A prisión sin fianza los cuatro condenados por la agresión de Alsasua

La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para cuatro condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en 2016 al estimar que existe riesgo de fuga.

Cuatro días después de que se hiciese pública la sentencia por estos hechos, la sección primera de lo Penal ha acordado, a petición de la Fiscalía y de varias acusaciones, enviar a la prisión de Soto del Real (Madrid) a Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urraizola e Iñaki Abad.

El tribunal cree que los indicios de criminalidad contra ellos se han visto consolidados en una sentencia condenatoria, pese a que ésta aún no es firme, por lo que existe el riesgo de que puedan huir de la Justicia.

Desestima de esta forma los argumentos de las defensas, que han sustentado su petición de libertad en el arraigo personal y familiar de los condenados, algo que, según la Sala, no desvirtúa el riesgo de fuga.

Los cuatro jóvenes, que han sido detenidos la mañana de este martes, fueron sentenciados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, y con ellos ya son siete los condenados por la agresión de Alsasua que se encuentran en prisión antes de que la sentencia sea firme, en tanto que otros tres llevan encarcelados en Soto del Real año y medio.

La única que está en libertad es Ainara Urkijo, sobre quien recayó la pena mayor, 2 años, y que previsiblemente no entrará en prisión.

Durante la vistilla de medidas cautelares que ha celebrado este martes a puerta cerrada la Audiencia Nacional, tanto el fiscal como la Abogacía del Estado y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejercen de acusación en la causa, han pedido prisión para ellos por riesgo de fuga.

Por contra, las defensas de los cuatro jóvenes han recordado que sus representados nunca han eludido la acción de la Justicia desde que sucedieron los hechos, ni siquiera cuando la Fiscalía pedía penas mucho más elevadas para ellos.

También han alegado que actualmente tienen un puesto de trabajo y que todavía la sentencia no es firme por lo que persiste la presunción de inocencia.

En la sentencia, que condenó a penas de entre 2 y 13 años de prisión a los ocho jóvenes acusados, la Audiencia rechazó que la agresión tuviese una finalidad terrorista, como sí contemplaba la Fiscalía, a pesar de la "notabilísima gravedad de los hechos".

Sí que apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

La sentencia fue criticada por ayuntamientos como el de Vitoria y Pamplona, así como el Parlamento de Navarra.