Ni un respiro en cien días determinantes

La víspera de fin de año, apenas diez días después de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy dio la primera muestra de que la determinación iba a ser la seña de identidad de su Gobierno. Ni la oposición política, ni las protestas ciudadanas, iban a parar las reformas que creía necesarias para enderezar el país.

No pensaba pedir, ni la situación se lo permitía, los tradicionales cien días de cortesía que se otorga a los nuevos Gobiernos, que se cumplieron el jueves coincidiendo con la huelga general.

El órdago del presidente no sólo ha estado en medidas como la reforma laboral, sino que incluso se lo echó a Bruselas cuando propuso un déficit para 2012 mayor del inicialmente comprometido.

Con el argumento de una pésima herencia, Rajoy y su Gabinete se han comprometido a decir la verdad, "aunque duela", y no dudaron en incumplir, en su primer Consejo de Ministros, una de sus principales promesas electorales: que nunca subirían impuestos. "¿Qué quieren?, ¿que no haga nada?", se pregunta el jefe del Ejecutivo ante las críticas.

Sostiene que los ciudadanos le han votado para que gobierne, que sería irresponsable no hacerlo, y confía en que sus decisiones se entiendan, aunque la oposición vea sólo insensatez donde él habla de valentía y los sindicatos denuncien graves regresiones en derechos conquistados.

El Ejecutivo popular también ha planteado un drástico ajuste de gasto que obliga a repensar tanto la estructura de la Administración como los servicios que presta.

Para dar esos pasos, se basta con su mayoría absoluta en el Congreso, pero ha encontrado un fiel aliado en CiU, necesitado en Cataluña de la aquiescencia de los populares para poner en práctica su política de austeridad.

Rajoy ha decidido marcar distancias con el optimismo antropológico de su antecesor y públicamente ha afirmado que su intención es afrontar la crisis con "optimismo realista". Ha olvidado los brotes verdes que llegó a apreciar el anterior Gabinete y ha apoyado sus reformas en un diagnóstico desesperanzado de la situación económica.

Con medidas como el freno a los desmedidos sueldos en las entidades bancarias que reciben ayudas públicas, o los planes de austeridad en el sector público, el Ejecutivo popular ha intentado además paliar el rechazo a su programa de recortes y ha conseguido que incluso antiguos dirigentes socialistas lamenten en público que no fuera un Gobierno del PSOE el que adoptara esas iniciativas.

Al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Rajoy ha marcado la senda y ha zanjado eventuales discrepancias entre sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsable de diseñar los recortes, y de Economía, Luis de Guindos, encargado de defenderlos en el exterior.

También ha logrado el respaldo de Bruselas a su programa, aunque las autoridades europeas hayan lamentado no haber visto aún las cuentas de 2012.

La oposición de izquierda ha acusado al Ejecutivo de retrasar los Presupuestos para no perjudicar los intereses del PP en las elecciones asturianas y, sobre todo en Andalucía, territorio en el que se volcaron los miembros del Gabinete para afianzar su poder en todo el país con una victoria histórica. El PP ganó, pero no gobernará.

La marea de ajustes ha ocultado algunas decisiones importantes que llevaban meses aplazadas, como el reglamento de la ley Sinde o el emplazamiento del almacén de residuos nucleares.

Pero los grandes proyectos ajenos a la economía, avanzados muchos de ellos por los ministros en el Parlamento, tendrán que esperar.

La polémica ha rodeado ya al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha oído a la oposición parlamentaria calificar de "contrarreformas" la vuelta a una ley de supuestos para el aborto, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o la prisión permanente revisable.

Iniciativas controvertidas, como el copago sanitario, han quedado en el tejado de las comunidades autónomas, embarcadas en la misma crisis y obligadas a recortar sus gastos incluso con más premura que el Gobierno central.

Mientras, la política antiterrorista ha seguido su curso con discreción y con la garantía por parte del Gobierno de que se aplicará la ley que permite la reinserción individualizada de los presos.

Nada se ha avanzado en la renovación pendiente de instituciones y organismos como el Tribunal Constitucional, RTVE o el Defensor del Pueblo, aunque Rajoy y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su primera cita en La Moncloa se dieron de plazo hasta junio para solucionar el embrollo.

En estos cien días, el Gobierno ha contado de hecho con cierta tregua por parte de los socialistas que, conmocionados por la derrota primero y centrados en sus cuitas internas después, no arrancaron como verdadera oposición hasta después de su congreso en febrero.

Tampoco ha sufrido masivas protestas callejeras, aunque en Valencia ya ha podido entrever las dificultades de combinar el diálogo y la fuerza para enfrentarse a las manifestaciones.