Pilar Cernuda
¿Llegará Sánchez al final de la legislatura?
Dietario de España
AYUSO es quien marca la temperatura del debate político, cuando no el propio debate yendo más allá que su jefe de filas. Es la que entiende bien a este Gobierno de “tiranos”, “mafiosos”, “estalinistas” y “caraduras”. “Todos van a ir pa´lante”, vaticina Ayuso, aunque los andaluces diríamos tos. En esa sentencia figurativa y metafórica, ya que no pretende exactamente describir un avance ni un mero movimiento, define perfectamente el día a día que vivimos. La legislatura ha entrado en una fase en la que al PP ya solo le sirve que los socialistas vayan todos pa´lante. Es decir, ante el juez o si pudiera ser directamente a prisión, sin juicios ni molestas demoras garantistas. Pa´lante. Que la Guardia Civil caminera se los lleve codo con codo y, camino de la trena, les peguen las veinticuatro bofetadas de la canción del gitano apaleado de Lorca. Todos pa´lante, con el recuerdo berlanguiano del Todos a la cárcel, con Sazatornil comiéndose la pantalla.
Barrunta el PP que el fin de la legislatura igual no es para hoy, ha asumido internamente que incluso es posible que haya presupuestos para 2025 –lo que significaría una gestión con impulso hasta las elecciones de 2027– y ha decidido tocar la trompeta reuniendo a las huestes. Han simplificado la narrativa y ya solo hay un mensaje, dado que la economía lidera el crecimiento en la UE: la corrupción. Los meros indicios, la sospecha o incluso cualquier fábula sobre la corrupción ha dado más beneficios electorales al contrario que la gestión pésima de un Gobierno. Y la corrupción siempre son los otros. Incluso da igual que sea en la misma semana en la que se condena a prisión a Eduardo Zaplana –ex alcalde de Benidorm, ex presidente de Valencia y ex ministro de Aznar– por blanquear 16 millones de euros.
Felipe González cayó asediado por casos flagrantes: Filesa, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán huido y con 14 millones de euros de botín, Ibercorp (con el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio implicado), Time Export y casos como el de Juan Guerra (hermano del ex vicepresidente, quien fue acusado de diez delitos aunque todo quedó en un fraude fiscal), los GAL o el caso de Renfe, episodios que habían gangrenado la marca PSOE y habían convertido a España en un reñidero con un clima irrespirable.
Al centro reformista de Rajoy se lo llevó por delante la trama Gürtel (con una treintena de condenados y juicios aún pendientes), con sus cabecillas en prisión, entre ellos el ex tesorero popular Luis Bárcenas; se apioló a Rajoy la contabilidad del PP en dinero negro y la práctica genovesa de destruir los discos duros a golpe de martillo. Considerada la mayor red de corrupción de la democracia, extendió sus tentáculos por media España. González y Rajoy, sea por poner dos ejemplos. Hay mucho más y por toda España. Se puede hacer el ruido que se quiera tratando de imponer un estado de opinión que termine por hacer creer que el país está carcomido de la corrupción, pero cuando ha funcionado hasta ahora letalmente es cuando había agua. Está por ver qué sucede en este nuevo tiempo, en el que ya sólo rigen las percepciones, no los hechos. Ya saben que las primeras son un tren bala y los segundos, un tren a vapor.
No vive España un momento semejante a los descritos. El caso Ábalos –que posiblemente tiene aún trastienda oculta– es el más grave. El ex todo de Pedro Sánchez aparece claramente como exponente de la corrupción, que deberá ser demostrada, pero que de momento valida el espacio para las críticas. Y un fiscal general imputado es una fea estampa, por más que el caso se sostenga sobre los bulos lanzados por la presidenta de Madrid y Miguel Ángel Rodríguez -una máquina de fakes- tratando de engañar a la opinión pública sobre el fraude -con pena de cárcel- de la pareja de Ayuso.
Prácticamente, el resto de empeños de la oposición son bagatelas y lo saben, aunque eso no empece el esfuerzo ni la contumacia en la denuncia. Todos pa´lante. “Berni, Barrabés y Begoña (..) y Pedro Sánchez también va a ir pa´lante”, proclama Ayuso, la reina del insulto cañí, quien ha convertido sus propias instituciones en un lodazal, con una vicepresidenta de la Cámara –por cierto, imputada por cuatro delitos de corrupción– que manda a callar a los demás grupos para favorecer el silencio mientras la presidenta insulta a placer. Ayuso, quien degrada la vida política cada vez que abre la boca y quien se emplea a fondo cada vez que el caso de su pareja –un defraudador confeso que será condenado en breve– salta a la palestra.
Estos días, que nos traen aromas de los noventa, guardan semejanza no sólo en el “Váyase, señor González” de Aznar, percutiendo como un martillo neumático, sino también con la concertación informativa, política, judicial y empresarial para sacar de la Moncloa al presidente. El Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha pisado muchos cables, eso es obvio. Claramente, la Ley de amnistía y la financiación singular catalana son dos asuntos pendientes de juicio electoral. Como lo es el hecho de haberse apoyado en independentistas y abertzales para obtener y mantenerse en el poder. Se puede calificar como se quiera, pero son decisiones dentro del estricto juego democrático.
A mitad de los noventa, el llamado sindicato del crimen ya había metido la directa. Era un grupo pilotado por una veintena de reconocidos e influyentes periodistas que habían decidido que había que sacar a Felipe Gónzalez del Gobierno por lo civil o por lo criminal, convencidos de que no había otro camino. Cada día actuaban como las bandadas de estorninos que vuelan en sincronizada coreografía. Tenían todo el apoyo político y financiero a los más altos niveles, sobrepasando todos los límites, colocando al Estado de derecho en juego y como admitió Luis María Anson, uno de sus insignes instigadores, rozando “la estabilidad del Estado”. En las sombras, oscuros personajes, como el notario Antonio García-Trevijano, con la caña puesta para presidir una Tercera República una vez que hubieran obligado al hoy Emérito a renunciar al trono. Con esos materiales se construía la política entonces. Afortunadamente, nada que ver con lo que ocurre hoy.
La democracia española y la Constitución tropiezan hace décadas con el derecho a una vivienda digna. Parece que el artículo 47 se redactó a modo de inventario. Gobierno central, comunidades y ayuntamientos tienen bien ensayado el reparto de culpas, un ejercicio que no ha conseguido solucionar el problema. El bono de 250 euros para jóvenes es un alivio si el casero no lo repercute en el precio, pero tampoco una solución. Ya no hablamos de comprar: el mero acceso al alquiler, cuyos precios combinados con la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes, convierten en un imposible ese derecho. La política falla especialmente en su renuncia a construir vivienda pública para alquiler y en confiar en que el sector privado va a resolver el drama. Esto va mal y las soluciones si llegan tardarán años. De las manifestaciones de hace unos días nos queda el enojo y la frustración de muchos ciudadanos y un tuit dirigido a los políticos –singularmente a la vicepresidenta Yolanda Díaz– que mostraban en las redes su indignación por la situación que soporta la ciudadanía: “Sois Gobierno, dejad de tuitear”.
El Gobierno va a convertir en impuestos permanente los gravámenes extraordinarios de la banca y las eléctricas que nacieron como algo coyuntural para dos años y se amplió un ejercicio más. Así consta entre los compromisos enviados a Bruselas en el plan fiscal estructural. 2.859 millones ha recaudado el Estado por esa vía, que formaba parte del acuerdo de investidura con Sumar. Se va a incluir en el proyecto de Ley de Impuesto Complementario de Sociedades en el que trabaja ya la Comisión de Hacienda del Congreso. Esa ley promete convertirse en un texto ómnibus que tendrá notable influencia en la próxima partida de los fondos Next Generation, que teóricamente vencerán a finales de 2026.
La UE, definitivamente entregada a las políticas de la ultraderecha, explora ya la posibilidad de crear centros de deportación de inmigrantes fuera del territorio comunitario justo cuando la justicia italiana acaba de infligirle una derrota a Meloni. El Ejecutivo italiano tendrá que revisar su acuerdo con Albania. Algunos miembros de la UE quieren que se chantajee a los países de los Balcanes que aspiran entrar en la UE para que cedan su territorio a estos centros a cambio de dinero. Los ingleses envían a los inmigrantes indocumentados a Ruanda. Turquía ya recibe miles de millones de la UE por colocar sacos terreros sin que a nadie le importe las denuncias por el trato que se da a las personas. Y hay acuerdos similares con Egipto, Túnez o Mauritania. Quieren explorar hacerlo con Malí, que es un Estado fallido en manos de las mafias y el terrorismo islamista. Los daneses piden soluciones “creativas” y en toda la UE se endurecen las políticas y la retórica anti inmigración. Mucho más lento va la aplicación de las directivas pactadas para repartir solidariamente a los inmigrantes entre los países miembros. Apuesten a que la inmigración se va a convertir en un camino sin salida para quienes huyen de sus países pobres y acaban confinados en centros en otros países igual de pobres. Mientras haya euros en la caja habrá vallas o jaulas para los inmigrantes.
El 10 de noviembre de 1939, tres fascistas metieron en un coche a Miguel de Molina. Lo llevaron a los altos de la Castellana, lo sacaron del automóvil, le dieron una paliza terrible, lo golpearon con una pistola y le raparon la cabeza como si fueran a desollarlo. Le hicieron tragar una botella de aceite de ricino “por maricón y por rojo”. Esta semana un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra persiguieron al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al grito de “maricón”. Un siglo después los ultras siguen diciendo maricón como nadie.
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