Pilar Cernuda
¿Llegará Sánchez al final de la legislatura?
El pasado 3 de octubre, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hizo constar ante los medios de comunicación su intención de abordar una reforma en materia de incapacidad temporal. La idea subyacente era flexibilizar la reincorporación al trabajo, según el supuesto del que se tratase. Esto es lo que se conoce como ‘baja laboral flexible’, un aviso inesperado que no ha estado exento de reacciones a favor o en contra.
Por el momento, el Gobierno ha anunciado que el próximo lunes se reunirá a las 12:30h con los agentes sociales para constituir la mesa técnica en la que se iniciarán los trabajos de reforma. Todo ello, en la línea de lo que comentaba Saiz, como algo aplicable a algunos casos “siempre desde la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad”. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente la baja laboral flexible? Y ¿de qué manera nos afecta?
El objetivo de esta medida es adaptar las bajas médicas a las nuevas realidades sociales y laborales. Es decir, crear un modelo “híbrido” en una normativa que siempre ha sido abrupta: o estás de baja o estás de alta. Con este punto de partida, se pretende alcanzar un término medio en función de las necesidades reales del trabajador.
Fidelitis, bufete de abogados especialistas en incapacidades laborales, explica que esta propuesta “pretende introducir mecanismos que permitan”, por un lado, “modular la duración de las bajas” y, por otro, favorecer el “retorno progresivo al trabajo”. Es decir, establecer períodos de baja que se adapten al proceso de recuperación del trabajador y adecuar su reincorporación de manera paulatina, mediante la implementación de jornadas parciales, el desarrollo de la actividad profesional en días alternos o el teletrabajo, siempre que el sector lo permita.
Por último, y para que la baja laboral flexible sea efectiva, Fidelitis asegura que es necesario “fomentar la comunicación entre el trabajador, el médico y el empleador: crear canales que permitan ajustar las condiciones laborales a las necesidades de recuperación”.
A pesar de que todavía no se conocen muchos detalles sobre este proyecto, la ministra Saiz ha dado ejemplos claros de posibles personas beneficiarias: aquellas que padezcan enfermedades de larga duración o las que se encuentren en situación de pluriactividad. En este sentido, pretende “dar más flexibilidad (…) que no sea estar de baja o de alta”. Se refiere, especialmente, a trabajadores con varios empleos cuya incapacidad les impida trabajar en una actividad pero no en la otra.
Sin embargo, la iniciativa de Elma Saiz ha provocado cierta división en el Gobierno, al tiempo que ha enfurecido a los sindicatos o generado intriga entre los médicos. Desde el ejecutivo, se han manifestado en contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la ministra de Sanidad, Mónica García. Esta última se mostró dispuesta a dialogar, pero aseguró que “el acto médico de la baja no lo van a decidir las empresas o Garamendi”. Del mismo modo, subrayó la importancia de que los trabajadores van a tener que volver a sus trabajos “antes de tiempo, redundando en un mal pronóstico de su salud”.
Por su parte, Yolanda Díaz quiso enviar un mensaje a los empleados en su comparecencia ante los medios de comunicación desde la fábrica de Inditex, en Galicia. “No va a haber modificaciones que empeoren lo que hoy es un derecho fundamental de los trabajadores, no sujeto a las condiciones de pluriactividad ni de parcialidad. Todos ustedes cotizan para tener protegida su salud y con la salud no se juega”. Por el lado contrario, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha mostrado a favor de la propuesta, aunque ha subrayado que "habría que valorar cada caso", en función del tratamiento que recibe el paciente y cómo le pueda afectar.
Entre otras reacciones que ha habido al respecto, Comisiones Obreras está en contra; al igual que Javier Ruiz, Jefe de Economía de la Cadena Ser, quien ha sostenido en el programa Todo es Mentira, que “esto no es sólo un problema político, sino moral”. Mientras tanto, Pimec o Foment han mostrado su absoluto apoyo a la propuesta.
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