En sus redes sociales el presidente Pedro Sánchez apeló al PP para que haga una oposición responsable y se sume a los acuerdos y las soluciones “en lugar de reproducir los discursos de la derecha más extrema” en este ámbito, y garantizó que el Gobierno de España seguirá trabajando con el Ejecutivo canario ante este desafío, aportando recursos económicos e impulsando avances legislativos.
Ante los medios de comunicación, Torres descartó que se regule la derivación de menores por decreto ley e insistió en la modificación de la ley de Extranjería como “única solución posible”, pero para ello es imprescindible que se apruebe por mayoría en el Congreso de los Diputados y, admitió, no puede considerarse “ni optimista ni pesimista” en cuanto al resultado de las negociaciones con el PP.
Por su parte, el presidente canario subrayó que la cantidad que debe percibir el archipiélago tiene que ser “muy superior” a los 50 millones de euros, cifra que ya recibió el archipiélago en 2022 y 2023, ya que es igualmente muy superior el número de menores que atiende la Comunidad Autónoma. “No soy una persona de tirar la toalla sino de pelear con más ahínco aún para que Canarias no tenga que soportar en solitario toda la cuestión migratoria”, apuntó Fernando Clavijo, quien se congratuló de la posición del Gobierno central de “avanzar hacia el encuentro y el acuerdo” para lograr ratificar el artículo 35 de la ley de Extranjería con el objetivo de que sea obligatoria la derivación de menores no acompañados.
El ministro de Política Territorial puntualizó que en 2022 y 2023 Canarias recibió 50 millones adicionales vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, lo que este año no es factible al estar prorrogadas las partidas presupuestarias. Torres se mostró abierto a cerrar esta cantidad, con la participación del Ministerio de Hacienda, para que Canarias tenga “un alivio importante” en la atención a la situación migratoria. Pero también dejó “claro” que del mismo modo que la competencia en materia de migrantes adultos corresponde al Ejecutivo central, la tutela de los menores no acompañados es de las comunidades autonómicas.
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