Regenerar en el país del desprestigio político y los bulos

EL Gobierno difícilmente conseguirá reformar veinte leyes para aprobar su paquete de regeneración democrática, pero es necesario hacerlo en un país con las constantes vitales institucionales muy bajas

Es lógico que un Gobierno se preocupe y tome medidas para regenerar la vida pública en un país en el que la desconfianza en la poltica alcanza al 55% de la población (CIS, mayo 2024), irrita al 40% y aburre al 25%; un país donde “los problemas políticos en general” y “el mal comportamiento de los políticos” ocupan la tercera y la cuarta posición en la lista de preocupaciones de los españoles y donde ninguno de los cuatro líderes mas conocidos (Sánchez, Feijóo, Yolanda Díaz y Abascal) alcanzan el aprobado mínimo. 

Tiene sentido y es su obligación que, a la vez, trate de acotar los problemas que genera la difusión de bulos: el 40% de los españoles asume estar expuestos a las fake news y hasta un 83% admite que alguna vez se cruza con noticias falsas, frente al 69% de la media europea. De hecho, España es el primer país desarrollado del planeta en consumo de información falsa, según datos del Eurobarómetro. Y el 86% de los encuestados ha dado por ciertas noticias que eran falsas, según el estudio sobre fake news elaborado por Simple Lógica y el grupo de investigación en Psicología del testimonio de la Universidad Complutense. La suma de una práctica política denostada por la mayoría de ciudadanos a la amenaza real y constante de la difusión de bulos es un cóctel ante el que sería una irresponsabilidad permanecer impasibles. 

Las redes, incontrolables

Que sea el Gobierno quien impulsa la reforma no significa que quede excluido de responsabilidad en el clima, a veces irrespirable, en el que vivimos. Y que trate de limitar los efectos perniciosos para la democracia de los bulos no equivale ni a un derecho para censurar ni a dar o quitar carnés de periodistas. Muchos de quienes critican la iniciativa saben que no consiste en eso. Lo saben, pero mienten y así confirman su identidad y su acción falsaria, aprovechando que solo el 14% de los españoles reconoce ser capaz de distinguir las noticias falsas. Mienten y siguen alimentando el circuito venenoso. 

No son solo lo que se reconoce como medios o asimilados: las redes catapultan la mayoría de las infamias. Un terreno mucho más difícil de controlar. Todo es más turbio de lo que parece. Observen Brasil: un juez prohibió al antiguo Twitter operar en Brasil tras negarse la empresa de Musk a eliminar cuentas acusadas de difundir noticias falsas (incumpliendo las órdenes judiciales de moderar los contenidos) con el objetivo de socavar la institucionalidad. Entre los acusados de promover lo que llaman “milicias digitales” hay un tipo –asesor directo de Milei– que está acusado de participar en el intento de golpe de Estado contra Lula. Pues semanas después de la prohibición, la plataforma de Musk vuelve a ser accesible Brasil con una actualización del software que ha hecho la empresa.

El ecosistema del estercolero

En ese estercolero hay un mix de pseudomedios, ciudadanos autoempoderados que vienen a salvar al mundo y gritan en nombre de la libertad, sofisticadas plataformas de bots que actúan utilizando los sesgos cognitivos de los ciudadanos, expertos en IA y la fabricación de mundos paralelos incluyendo las voces y los rostros de los fakeados, maestros del algoritmo, expertos en segmentación de mensajes, están las campañas anónimas o con marca blanca promovidas por los partidos o sus terminales, granjas de activistas digitales organizadas donde se fabrican las mayores iniquidades, influencers de toda laya, actores económicos y sociales y un montón de espontáneos que se divierten de cinco a siete esparciendo la porquería digital gratis et amore. En suma: han logrado que en las redes haya casi más noticias falsas que verdaderas y sobre todo que tengan más alcance y se propaguen a más velocidad.

Lamentablemente, en esto tampoco van a estar de acuerdo los partidos, aunque todos son víctimas o lo serán en algún momento. Todos saben distinguir el trabajo periodístico (con independencia de su orientación o enfoque) de lo que no lo es. Son conscientes de que la difusión de realidades alternativas altera el paisaje real e incide negativamente en la convivencia y en los valores democráticos. Nadie está a salvo. Afecta incluso a la seguridad nacional. Grupos de expertos elaboraron una serie de recomendaciones para luchar contra las campañas de desinformación e incluirlas en la Estrategia Nacional de Seguridad. Este no es un tema menor. No se puede despachar con siete titulares escandalosos acusando al Gobierno de querer censurar y quitarle la financiación a quienes lo critican. 

Ojo con la censura

Una de las medidas que incluye el plan trata de identificar la publicidad institucional que va a parar a los medios. Ningún partido ni gobierno, ni el central ni los regionales, está en condiciones de abrir un debate transparente sobre lo que hacen con el dinero público. Mejor que no se hagan daño mutuamente. Lo que ha aprobado el Gobierno es prácticamente igual que el reglamento aprobado en Bruselas con los votos favorables del PP. No hay grandes novedades, aunque eso es indiferente.

Todos –no solo los periodistas, que solo administramos el derecho a la información, que le pertenece a los ciudadanos– debemos estar atentos siempre ante cualquier intento de censura. La pulsión natural del poder es el control. Controlar la información está en el top de sus obsesiones. Aclárese que el poder es también económico, no solo político. Todo el mundo presiona: instituciones, empresas o clubes de fútbol. Nadie quiere ver publicado algo que no les conviene. Pero el derecho a la información goza de especial protección constitucional y cualquier gobierno debe tener mucho cuidado con ni siquiera rondar ese perímetro. Pero también es obligación de todos distinguir la censura de las medidas que pretenden atajar los riesgos para el sistema. Porque originan decisiones basadas en bulos, porque afectan gravemente a la salud pública cuando se trata de falsedades vinculadas al ámbito sanitario, porque afecta a la reputación de las personas, las empresas y las instituciones. En definitiva, porque corroen el sistema. Y lo están consiguiendo. Mirar para otro lado no es la solución.

Religión, mordaza y Casa Real

Hay tres aspectos que se destacan en el paquete legislativo: la derogación de los delitos contra los sentimientos religiosos, la de la ley mordaza y las ofensas a la Corona. Polémicas como las del actor Willy Toledo (que fue absuelto) por su declaraciones anticlericales o la condena a la promotora de la procesión del coño insumiso no habrían sido posibles en Suecia, Francia, Irlanda y otro pocos países. Pero en la mayoría de naciones de nuestro entorno sí se protege legalmente ese ámbito. De la ley mordaza lo que se sabe es que decaerá como delito difundir imágenes de miembros de las fuerzas del orden público y respecto a las ofensas a las Corona, solo cuatro países europeos blindan cualquier ofensa mientras que otros 17 ofrecen una especial protección a sus jefes de Estado. Este asunto, que PSOE y Sumar no clarifican deliberadamente como consecuencia del pulso que mantienen, es menos entendible. Privilegiar con una protección reforzada a un cargo público - el Jefe del Estado lo es- respecto a la opinión de los ciudadanos va directamente contra la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene la doctrina de que, al contrario, estos cargos deben soportar cualquier tipo de crítica ya que los considera sujetos a un mayor escrutinio público.

En todo caso, la piedra de toque no está tanto en el contenido de la propuesta como en la capacidad fáctica del Ejecutivo de coalición de sacarla adelante. Necesita modificar 20 leyes -la mayoría, orgánicas, lo que requiere mayoría reforzada en el Parlamento- para sustentar las 30 medidas. Entre ellas, el Código Penal o la Ley Electoral. Faena imposible si atendemos a que el bloque mayoritario se resquebraja ahora con facilidad (PNV ya ha votado en contra del Gobierno, Podemos va por libre y generalmente a la contra, Junts lo hace a diario con regusto y ERC al acecho) y que el PP no participará en ninguna reforma de este tipo salvo en puntos muy concretos. Yolanda Díaz en entrevista reciente le dirigió un uppercut sibilino a Sánchez: ”Gobernar no es resistir, gobernar es transformar”. Eso es lo que debe decidir el Gobierno, si resiste o gobierna. La resistencia pueden darla por hecho. Gobernar es lo que trata de hacer aunque la pendiente es muy empinada. Legislar, que es el desarrollo del impulso de la acción del Ejecutivo, empieza a ser una quimera. Acciones políticas como la del bloque de regeneración democrática van a servir más a la narrativa política que a la transformación real de las cosas.

Breverías

El dolor:¿Un atributo de género?

El juicio por la violaciones masivas a Gisèle Pelicot, organizadas por su marido, con 51 hombres en el banquillo, es uno de los horrores que nos deja este tiempo. Los hechos hablan por sí solos. Lo que es inadmisible es que al hilo del juicio, algunas personas como la escritora Lola Lafón afirme “no todos los hombres son violadores, pero da la impresión de que cualquiera puede serlo”. ¿Cómo? ¿que da la impresión? Que cualquier hombre puede ser un violador es como decir que cualquiera puede ser un asesino o un estafador. Es gratis. O que cualquier mujer podría ser cualquiera de los prejuicios y tópicos que pesan sobre ellas. Hay gente a la que se le ha ido la olla. Y hay mujeres que pretenden patrimonializar el dolor y el espanto como si fueran atributos de género. 

Con la gresca a la UE

La composición de la Comisión Europea siempre es el resultado de un juego de pactos y presiones, de equilibrios y encajes que viene a representar razonablemente la representatividad de los bloques prioritarios. Una vez cerrado, lo lógico es que los partidos que han participado en el juego apoyen la composición final. El PP no lo hará ahora. Contradiciendo a su propio portavoz parlamentario, la dirección del PP ha anunciado que votará contra la socialista Teresa Ribera, número dos del Ejecutivo europeo como vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. En realidad, los eurodiputados del PP solo podrán votar en bloque a la Comisión. Podrán posicionarse contra Ribera en las comisiones parlamentarias cuando los comisarios se sometan al examen de rigor. Es absurdo decir que harán lo mismo que el PSOE con Miguel Arias poniéndolo como ejemplo de una acción política errónea pero haciendo lo mismo. 

Sánchez, complice y enemigo de Maduro

Convendría aclararse: o Pedro Sánchez es cómplice de Maduro como dice el PP o es su enemigo declarado al organizar una conjura para asesinarlo, como dice el cuestionado presidente de Venezuela. Las dos cosas a la vez son imposibles.

Un president en la Zarzuela

La foto de la semana es el apretón de manos de don Felipe VI y Salvador Illa. Nueve años después un presidente de la Generalitat tras su toma de posesión retoma las audiencias con el monarca. El último fue Artur Mas. No lo hicieron ni Puigdemont ni Quim Torra ni Pere Aragonés. Tras la pérdida del poder y una Diada descafeinada, la foto del miércoles certifica un cambio del estado de cosas en Cataluña.