El nacimiento de una democracia

ENTONCES, el censo electoral apenas superaba los 26 millones de personas. El 6 de diciembre de 1978 más de 15,7 millones de españoles dieron un aplastante sí en las urnas al texto constitucional que desde entonces ha marcado las reglas del juego, en el mayor periodo de normalidad democrática que ha vivido nunca España. Aquel miércoles, soleado y frío en Andalucía, dejábamos atrás los últimos restos de la dictadura y comenzaba la apasionante tarea de vivir en libertad.

Pero también terminaba un periodo no menos apasionante: el que dio lugar a que esa Constitución fuera posible. Se podrían elegir muchas fechas, pero hay una que refleja mejor que cualquier otra la dureza del camino que se emprendía. El 18 de noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprueban, dos días antes de que se cumpla el primer aniversario de la muerte del dictador, la Ley de Reforma Política. Es una norma sin precedentes por la cual un régimen autoritario acepta autodisolverse sin violencia y abrir la vía a un sistema de libertades. De ese día es una imagen repetida en cuantos documentales televisivos han tratado sobre la Transición: Adolfo Suárez se recuesta en su escaño del banco azul y entorna los ojos mientras se escucha la voz de Torcuato Fernández Miranda, presidente de la Cortes: "El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión". En aquel hemiciclo estaban personajes como José Antonio Girón o Raimundo Fernández Cuesta.

El triángulo político formado por el Rey, Fernández Miranda y sobre todo Suárez, irrepetible como la época que les tocó vivir, había logrado en un tiempo récord lo que parecía imposible: volar desde dentro la dictadura. Se cumplía así el compromiso asumido por don Juan Carlos en su primer mensaje a la nación, todavía con Franco sin enterrar: "Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional".

En este triángulo político se basa buena parte del éxito de lo que vendría después. Un éxito que la historia hasta cierto punto ha idealizado, pero que no estuvo exento de tensiones y violencia. El papel del Rey, con el ascendiente que demostró sobre el Ejército, fue una de las claves del proceso. La amenaza del golpe de Estado tardaría muchos años en conjurarse y planeó como una losa cuando la valentía de Suárez logró sacar adelante la legalización del PCE poco antes de las elecciones del 15 de junio de 1977. Pero junto al peligro de asonada militar los españoles tuvieron que convivir entonces con un activo terrorismo de extrema izquierda y de extrema derecha, y con una crisis económica galopante, que rompía, además, los años de bonanza del franquismo. No fueron tiempos fáciles. En aquellos meses tumultuosos, Suárez logró controlar y anular los restos del franquismo y tender lazos con la oposición. Al talento de Suárez se unió la habilidad política demostrada por Felipe González y, de manera muy especial, por Santiago Carrillo, que jugaron sus cartas con inteligencia y responsabilidad histórica. Ello dio lugar a lo que ni los más optimistas podían prever cuando el 20 de noviembre de 1975 Franco moría en un hospital público de Madrid.

No habían pasado todavía dos años de aquel 20-N y los españoles podían participar en unas elecciones absolutamente libres en las que todo el espectro político podía presentarse. El pueblo español, tras cuatro décadas de forzada abstinencia electoral, dio muestras de la suficiente madurez para instalar como protagonistas en el escenario político a las opciones de centro derecha y centro izquierda que triunfaban en la Europa desarrollada y orillar tanto a la derecha proveniente del franquismo como a la izquierda comunista. UCD obtuvo 165 escaños; el PSOE, 118; el Partido Comunista, 20, y Alianza Popular, 16.

De las elecciones del 15 de junio de 1977 salen unas Cortes compensadas, que reflejan una composición política que ha servido para articular el sistema que ha llegado hasta nuestros días, incluida la presencia de decisivas minorías representantes del nacionalismo moderado vasco y catalán. Esas Cortes son las que se enfrentan a la tarea ciertamente difícil de elaborar una Constitución en la que todos puedan verse reflejados. De nuevo aflora en este proceso de fundación democrática la madurez y el sentido de Estado en la formación de la Comisión Constitucional que se encargará de elaborar el borrador del texto. Para cualquier persona interesada en la reciente historia de España, la mera enunciación de sus nombres da idea del plantel de políticos con los que España contó en la Transición, sobre todo si se compara con el actual: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero de Miñón, por la UCD; Gregorio Peces Barba, por el PSOE; Manuel Fraga, por Alianza Popular; Jordi Solé Tura, por el PCE, y Miquel Roca i Junyent, por la Minoría Catalana.

En los primeros días de agosto los siete ponentes comienzan sus reuniones con dos premisas sobre la mesa: la Constitución debe ser un texto breve que recoja los grandes principios del ordenamiento democrático y debe contentar a todos. Si lo primero no se cumple ni por asomo y tenemos una de las constituciones más prolijas del planeta, lo segundo es el gran objetivo cumplido. La palabra consenso se convierte en el mantra de la clase política española de aquellos tiempos y en la clave de la pervivencia que ha tenido el texto constitucional.

Los ponentes son conscientes de están colocando las bases de una época nueva por la que una buena parte del país llevaba décadas suspirando. Lograrlo estaba ahora al alcance de la mano y no se podía fallar. Se acuerda mantener los trabajos en secreto para impedir que presiones externas interfieran en su elaboración. Hay problemas de todo tipo: abandonos sonados, como el de Gregorio Peces Barbas, filtraciones periodísticas... el ritmo es frenético.

Cuando la negociación fracasa en el seno de la comisión, hay un segundo nivel que logra desatascar los nudos. Son las famosas reuniones en el restaurante José Luis de Madrid del vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, y el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, que se prolongan hasta la madrugada y cuyos acuerdos se plasmaban en servilletas de papel. Hay cesiones inconcebibles en otro contexto. PSOE y PCE renuncian a su republicanismo y aceptan la Monarquía parlamentaria como forma de Gobierno. La derecha, admite una amplia descentralización del Estado y un modelo territorial que permitirá que hoy tengamos un sistema que se aproxima al federal. La laicidad del Estado o la abolición de la pena de muerte fueron otros puntos polémicos fijados en el texto.

Posiblemente, la mayor de las controversias a la que tuvieron que hacer frente la suscitó la cuestión de las autonomías. La discusión sobre la inclusión del término nacionalidades consumió horas y horas de deliberaciones y estuvo a punto de que se bordeara la ruptura. También la cooficialidad de las lenguas autonómicas provocó encendidos debates en el seno de la comisión.

Cuando la opinión pública tuvo acceso al borrador, estas discusiones se trasladaron a los medios de comunicación y el texto recibió fuertes críticas por parte de algunos expertos constitucionalistas. Finalmente, en julio de 1978 el borrador se aprueba en el Congreso con la más que significativa abstención de 14 diputados de Alianza Popular y con los escaños del PNV vacíos.

Pero el objetivo está cumplido. Los españoles van a disponer de un texto que garantice un sistema de libertades homologable al que disfrutan las democracias europeas con las que España quiere rápidamente homologarse. Nuestro país dejaba de ser diferente.El 6 de diciembre el apoyo popular en el referéndum es masivo y el 28 del mismo mes, el Rey puede firmar el texto en el mismo hemiciclo en el que sólo 25 meses, antes el empuje y la valentía de un joven presidente del Gobierno llamado Adolfo Suárez González, llegado desde las cavernas del partido único del dictador, había logrado que los procuradores franquistas se apartaran sin rechistar del camino hacia la libertad. En aquel hemiciclo se sentaban ahora personajes como Pasionaria o Rafael Alberti.

Con la sanción real y la entrada en vigor de la Constitución se ponía fin al proceso fundacional de nuestra democracia. Si los estadounidenses guardan una especial veneración por los Padres Fundadores que en 1787 redactaron el famoso texto que empieza con "nosotros el pueblo de los Estados Unidos...", bien haremos nosotros en reconocer a los 30 años de su aprobación el valor que tuvieron los que desde posiciones teóricamente enfrentadas fueron capaces de dar a España el marco legal que necesitaba para dejar atrás, definitivamente, lo más negro de su historia.