El presunto cerebro de la trama se construyó un zulo en su casa para ocultar su patrimonio de 33 millones

Madrid/El constructor David Marjaliza, socio del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y presunto cerebro de la trama del caso Púnica, mandó construir un zulo en su casa de Valdemoro (Madrid) al objeto de "ocultar parte de su patrimonio", que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco eleva a un total de 33.498.675,30 euros.

En un auto que forma parte del sumario del caso, el magistrado señala que, "a tenor de la información recabada de distintas fuentes, se ha podido saber que David Marjaliza habría encargado la realización de un zulo o habitación oculta que podría encontrarse en un inmueble de su propiedad" situado en el número 14 de la calle Libertad de Valdemoro.

Aunque los investigadores no conocen el "propósito" de este zulo, Velasco considera "verosímil" que Marjaliza estuviera pensando disponer de este espacio para "ocultar obras de arte o dinero en efectivo". En este sentido, apunta que la empresa de transportes que trasladó sus obras de arte a Suiza eran recogidas en un garaje de la calle Ruiz de Alda de Valdemoro, paralela a la vía en la que se encuentra su domicilio.

En la resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala que "llama la atención" que la sobrina de Marjaliza, a pesar de haber nacido en 1997, "acumula un patrimonio de 14 inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros". La joven vivía en el domicilio del constructor junto a su madre, Ana María Marjaliza, también imputada en el procedimiento. "Este abultado patrimonio podría responder al deseo de evitar que dichos inmuebles figuren a nombre de otras personas del núcleo familiar de David Marjaliza o de sus empresas, pudiendo custodiarse en dicho domicilio documentación o títulos que justifiquen su adquisición o transferencia", señala el magistrado.

La resolución, fechada el pasado 23 de abril, apunta que el "abultado" patrimonio de Marjaliza está centralizado en la sociedad Nexus, que está a nombre de Sara Hervás, según se desprende de los documentos que fueron incautados por la Guardia Civil en el domicilio de Ana María Ramírez, secretaria personal de Marjaliza y mano derecha del constructor. El auto apunta que el presunto cerebro de la red Púnica "controlaba un vasto entramado empresarial cuyo complejo diseño no obedecía a una actividad empresarial real" sino que trataba de establecer "una red de participaciones cruzadas con Ia que ocultar Ia verdadera titularidad real de los bienes".

Las empresas de Marjaliza tenían a su disposición cajas de seguridad en al menos tres entidades bancarias, en las que el empresario guardaba 750.000, 450.000 y 300.000 euros, respectivamente. En las llamadas telefónicas intervenidas a los miembros de la red también existen indicios, según el auto, de que el empresario mantenía "patrimonio oculto a nombre o bajo la custodia de terceros".

Así, por ejemplo, Marjaliza mantenía conversaciones con su madre, Cecilia Villaseñor Granados, en relación con un ingreso de 100.000 euros que el constructor consiguió con la venta de un barco y que esta guardaba en una caja fuerte de la localidad de San Javier (Murcia). También consta una conversación de julio de 2014 en la que el imputado pedía a José Manuel Cruz Calvo que le sacara 800.000 euros de una cuenta bancaria.

Pago de un sobreprecio de 400.000 euros a Granados

Marjaliza pagó a Granados un sobreprecio de 400.000 euros por la venta de un terreno ubicado en Valdemoro al comprarlo por una cantidad que superaba en un 40 por ciento el valor de mercado. Es lo que establece un informe de marzo de 2015 de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción -perteneciente a la Agencia Tributaria (AEAT)-, contenido en el sumario.

Según ese informe, Granados y su mujer, Nieves Alarcón, vendieron en 2007 un terreno urbano en ese municipio madrileño -del que Granados fue alcalde durante cuatro años- a María del Mar Alarcón y Alberto González -la hermana de Nieves y su esposo- por 240.000 euros. Trece días después, a los cuñados de Granados se les otorgó un préstamo hipotecario por 200.000 euros, probablemente -según la Agencia Tributaria- por ese terreno, tasado en algo más de 250.000 euros, un valor ligeramente superior al precio por el que se vendió.

Esa operación discurrió en paralelo a otra venta de Granados a Servicios Logísticos Inmobiliarios, sociedad de Marjaliza. Así, esta empresa pagó por la parcela un 40 por ciento más que el valor de mercado, de forma que el sobreprecio superaría los 400.000 euros. Según el sumario, Marjaliza obtuvo durante años numerosos contratos de ayuntamientos de municipios madrileños gracias a la mediación de Granados, amigo suyo desde la infancia y socio en varios negocios.

Por otro lado, el informe muestra que en 2009, los cuñados de Granados compraron una vivienda en Valdemoro a la sociedad Promodico, igualmente implicada en la trama, por 350.000 euros. Sin embargo, la tasación del préstamo hipotecario valoró la casa en 476.000 euros, lo que parece indicar, según la AEAT, que habrían obtenido una rebaja de 125.000 euros en la compra.

Ante todas estas informaciones, el diputado regional del PP y ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado este sábado que tomará acciones judiciales contra las acusaciones de percibir una mordida gracias a la concesión de un contrato municipal a Cofely cuando era regidor de la localidad mostoleña. En su cuenta de Twitter, Ortiz niega las informaciones recogidas en la web de la Cadena Ser en la que se indica que el sumario del caso Púnica recoge pinchazos telefónicos que demostrarían que Ortiz habló con un representante de Cofely para negociar la cantidad que reclamaría para sí por conceder un contrato a través del entonces concejal de Medioambiente, una cifra que habría ascendido a los 240.000 euros.

"Desmiento rotundamente la noticia aparecida en la Web de la cadena Ser", apunta el diputado popular en Twitter, afirmando que esas actuaciones "nunca han existido" y que rechaza las acusaciones "con absoluta firmeza y contundencia". "En este sentido, ejercitaré la acción judicial que me asista para la defensa de mi honor", ha concluido.

La trama Púnica, desarticulada en octubre de 2014, consiguió contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.