Pactar no da calambre

Pactar es, básicamente, cuestión de voluntad. Implica ceder para avanzar, pero sobre todo requiere de las ganas de los intervinientes. Al PSOE y al PP les ha costado 2.030 días, cinco años y medio, encontrar un espacio para el entendimiento. No hay en este proceso –vergonzoso y de clara insumisión constitucional– un reparto simétrico de responsabilidades.

El PP ha bloqueado este paso durante un lustro por un mero interés político, temiendo perder el control del órgano –suena duro decirlo así pero ¿tienen una forma más precisa de definirlo?– al alterarse su composición como consecuencia de la llegada del PSOE al poder y la elección de nuevos vocales en función del juego de mayorías y minorías en las cámaras. Como ha ocurrido siempre, vaya. Las tres veces que se ha bloqueado la renovación del Consejo fueron con el PP en la oposición. Haberlo renovado hace cinco años sólo hubiera sido una repetición de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores pero a la inversa. Pero Feijóo optó por convertirlo en algo excepcional y empacar su negativa en el gran lote político-mediático de la legislatura: la ilegitimidad del Gobierno. Si un Gobierno es ilegítimo, todo lo que hace, por extensión, es ilegítimo. La renovación del Consejo lo era, según ese discurrir. Su bloqueo, no. Nada hay acreditado sobre la ilegitimidad del Gobierno. Sí hay literatura y argumentos sobre la conveniencia de sus pactos con independentistas y abertzales o sobre las consecuencias de esos pactos. Ese es el territorio de la política y es opinable. Pero la ilegitimidad en el sentido de carecer de ella o no tener ni base jurídica ni apoyo del derecho para sus actos es sólo un invento, dañino para el sistema, por cierto. Y por mor de ese invento y por el temor a perder la mayoría en el Consejo hemos llegado hasta aquí, con un CGPJ caducado por cinco años y un aroma hediondo.

La Justicia, cosa de los ciudadanos

¿Saben qué ha ocurrido durante estos cinco años de bloqueo? Deberían, porque las consecuencias son tremendas especialmente para los ciudadanos en general y los justiciables en particular. Durante este tiempo se han añadido más retrasos a la ya de por sí lenta justicia española. Ya conocen el adagio: "La justicia lenta no es justicia". En España, en 2022, se quedaron 42.995 causas sin resolver, de las cuales 21.000 correspondían a la sala civil, que ve los asuntos que afectan directamente al día a día de los ciudadanos. Casi mil sentencias anuales se han dejado de dictar en materia de divorcios y herencias. En la Sala de lo Social y lo Contencioso-Administrativo se firmaron 1.200 sentencias menos que el año anterior. Desde que se nombren todas las vacantes por el renovado CGPJ será necesario como mínimo medio año para ponerse al día, un trabajo extra que obviamente también afecta a los jueces, que van sobrepasados.

A día de hoy hay 85 puestos de la cúpula judicial sin nombrar, tanto en el TS (23) como en los tribunales superiores de justicia (36), en las audiencias provinciales (25) y uno en la Audiencia Nacional. Incluso existe una valoración económica del coste de la no renovación en cinco años: 60 millones de euros. Frecuentemente cuando se habla de la renovación del CGPJ parece una cosa de políticos y jueces. Pero realmente es una cosa de ciudadanos.

El mismo texto de hace año y medio

En Bruselas, bajo la mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el eurodiputado del PP Esteban González Pons rubricaron el martes un papel que contenía idéntico contenido al que tenían pactado hace un año y medio. ¿Cómo se demanda esa responsabilidad política? Haber añadido un año y medio de bloqueo por puro interés pone de manifiesto el nivel de quienes perpetran este acto contra la razón y los intereses del país.

El acuerdo se declina a partir de una proposición de Ley orgánica para reformar la Ley del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal con el objetivo de reforzar las garantías de independencia de los jueces y magistrados y la independencia de la Fiscalía General del Estado. Para ello, se pide que el GGPJ apruebe por mayoría de tres quintos una propuesta para reformar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. En condiciones normales, la exigencia de una mayoría reforzada garantiza un pacto muy amplio y transversal o por el contrario lo aboca a un acuerdo imposible en un consejo de diez miembros del PSOE y diez del PP más el presidente. La propuesta se tramitaría y debatiría en las Cortes. O sea, se va a renovar el Consejo con la ley actual y se siembra la reforma para el futuro. La nueva ley debe tender a reforzar la independencia del órgano limitando el regreso a la carrera judicial de los jueces y fiscales que entren en política.

Presión para Feijóo

La propuesta que haga el CGPJ tendrá que ser sometida a debate y veremos cómo se tramita y aprueba. Mientras el PP da por hecho que el futuro es que los jueces elegirán a los jueces, Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, ha echado agua fría: "Que los jueces elegirán a los jueces no aparece en el acuerdo". Ciertamente no está en la letra de lo pactado. Veremos si es sólo una posición para defender que el PSOE es el vencedor del pacto o el anuncio de futuros nubarrones. Literalmente el acuerdo lo que dice es que “se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”. La mayoría reforzada obliga a un pacto en el Consejo. Resulta impensable que el PSOE no respete, con los matices y transacciones lógicas de toda ley, el espíritu de lo que emane del órgano recogido además en un acuerdo rubricado por su ministro de Justicia. De momento, los contrarios al pacto, especialmente en el ala más derechista del PP, en Vox y en otros entornos, se está alimentando esa duda para situar a Feijóo ante una supuesta impericia negociadora y, por ende, como si hubiera sido poco menos que timado por los socialistas. Ya le están endosando por anticipado la responsabilidad de lo que ocurra.

A cinco días del ultimátum y con Bruselas presionando

El resultado del pacto es un camino intermedio en el pulso entre la propuesta del PP de que los jueces eligieran ya a los jueces y la del PSOE que quería renovar el sistema con la ley vigente, lo que se hará. Y las dos partes han aceptado una propuesta para la reforma del sistema.

El acuerdo llegó cinco días antes de que venciera el ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estaba decidido a reformar la ley para dejar al CGPJ sin competencias para nombrar a los jueces del TS, de los tribunales superiores y las audiencias provinciales. La otra presión venía de Bruselas, con la vicepresidenta negándose a presidir una nueva reunión entre las partes y además con los informes del Estado de derecho de 2022 y 2023 de la UE –y el de 2024 que venía más contundente– en los que se advertía a España de la obligación de renovar con urgencia el CGPJ y devolver a la Justicia cierta normalidad. El Gobierno europeo sí instaba, una vez renovado el órgano de gobierno de los jueces, a iniciar los trámites para cambiar el método de elección de los jueces en el futuro. Lo que no figura en ningún sitio ni ha quedado establecido es que la Comisión Europea haya adoptado algún papel de garante del cumplimiento de los acuerdos. La vicepresidenta y el comisario de Justicia se vieron implicados en ese teatrillo por el PP, lo que por cierto ha sido un desdoro para nuestro país, pero poco más.

El acuerdo era sencillo

Al final el acuerdo se ha cerrado con la ley vigente: el PSOE impone la lógica legal y su posición política. A la vez se inicia la reforma del método de elección: lo que el PP quería anticipar pero que va a conseguir en el futuro. Los populares también logran sacar del pacto político la elección del presidente del TS, que será elegido por los vocales, aunque en realidad lo que se va a hacer es cumplir la ley.

Llegados aquí parece que el acuerdo era bastante sencillo. ¿No creen? Visto lo visto, ambos podían haber firmado el mismo pacto hace cinco años y no habríamos ahorrado el bochorno y las consecuencias del bloqueo y de haber recurrido a la UE en una teatralización de la desconfianza del PP en el Gobierno. El pacto va en buena dirección respecto a una justicia menos manoseada. Lo que es más dudoso que sea un automatismo que haga “la justicia española más independiente” y que se inicie “el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos”, como proclamó ufano Gonzalez Pons tras la firma. Básicamente, porque eso dependerá de si los políticos sacan realmente las manos de ese entorno y de si los vocales deciden actuar con independencia real. No son las normas, es el factor humano y el interés político.

Feijóo que habrá soportado lo suyo a su derecha externa y a su derecha interna abrochó el pacto con unas declaraciones que piden mármol después de haber propiciado un bloqueo de cinco años: "Habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del Gobierno. Sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado". Lealtad en diferido.

Banco de España, RTVE, CNMC, a la espera

Ahora mucho ánimo y a seguir con los acuerdos: aguardan asuntos igual de relevantes en el Banco de España, el Consejo de RTVE y la comisión Nacional del Mercado de la competencia, aunque el líder gallego dice que es muy "pesimista" respecto a que se haya inaugurado un nuevo tiempo en la relación con el PSOE.

Aun así, todos salen ganando, tal es el efecto benefactor de los pactos importantes. Gana el Gobierno, que se da un homenaje de talante y consenso en un momento crítico de la legislatura. Y gana Feijóo con el acuerdo y envía un mensaje de independencia a sus huestes más levantiscas que esperan ilusionadas que Ayuso toque el tam tam algún día. Gana el líder popular aunque haya necesitado cinco años, un ultimátum del presidente del Gobierno y las advertencias de la Comisión que iban camino de derribar en procedimientos sancionadores. Este pacto, ojo, ha sido forjado por los dos grandes partidos de Estado y supone una especie de retorno temporal y acotado del bipartidismo institucional. Así están de enfadados los extremos y los independentistas. No se trata de aplaudir un pacto al margen del resto del arco parlamentario pero sí de admitir que si en esta compleja ecuación hubieran entrado el resto de grupos el CGPJ seguiría sin renovarse in aeternum. En realidad, ganamos todos.

Ha sido un acuerdo en el que cada uno se deja parte en la negociación para avanzar colectivamente. Y el resultado final es bueno para todos. Pero somos un país tan cainita que los dos partidos en vez de hacer como Churchill –tragarse sus propias palabras y descubrir que son una dieta saludable– convirtieron la sesión en el Congreso del día siguiente en un espectáculo patético que aspiraba a negar el pacto. En vez de celebrar el primer acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos desde hace años, se desató una competición estulta por adjudicarse el éxito de la misma. Con descalificaciones incluidas. Qué capacidad tienen para agriar una buena noticia.

BREVERÍAS

Reducción de jornada

La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales puede ser una buena idea. Hay muchos argumentos a favor. Se ha hecho ya en muchos países con resultados positivos. Incluso en Valencia el año pasado se hizo una experiencia piloto y la conclusión fue que con la jornada de cuatro días los trabajadores mejoraban la productividad, aumentaba su satisfacción y al disponer de más tiempo libre cuidaban su salud mediante la actividad física y la salud mental a través de otras actividades. Había un efecto indeseado respecto a las pérdida de ventas de los comercios los días de inactividad laboral. El Ministerio de Trabajo le ha dado una semana más a la patronal para que se pronuncie. Los sindicatos apremian y la ministra, dispuesta a escalonar la aplicación de la reducción –pasaría a 38,5 horas este año y a 37,5 en 2025–, le da una semana más de plazo a la patronal, que pretende que pase el tiempo y pone velas a un cambio de gobierno. Yerra Garamendi, presidente de la CEOE: ya se ha demostrado que ningún Gobierno conservador deroga avances sociales. No sólo es la antipolítica, es que no se atreven. En cualquier caso, no es una reforma legal que pueda acometerse sin la participación de los empresarios. Pretender aplicar una norma de este tipo a espaldas de los representantes de las empresas es contraproducente. Toca paciencia e inteligencia aunque la patronal esté en una práctica dilatoria.

De ahí viene el ruido

La pareja de Ayuso, Alberto Gonzalez Amador, había pactado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado una condena de ocho meses de cárcel y una multa de 491.000 euros asumiendo los delitos de fraude fiscal y dos de falsedad en documento mercantil. No pudo cerrarlo porque el juzgado de instrucción ha aceptado un escrito del PSOE y Más Madrid, personados como acusación particular, solicitando que se amplíe la investigación a otros cuatro posibles delitos. En el origen de todo está la labor de González Amador como comisionista en la venta de mascarillas y guantes durante la pandemia. Por muchas polémicas que agite la presidenta de Madrid, por mucha fruta y mucho griterío para convertir este caso en algo parecido a una persecución, la verdad es que su pareja admite los delitos. Y de ahí sale la vomitona de Ayuso contra el TC por la sentencia de los eres, la medalla a Milei o las barbaridades diarias. De ahí vienen, no de otro sitio.

Conexión iraní

La detención del autor del atentado contra Alejo Vidal-Quadras en Madrid, un tunecino de 37 años, narcotraficante al por menor y delincuente común, no termina de aclarar las incógnitas sobre los motivos del atentado. Pero sobre todo no resuelve la inquietud porque en nuestro país se puedan producir hechos semejantes, propios del sicariato que hemos visto en otros países donde manda el narco, su plata y su plomo. Vidal-Quadras, ex líder del PP en Cataluña y fundador de Vox, ha sido una voz dura contra el régimen iraní y mantiene relaciones con el Consejo Nacional de la Resistencia iraní. No hay nada acreditado sobre el inductor del disparo al político pero al Gobierno le urge tener las respuestas y tomar decisiones, incluso diplomáticas si se establecen determinadas conexiones.