La pareja de Ayuso demanda a María Jesús Montero ante el Supremo y le reclama 40.000 euros

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor y le reclama por ello 40.000 euros.

González Amador ha optado por acudir al Supremo después de que Montero no acudiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que interpuso el novio de Díaz Ayuso en relación a unas declaraciones de la ministra relativas al presunto delito fiscal cometido por éste.

El acto de conciliación, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, fue convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid y al no comparecer nadie por la parte de Montero, quedó sin efecto, y ahora González Amador ha optado por llevarla al Supremo, al ser la vicepresidenta aforada.

La demanda se centra en concreto a las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre de este año, según las fuentes consultadas.

González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".

La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.

La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.