La reducción de la jornada laboral, el gran escollo del acuerdo PSOE-Sumar

Madrid/PSOE y Sumar encaran la recta final de octubre, mes en el que se conjuraron para tratar de tener listo un acuerdo de coalición, inmersos en la negociación para fraguar ese pacto y con la reducción de la jornada laboral como uno de los principal puntos que les mantienen distanciados.

También ha transcendido que otros asuntos en liza son el mantenimiento de los actuales impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, como reclamó durante esta semana la líder de Sumar y vicepresidenta, Yolanda Díaz; y el reconocimiento del Estado palestino de forma incondicional y urgente.

El pasado día 4 el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y Díaz se reunieron en la nueva ronda de contactos para la investidura y ambas partes acordaron intensificar las conversaciones, con la voluntad de poder conseguir un acuerdo de Gobierno en octubre. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas ambos partidos evitan hablar de fechas concretas.

En el caso de Sumar, el equipo negociador está compuesto por los secretarios de Estado Nacho Álvarez y Joaquín Pérez Rey, así como la eurodiputada Maria Eugenia Rodríguez Palop en calidad de coordinadora del programa electoral de la coalición.

Mientras, el PSOE designó una comisión negociadora con los grupos parlamentarios de la que forman parte la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños y la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, entre otros.

No obstante, ambas partes recalcan que el mes de octubre no implica una fecha límite y el viernes, por ejemplo, el ministro de Consumo Alberto Garzón desgranó que el deadline lo marca noviembre, dado que el tope está fijado el 27 de noviembre de ese mes, cuando se disolverían las Cortes Generales si nadie logra ser investido y se convocarían nuevas elecciones generales.

Tanto Nacho Álvarez como el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, como su homóloga en el Congreso, Marta Lois, han apuntado que no puede haber Gobierno a “cualquier precio”, que la legislatura no puede ser de mera “continuidad” o al “ralentí” y que para ello es necesario lograr avances concretos y nítidos en la agenda social, como aprecian que se ha hecho en el plano territorial con el debate sobre la posible ley de amnistía.

Esta semana ambos portavoces de Sumar han puesto el foco en que un asunto que mantiene “encallado” las negociaciones y donde están alejados es la reducción de la jornada laboral, que pedirán hasta el final porque es una materia fundamental. Desde las filas de Díaz ya dejaron claro que esa disminución del tiempo de trabajo era una pata esencial de su aspiración de impulsar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, unido a otras propuestas como el endurecimiento del despido, una ley de cuidados con permisos remunerados y más iniciativas en materia de vivienda.

Los socialistas insisten en la necesidad de reeditar un Gobierno de coalición con Sumar para seguir adelante con la agenda social que desplegaron durante la pasada legislatura, y señalan que el acceso a la vivienda será una de las prioridades de los próximos años. Por el momento no han concretado detalles sobre el pacto con Sumar, conscientes de que el principal escollo para que haya Gobierno pasa por atraer los votos de Junts y en esa negociación están concentrando buena parte de sus esfuerzos.

En Moncloa y en Ferraz sostienen que no están preocupados, creen que finalmente habrá acuerdo y aseguran que las negociaciones se van desarrollando tal como habían pensado en un principio, sin complicaciones de última hora, aunque admiten que son complejas y por tanto es difícil solventarlas en unas pocas semanas.

Por otro lado, Podemos se ha desmarcado de las conversaciones con Sumar y plantea negociar de forma diferenciada con el PSOE sus cinco propuestas clave para la legislatura, como es subir el salario mínimo a 1.500 euros, congelar los precios de los alquileres durante la legislatura, derogar la Ley Mordaza y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y también han puesto sobre la mesa estar presentes dentro del Ejecutivo. Para ello, es imprescindible que la ministra de Igualdad, Irene Montero, repita en el cargo el próximo mandado.