El presidente del CGPJ carga contra la amnistía por ser "moneda de cambio" de un "pacto político"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, defiende que se abstuvo el pasado jueves en la votación sobre los dos informes que el Pleno tenía sobre la mesa relativos a la proposición de ley de la amnistía por el "evidente componente político" de la norma, que tacha de "transacción política", y de "contrapartida" a la investidura.

Así lo explica en un documento de nueve folios en el que justifica su voto en blanco al considerar que era "prudente mantener cierta neutralidad" ante una proposición de ley que, a su juicio, se utiliza como un "como instrumento de actividad política" toda vez que entiende que "su aprobación es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del presidente de Gobierno".

El presidente interino del órgano de gobierno de los jueces insiste en que "la amnistía tiene una causa relativamente simulada en los términos en los que la describe la exposición de motivos", es decir, que no tiene como finalidad la convivencia en Cataluña, sino una mera "transacción política".

"En función de todo ello con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos. Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos", señala.

Guilarte hace un repaso de los argumentos esbozados por los dos vocales ponentes de los informes que se sometieron a votación: el del vocal del ala conservadora Wenceslao Olea -que recabó nueve votos y veía inconstitucional la ley- y el de la vocal del sector progresista Mar Cabrejas -que contó con cinco apoyos y defendía que tenía cabida en la Carta Magna.

Con todo, asegura que si el informe sobre la ley de amnistía "se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe pues cuanto se trata a propósito de estas cuestiones obedece a una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo". "La polaridad que nos acosa lo ha impedido", sostiene.

En el marco de su escrito, insiste en "alentar la imprescindible renovación del CGPJ pues son escasos los mensajes que en tal sentido dirigimos a la clase política: pudiera parecer que la situación no nos incomoda".