La ley de amnistía borra todos los delitos ligados al 'procés' desde 2012 sin excepciones

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán -9-N y 1-O incluidos- abarcaría a los dirigentes del 'procés', a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019.

Así consta en el texto, que acota la amnistía a un contexto temporal que comprende desde el el 1 de enero de 2012, "año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista", y este 13 de noviembre de 2023.

Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

Es decir, anula la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña. Solo se excluirían los delitos de terrorismo siempre que haya sentencia firma, algo que no ocurre con los encausados de CDR y Tsunami Democràtic, aún pendientes de juicio oral.

Sí dejaría finalmente fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts o PSOE, sí que podrían haber tener cabida como supuestos casos de 'lawfare'. La ley no recoge esa palabra en sus 23 páginas de redactado, por lo que no no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el procesamiento del clan de los Pujol.

La ley incluye, además, una referencia directa al ex president Carles Puigdemont al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a otros tres dirigentes fugados.

Estos son los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Los líderes independentistas

El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.

También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn -condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal-, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.

El texto a su vez tendría impacto en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia tras la reforma que derogó la sedición, y contra la que también pesa orden de detención nacional. Igualmente beneficiada resultaría la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, procesada por desobediencia.

Los encausados del Tribunal de Cuentas

La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.

En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio tribunal, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 ex altos cargos del Govern.

La lista total de los 35 incluye al propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas. También recoge los nombres de exconsejeros condenados por el Supremo, como Romeva y Turull; exconsejeros huidos, como Comín y Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Al procedimiento sobre el 1-O y la acción exterior del Govern se suma la consulta del 9-N, lo que elevaría la responsabilidad contable hasta los casi 10 millones de euros. En 2018, el TCu condenó a Mas y a nueve miembros de su Gobierno a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros --más intereses-- por la organización de la consulta independentista del 9-N.

La norma dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

También en el seno de la Audiencia Nacional, la amnistía abarcaría a los 10 investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 'procés' en 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

La ley explica que quedan excluidos de la amnistía únicamente "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Cabe recordar que la causa de los CDR está pendiente de juicio y la relativa a Tsunami sigue en instrucción, por lo que no ha habido fallo en ninguno de los dos casos.

La amnistía abarca "los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Cataluña o la celebración de las consultas".

Incluye además "los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos" del independentismo o "a los encausados o condenados por la ejecución de cualesquiera de los delitos" amnistiados.

12 CDR procesados por terrorismo

El juez propuso juzgar a los 12 miembros de los CDR por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando a ocho de ellos además delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

Todos ellos, siempre según el juez, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

Los disturbios de Tsunami Democràtic

El juez abrió la causa relativa a Tsunami Democràtic en 2019 para esclarecer el rol que habría tenido la plataforma en los disturbios que siguieron a las condenas a los líderes separatistas. Este mismo mes, el magistrado ha incidido en que "existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo" en concurso con uno de desórdenes públicos.

En el marco de la causa, el juez ha imputado a Rovira y ha dirigido sus pesquisas contra Puigdemont, al que ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente porque para imputarle debe recabar antes el permiso de la Eurocámara, de la que forma parte y por la que goza de inmunidad, y del Supremo, tribunal ante el que está aforado.

Plazo para su aplicación

La proposición de ley da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía.