La respuesta al desafío

NI la suspensión de la autonomía ni el envío de la Guardia Civil. El Gobierno no contempla esas posibilidades a pesar de que la derecha más recalcitrante exige desde hace tiempo esas dos medidas, que tampoco las maneja el PSOE. La primera razón es que ante la situación en Cataluña hay que actuar teniendo en cuenta la letra pequeña y grande de la Constitución; la segunda, porque una medida de fuerza, además de no solucionar el problema, podría romper la necesaria convivencia social.

Al margen de consideraciones sociales, el cumplimiento de las leyes y el respeto a la Constitución es la base de la respuesta al independentismo. Y lo tienen muy en cuenta PP y PSOE, hoy minusvalorados por quienes quieren acabar con el bipartidismo, pero que, en este momento tan complicado, son los únicos que han estudiado a fondo la situación, se han preocupado de contar con expertos que han analizado los pros y contras legales de cada una de las decisiones que se pueden tomar para neutralizar las maniobras independentistas, y los únicos que llevan tiempo preparando el escenario en el que hay que moverse para que coincidan unidad, política y legalidad.

Ésa es la razón de que, en el almuerzo de Rajoy y Sánchez el pasado miércoles, los dos manejaran los mismos conceptos respecto a la manera de responder a la posible declaración de independencia: los equipos habían hecho los deberes, conocían las leyes procedimentales y las consecuencias de tomar decisiones que podía rechazar el Tribunal Constitucional (TC) por errores de procedimiento.

Y conocían las competencias exactas de las Diputaciones Permanentes del Congreso y Senado en relación con las tomadas por los respectivos plenarios y de qué manera el TC podía tramitar cada uno de los recursos que podían presentarse. Por ejemplo, no es lo mismo un recurso de inconstitucionalidad que un recurso de amparo, y no es igual que lo presente el Gobierno que un grupo parlamentario. Estas cuestiones, indispensables para enfrentarse a las maniobras independentistas, solo el Gobierno y el PSOE las han estudiado de forma exhaustiva en las últimas semanas.

También están las respuestas políticas. Rajoy tuvo claro desde el inicio que el desafío obligaba a dejar de lado las rivalidades, las conveniencias de la campaña electoral, y contar con PSOE y Ciudadanos en busca de consenso.

En cuanto se produjo el anuncio de que el Parlament preparaba la declaración independentista, llamó a Sánchez y Rivera. Tardó más de media hora en localizar al segundo, que estaba reunido. El jueves decidió ampliar las conversaciones a Pablo Iglesias a pesar del malestar del presidente con el respaldo que había dado su formación a la elección de la independentista radical, Carme Forcadell, como presidenta del Parlamento catalán. Pero no quería dar la baza a Podemos de que continuara con el victimismo con evidentes fines electoralistas.

Otros dirigentes serán llamados los próximos días por Rajoy o por la vicepresidenta del Gobierno, quien ha coordinado los trabajos e informes sobre el independentismo y las medidas que se podían tomar para laminarlo, teniendo en cuenta de qué manera cambiaba la situación en función de que la proclamación se hiciera con las Cortes disueltas, como ha ocurrido.

Sánchez, además de las cuestiones procedimentales, también se ocupó de las políticas. Han sido constantes las reuniones con su equipo más cercano, en el que ha tenido un papel destacado Antonio Hernando, de larga trayectoria y experiencia -lo que no puede decirse de todos los altos cargos del partido-, y es significativo que Sánchez haya mantenido también largas conversaciones con Alfredo Pérez Rubalcaba, sin duda la cabeza más lúcida del PSOE junto a Felipe González. También ha habido comunicación entre Ferraz y Miquel Iceta, quien si hace meses se mostró ambiguo respecto al derecho a decidir, hoy trabaja de forma incuestionable contra las maniobras independentistas. Iceta no cuenta con un numeroso grupo parlamentario, pero ante la inexperiencia de Arrimadas o Albiol, sabe moverse con firmeza cuando el terreno político sufre una convulsión como ésta.

Ni suspensión de autonomía ni Guardia Civil. En contra de lo que muchos creen, el artículo 155 no recoge que el Gobierno de España puede suspender la autonomía en caso de incumplimiento sistemático de la ley por parte de una comunidad autónoma. Los ponentes constitucionales fueron suficientemente inteligentes para no mencionar qué tipo de medidas se podía adoptar ante la rebeldía. El artículo ampara cualquier decisión avalada por el Senado, incluida la suspensión si se considerase necesaria, pero abre el camino a otras posibilidades. Afortunadamente, porque ante un desafío como el catalán es necesario actuar con la máxima prudencia. Aunque no sea más que para no abundar en la ruptura social.

Lo urgente es esperar, era la frase favorita de Pío Cabanillas. Lo urgente es no dar un solo paso mientras no se produzca la declaración de independencia, paralizada durante unos días por cuestiones de procedimiento. Pretenden los secesionistas hacerla antes del 9, aniversario del referéndum ilegal, y día en el que supuestamente tendría que ser investido el nuevo presidente de la Generalitat, objetivo al que Mas dedica todo su empeño.

Una vez que se produzca esa declaración, comenzarán las iniciativas de respuesta preparadas y debatidas por Rajoy fundamentalmente con Sánchez. Es clave no cometer errores y el primer asunto que hay que aclarar es si la Diputación Permanente del Senado puede ser un instrumento equiparable al pleno desde el punto de vista del TC, pues en principio, según el reglamento, sólo tiene atribuciones para convalidar decretos.

Segundo paso: recursos ante el TC, pero midiendo muy bien cómo y quiénes los presentan para garantizar que sean admitidos a trámite. Y un apunte más: es necesario analizar el tipo de recurso, para que su admisión suponga la suspensión automática de la iniciativa que se recurre. Por eso es tan importante acertar en la fórmula. En caso extremo, se podrían asumir competencias por el Gobierno para abortar decisiones que avancen en el independentismo -seguridad y orden público, hacienda, justicia-, pero cualquiera de esas iniciativas deben cumplir los requisitos que marcan las leyes y venir avaladas por el TC, que se convierte en el árbitro de la situación, pues debe dar luz verde a todas las medidas. Todas. El Gobierno y los partidos con sentido de Estado saben que cualquier iniciativa que no cumpla estrictamente las leyes serían bazas que los independentistas utilizarían en contra de la unidad.

Es la razón de que sea indispensable moverse con prudencia, firmeza y el mayor consenso posible. El arma más eficaz contra el independentismo es la unidad y el Estado de Derecho.