Los políticos presos entran en la campaña electoral

Madrid/El procés, el juicio contra sus responsables y los permisos o restricciones para los que son candidatos se cruzaron este martes en el debate político de la quinta jornada de la campaña electoral.

Oriol Junqueras fue noticia por partida doble, por un lado como cabeza de lista a las europeas, porque la Junta Electoral Central denegó la solicitud de ERC para que participe por videoconferencia en el debate de candidatos europeos en TV3, alegando que resulta incompatible con el régimen horario de la cárcel de Soto del Real (Madrid). Una prohibición que la JEC también decretó para Toni Comín, candidato de JxCat Lliures.

El cabeza de cartel de esta formación a las europeas, Carles Puigdemont, rehusó participar en el debate por el veto al líder de ERC: "Si Oriol Junqueras no puede participar, yo no participaré". "Nos parece un hecho muy grave que atenta a un derecho fundamental que es el de participación", añadió desde Bélgica.

Y, por otro lado, porque el Supremoautorizó a Junqueras, junto a otros tres diputados y un senador electos que se encuentran en prisión preventiva, a participar el próximo martes en la sesión constitutiva de las Cortes. Será a cinco días de la próxima cita con las urnas cuando se celebre dicha sesión en el Congreso y en el Senado y se produzca este momento inédito en democracia: la asistencia a las Cortes de cinco parlamentarios electos que se encuentran en prisión preventiva.

Un hecho sin precedentes en el Congreso y el Senado

El Congreso y el Senado vivirán el martes un hecho sin precedentes, lo que obligará a los servicios de seguridad a rediseñar sus dispositivos. La Sala de lo Penal del Supremo que juzga el procés resolvió que Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez –diputados electos–, junto a Raül Romeva –senador electo–, acudan a las sesiones constitutivas de las cámaras al considerarlos "actos indispensables" para adquirir su condición de parlamentarios.

Un permiso de carácter "excepcional", destacó el auto, que detalló que los cinco tendrán que ser "debidamente custodiados" y añadió: "Deberán adoptarse por la Presidencia de ambas cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad". "Sin dilación", concluyó, los cinco deberán ser reintegrados al centro penitenciario, en este caso, la prisión de Soto del Real, una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión.

Con los planes del operativo ya avanzado, la logística pasa porque los presos sean conducidos a primera hora de la mañana –la sesión comienza a las diez– desde Soto del Real al Congreso o al Senado en un vehículo de la Uprose, la unidad de la Guardia Civil especializada y con competencias para realizar este tipo de trayectos. Una vez lleguen, será la Policía Nacional tendrá la tarea de custodiar a los reclusos y, al mismo tiempo, garantizar su integridad.

En el auto, el tribunal rechazó la solicitud del suplicatorio al Congreso y al Senado para continuar el juicio. De modo que la Mesa del Congreso puede aplicar el artículo 21.1 del reglamento: "El diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes" si, "concedida por la Cámara la autorización de un objeto de suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Los letrados del Congreso estudian ya los escenarios y es probable que reporten un informe a la nueva Mesa si lo pide. En el caso del Senado, la institución también estudiará el auto del Supremo para tomar las medidas oportunas.