Los rectores se oponen a los nuevos requisitos académicos para otorgar las becas

Los rectores han manifestado su desacuerdo ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el contenido del proyecto de Real Decreto sobre las becas universitarias por el que se va a exigir al alumnado un 5,5 para acceder a una beca general y un 6,00 para una beca salario. En ambos casos, se eleva medio punto la nota. Ésta es una de las principales conclusiones del Consejo de Universidades celebrado este viernes después de que la semana pasada los rectores plantaran al ministro José Ignacio Wert. Tanto la CRUE como el Ministerio han celebrado el clima de "cordialidad" y "normalidad" en que se ha producido el encuentro. "No estamos de acuerdo con el decreto de umbrales porque nos parece que en un momento de crisis como en que hay las familias se vean sometidas a otro punto más de requerimiento que afecta a su economía", ha indicado la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Adelaida de la Calle, en rueda de prensa posterior al Consejo.

La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha indicado que la postura de los rectores no es vinculante, pero que eso no implica que no se "tenga en cuenta" dentro del proceso de tramitación del decreto. Gomendio ha justificado además que el nuevo requerimiento académico garantiza que los alumnos becados continúen sus estudios, pues, según ha alertado, la mayoría de los que acceden a una ayuda con una nota por debajo del 5,5 no finalizan la carrera. "Tenemos que asegurarnos de que es una inversión eficiente y una garantía de que van a continuar", ha añadido. Los requisitos del decreto se van a aplicar a todos los estudiantes, incluidos aquéllos que ya contaban con una beca, ha confirmado Gomendio. Estos últimos van a tener que superar un porcentaje mayor de créditos si quieren renovar la beca, es decir, entre un 80 y un 90 por ciento para los estudiantes de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y un 65 por ciento para los de ingenierías y Arquitectura.

Aunque el Gobierno va aprobar este decreto "lo antes posible", va a coincidir con las pruebas de acceso a la Universidad o Selectividad. "El mensaje para los estudiantes es que se esfuercen más", ha dicho la secretaria de Estado, al ser preguntada por el retraso de la aprobación del decreto que entrara en vigor después de que los alumnos de varias comunidades autónomas realicen los exámenes. Otro de los asuntos debatidos este viernes ha sido el decreto de Selectividad, por el que se aplaza la prueba oral de inglés al curso 2013-2014. En este sentido, De la Calle ha expresado su conformidad al respecto y ha alertado del "altísimo coste" que supone para las universidades poner en marcha este examen. En este sentido, ha propuesto que los alumnos realicen antes esta prueba en los centros de Secundaria. Al respecto, la secretaria de Estado ha señalado que este curso se está realizando una prueba piloto, que se va a evaluar para ver la forma en que el examen de inglés oral se puede introducir en la Selectividad. "Dependiendo de esto, decidiremos cómo se puede hacer", ha indicado.

Sobre la reunión, Gomendio y De la Calle han coincidido en subrayar en "entendimiento" entre el ministerio y los rectores y ambas han destacado el "análisis profundo" de la situación de la Universidad realizado por ambas partes. "Ha sido un Consejo normal y eso es lo que da la mejor definición de cómo debe ser nuestra forma de actuar. Hemos tenido la oportunidad de debatir", ha añadido De la Calle. La número dos del departamento de Wert también ha afirmado sobre el informe del Comité de Expertos para la futura reforma del sistema univertitario que los rectores "serán los primeros" en conocer su contenido.

Consejo extraordinario

También se ha acordado la fecha para el Consejo de Universidades extraordinario, que se celebrara el próximo jueves 7 de junio por la tarde, y cuyo único punto del orden del día es el debate sobre el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en materia educativa, que contempla el aumento de las tasas universitaria, el déficit de las universidades o los cambios en el régimen de dedicación docente e investigadora de los profesores universitarios. Los rectores han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a algunas de estas medidas y, según De la Calle, esperan que el ministerio les escuche y pueda introducir sus propuestas de mejora. La secretaria de Estado ha subrayado su disponibilidad al respecto y ha indicado que se podrán hacer modificaciones en todos aquellos puntos del decreto que requieran un desarrollo normativo.