Manual para entender la crisis institucional por la renovación del Tribunal Constitucional

La crisis institucional que amenaza nuestro país por el enfrentamiento del que forman parte el Parlamento, el Constitucional y el CGPJ ante el cambio de modelo en la elección de magistrados del TC se ha resuelto este lunes con un veredicto: El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP y ha paralizado la tramitación de la reforma judicial.

A continuación, el manual para no perderse esta semana.

¿Cuál es el origen de toda la polémica?

Aprovechando la proposición de ley de derogación de la sedición, PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas que modifican diversos aspectos legales de dos leyes orgánicas con la intención de desbloquear la renovación del Constitucional.

Una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional, siempre que no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes.

En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quorum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente. Y lo más polémico, la reforma abre la puerta a responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, como sucede actualmente.

La segunda enmienda modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.

¿Por qué se plantean estas enmiendas?

El motivo que justifica estos cambios legales es el bloqueo de los vocales conservadores del CGPJ, que impide el nombramiento de los dos magistrados del TC que por turno corresponden al Consejo.

El 13 de septiembre venció el plazo legal fijado por la ley para efectuar los nombramientos sin que hasta la fecha los vocales conservadores se hayan sentido concernidos por ello. Tres meses dilatando la renovación con todo tipo de argumentos.

Primero pidieron fijar las reglas del juego; tras ello aseguraron que no había magistrados en el Supremo que quisieran postularse al TC; luego había que esperar a la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y a su posterior impacto; después dar tiempo a las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ; y cuando los progresistas acordaron su candidato, ellos pidieron examinar a otros aspirantes progresistas.

¿Qué efectos tendrían los cambios legales?

El desbloqueo de los nombramientos en el CGPJ y, con ello, se culminaría la renovación por tercios del Constitucional, puesto que el Gobierno ya ha nombrado a sus dos magistrados para el TC.

Con este escenario, se produciría un cambio de mayorías en el tribunal, en favor de los progresistas tras años de mayoría conservadora, justo cuando el tribunal tiene pendiente de revisar los recursos contra las leyes más sociales del Gobierno de Pedro Sánchez, como la eutanasia, la ley Celáa y el Ingreso Mínimo Vital.

Y todo ello bajo la más que previsible presidencia de Cándido Conde Pumpido, un magistrado que fue ocho años fiscal general del Estado durante las dos legislaturas de Zapatero.

¿Cómo ha reaccionado el PP?

El PP presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pedía frenar con medidas cautelarísimas los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, al que solicitó que resolviera su petición antes del Pleno del Congreso de este jueves para que estas enmiendas no se pudieran aprobar en caso de que el TC atendiera su petición. Vox también recurrió el día después.

¿Y PSOE Y Unidas Podemos?

Ambos grupos parlamentarios respondieron con sendos escritos en el Constitucional en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo. Pero, además, Unidas Podemos pide la recusación de su presidente, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

¿Qué ha decidido el TC?

El TC convocó para el mismo jueves un pleno extraordinario para decidir si se admitía el recurso del PP -algo previsible- y tras ello resolver la cautelarísima, esto es, si el tribunal paraliza o no la tramitación de un proceso legislativo en marcha en el Parlamento por un recurso de un partido, algo inédito en nuestra democracia.

Pero tras una mañana frenética, el presidente aplazó el pleno al lunes a petición de los magistrados progresistas que reclamaban más tiempo para estudiar todos los escritos presentados.

¿Qué consecuencia tuvo el aplazamiento del pleno del TC?

El silencio del TC frustró el intento del PP de que no se votase ayer y permitió que el pleno del Congreso aprobara la reforma que conlleva el cambio de modelo en la elección de magistrados del Constitucional, pese que PP, Vox y Ciudadanos pidieron sin éxito su suspensión hasta que se pronuncie el tribunal de garantías.

¿Qué pasa con la reforma?

La reforma avanzaba hacia el Senado, que tiene previsto votarla y aprobarla el próximo jueves 22, aunque por el camino se abren varios escenarios que condicionan todo a partir de dos citas fundamentales: el pleno del TC del lunes y el pleno del CGPJ del martes.