Un partido antipático

EL calificativo lo utilizó un antiguo dirigente del PSOE, del PSOE anterior a Zapatero y Sánchez, en una reunión privada.

Se hablaba de la situación política general, muy centrada en la amnistía, Begoña Díaz, los cinco días “de reflexión” del presidente, y las boutades de algunos miembros destacados del sanchismo faltos de argumentos brillantes con los que defender a Pedro Sánchez. En el fragor de la discusión, en la que se notaba decepción, preocupación y tristeza por los últimos acontecimientos, ese antiguo dirigente, cuyo nombre no recoge esta periodista por tratarse de un encuentro privada, dijo “Sánchez ha convertido al PSOE en un partido profundamente antipático”.

Los asistentes le dieron la razón. Los españoles tenían motivos sobrados para considerar al PSOE actual un partido antipático. Y eso que todavía no se conocía aún la decisión del Tribunal Constitucional de anular las condena de los encausados por el caso de los ERE, la mayoría de ellos dirigentes del Gobierno socialista andaluz. Fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, en sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. Ante la decisión del TC, multitud de profesionales del Derecho consideran que el alto tribunal encontró la manera de interpretar la ley de manera que servía en bandeja a Pedro Sánchez lo que buscaba: la amnistía encubierta de los condenados por los ERE.

Pero aún quedaba más por tragar. Por ejemplo, las declaraciones de Manuel Chaves, ex presidente del Gobierno andaluz, ex ministro de Trabajo de Felipe González y ex presidente del PSOE, uno de los 19 altos cargos del Gobierno andaluz condenados por el Tribunal Supremo por el caso que se ha considerado como el de mayor corrupción que se ha vivido en el ámbito político, en el que se estafaron 680 millones de euros de fondos públicos.

Chaves, por prevaricación continuada, fue condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que su sucesor en la Presidencia andaluza, José Griñán, fue condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación.

El primero, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional en la que recogía que los dos ex presidentes no habían tenido responsabilidad en el caso de los ERE porque se limitaron a aceptar decisiones presupuestarias aprobadas en el organismo competente, declaró que habían sido víctimas de “una gran operación política y mediática montada por el PP”, añadiendo que “la losa política ha desaparecido. Siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestra gestión”. Chaves anunció su intención de solicitar nuevamente el carné del PSOE, que le fue retirado por su partido cuando se conocieron los términos de su condena.

Las arremetidas contra los jueces

En aquel momento, nadie de su entonces partido, y que volverá a serlo, denunció ningún tipo de operación política contra el ex presidente de los andaluces y presidente federal del partido. Pero los encausados en el caso ERE se han visto ahora favorecidos por la necesidad de Sánchez de imponer su criterio ante decisiones judiciales que perturbaban su carrera presidencial. De rebote, ha afectado positivamente a los condenados por los ERE.

Todos los pasos dados por Pedro Sánchez a lo largo de los últimos años, se han centrado en intentar manipular la Justicia de manera que borrara las biografías delictivas de los dirigentes de los partidos que le dieron el apoyo parlamentario indispensable para continuar en el poder –Junts, ERC y miembros de formaciones independentistas que crearon los CDR y Tsunami Democratic–, más las maniobras para “salvar” a su mujer y a su hermano de las investigaciones judiciales.

Esa interferencia en el poder judicial, contraria al Estado de Derecho, ha dado pie a que miembros destacados del sanchismo se consideraran no sólo con derecho a atacar sentencias judiciales, sino que han ido aún más lejos al denunciar interferencias políticas en decisiones de jueces y fiscales. Se ha desencadenado una especie de carrera entre los dirigentes cercanos a Pedro Sánchez para ver quién demostraba más adhesión inquebrantable al líder denunciando todas aquellas decisiones judiciales que perjudicaban a Pedro Sánchez, tanto en lo político como en lo personal. Singularmente, en las relacionadas con los negocios de su mujer.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, látigo del Gobierno contra la oposición por su dureza verbal y su falta de pudor para utilizar un lenguaje impropio del debate político, en el que se acepta la dureza pero incomoda la falta de educación, no ha dudado en dar opinión sobre la situación que vive el Gobierno, y su partido, por la forma en la que la Justicia investiga a la mujer de Pedro Sánchez y por las críticas al Tribunal Constitucional por anular las condenas de los ERE.

Puente, que ejerció como abogado antes de ser elegido alcalde de Valladolid, ha dicho que le parece “inconcebible” el proceso contra Begoña Gómez, que se está haciendo una revisión a su vida con mirada retrospectiva y que no había conocido un caso igual durante sus años como profesional de la abogacía. Y lo ha resumido en dos frases con las que consideraba que daba credibilidad a sus palabras, cuando se trataba de una versión tan esquematizada que se convertía en una falsedad: “Una institución –la Complutense– a la que el juez acude para pedirle un informe, emite un informe en el que dice que no encuentran nada que permite decir que ha habido irregularidades, pero dice al juez que, si acaso, usted investigue”.

No es cierto que no haya nada, porque la Complutense ha apuntado que veía en Begoña Gómez “apropiación indebida” de un producto de software que la mujer del presidente registró como propio y comercializó, y además la universidad ha dado cuenta de facturas de Begoña Díaz por gastos de representación que no ha justificado a pesar de que se le habían pedido que especificara los gastos.

Begoña no es una "víctima"

Begoña Gómez cuenta con un buen abogado, el ex ministro Antonio Camacho, que como es su deber, ha utilizado todos los resortes para que su clienta salga limpia de las investigaciones judiciales. Pero gran parte de los españoles tienen un concepto poco amable de la esposa presidencial. No hay semana en la que no aparezcan dos o tres noticias sobre iniciativas de la mujer del presidente que no se compadecen con la imagen de esposa que intenta tener una cierta actividad profesional al margen de las responsabilidades de Gobierno de su marido; pero que, desgraciadamente, no se mueve bien en los vericuetos legales.

Al contrario, la imagen que transmite Begoña Gómez es la de una mujer que ha utilizado la influencia de su situación convocando reuniones de trabajo con sus “jefes” en la propia Moncloa, alguna de ellas con asistencia del presidente. Una mujer que hace negocio a través del máster que se buscó ella misma… convocando al rector de la Complutense en Moncloa; una mujer que no ha dudado en firmar cartas de recomendación al Gobierno de posibles patrocinadores de su máster, y que hace uso de fondos públicos para gastos sin justificar, porque la UCM es una universidad pública.

Con todos esos elementos sobre la mesa, desde el poder que ostenta su marido se pone en marcha una campaña de descrédito al juez Peinado, se le exige que no llame a declarar como testigos a dos vicerrectores que conocen bien las circunstancias laborales de Begoña Gómez, se exige que su declaración no sea grabada en imagen, solo en vídeo –entrar por el garaje no es tan relevante, aunque exageradas las medidas de seguridad– y además decide no declarar cuando se había anunciado que lo haría a preguntas del juez y de su abogado, aunque no de la Fiscalía ni la acusación particular.

El epílogo es difícil de prever, tal como maneja este Gobierno los asuntos judiciales que le afectan. Pero es indiscutible que tenía razón el ex ministro socialista que decía, en privado, que el PSOE se ha convertido en un partido antipático. Y tanto.