Los presos con beneficios penitenciarios tuvieron que pedir perdón a las víctimas

La política penitenciaria desplegada por el Gobierno socialista desde el final de la tregua anterior para dividir al Colectivo de Presos de ETA condicionaba los acercamientos al País Vasco a que los internos terroristas declarasen por escrito su ruptura con la banda y pidiesen perdón a sus víctimas, entre otros requisitos tradicionalmente rechazados por el Colectivo de Presos, que es contrario a estos beneficios individuales y exige una amnistía completa.

Además, estos presos que aceptaban escenificar su ruptura con la banda tenían la obligación de asumir el daño causado y su responsabilidad civil derivada de los atentados. Cerca de una treintena de presos que se hallan en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) tuvieron que rellenar un documento plasmando estos requisitos tal y como establece el Código Penal de 2003, en algunos casos enfrentándose al rechazo de su entorno y familiares.

No se trataba de un documento estándar, sino que cada preso redactó su escrito de manera voluntaria, han precisado las fuentes consultadas por Europa Press, que recuerdan que estos beneficios penitenciarios se aplican siempre de manera individual.

En el caso de que estos presos confirmasen su ruptura con ETA el reglamento penitenciario les abría además la puerta a otro tipo de beneficios como los días de permiso, siempre que tengan una cuarta parte de la condena cumplida, la posibilidad de salir a diario a trabajar o estudiar mediante la aplicación del artículo 100.2 o incluso la concesión de tercer grado -régimen abierto-, en este caso con al menos la mitad de la condena cumplida.

También mediante otros requisitos -tercer grado, tres cuartas partes de la condena cumplida y pronóstico de reinserción favorable- se podrían llegar a acoger a la libertad condicional, un derecho históricamente vetado por ETA a sus internos en las cárceles por considerarlo algo propio de presos comunes.

Contra esta estrategia se ha mostrado siempre el Colectivo de Presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) marcando distancias con aquellos que eran trasladados a Nanclares de la Oca. Así lo manifestó en el reciente comunicado en el que se sumaban al acuerdo de Guernica, pero introduciendo matices precisamente en este punto.

Mientras que los firmantes de Guernica sí celebran la posibilidad de acogerse a los beneficios contemplados en la ley, el EPPK rechazaba de plano esa posibilidad de soluciones individuales y exigía una solución en bloque para el Colectivo que pasa por un reconocimiento de su "estatus político" y la concesión de una "amnistía completa", pese a que esta medida está prohibida por ley. Además los presos de ETA cargaban duramente contra la política de dispersión ejercida por el Estado desde hace décadas.

El Ministerio del Interior llevó a cabo por cuestiones puramente estratégicas numerosos traslados y movimientos de presos entre los que hay alejamientos, pero también acercamientos de presos que no necesariamente han firmado ningún documento. Esta estrategia se retomó con fuerza tras la ruptura de la tregua anterior y tenía por objeto dividir el Colectivo de Presos con dos cárceles de referencia Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias).

Fuentes penitenciarias han explicado que la ley no especifica en qué cárcel debe cumplir condena un preso y que es una cuestión que depende en exclusiva de Instituciones Penitenciarias. Eso es lo que propició la política de dispersión de presos que tenía por objeto desde hace décadas debilitar a la banda en las cárceles e impedir que se reproduzca su jerarquía en las prisiones.

Pero del mismo modo, las mismas fuentes advierten que, en caso de que la banda se disolviese, la misma ley permitiría entonces un acercamiento masivo y recuerdan precedentes como cuando se decidió que ningún preso etarra cumpliese condena en Canarias o Ceuta y Melilla o el acercamiento que llevó a cabo el Gobierno de Aznar durante la tregua de 1998.