El fiscal mantiene su petición de diez años de cárcel para Otegi por intentar reconstruir Batasuna

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota mantiene su petición de diez años de cárcel para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y para el ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, al considerar que los acusados intentaron reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune en los que ambos tenían un "papel relevante". Ha quedado acreditado que los acusados, "actuando de forma organizada y en conexión con ETA", adoptaron estructuras organizadas "constituyendo un órgano de dirección o de organización" que "ni se desvincula de ETA" ni prueba que la banda armada haya modificado su estrategia político-militar.

Según ha dicho González Mota, las defensas "en ningún momento" han podido rebatir las tesis acusatorias y sostener que sus representados "han actuado al margen de ETA" o que "han condenado" su actuación, y que la estrategia diseñada por la organización terrorista era la combinación de acciones terroristas "que se apoyan en un entramado político estructural" y que se combinan "con un cese" de las mismas, lo que permitiría reconstruir su estructura organizativa. Todo ello "sin que se renuncie ni a los fines ni a los medios (de ETA)", ha recalcado el fiscal, que ha agregado que ese entramado político e institucional al servicio de ETA "se ha adaptado a lo largo de la historia para evitar su desaparición".

El fiscal ha ironizado con el alias de "Ronaldinho" atribuido a Otegi en el marco de la creación de Bateragune, ya que "era bueno haciendo estrategias". "Nosotros afirmamos que esa habilidad no le ha permitido nunca pasar la raya de lo ilegal a lo legal: seguimos haciendo quiebros, estructuras, pero al término del partido seguimos estando en el lado de la ilegalidad, el lado del soporte a ETA", ha asegurado el fiscal. Ha destacado además que Otegui no sólo lideraba la estructura si no que era para los demás miembros del grupo "un referente".

En cuanto a Díez Usabiaga, el fiscal ha destacado que se negó a contestar a sus preguntas y únicamente respondió a su abogado y ha puesto en duda su pretensión de que las entrevistas y contactos que mantuvo con Otegi -que reconoció durante su declaración- se llevaran a cabo "a título personal y no organizativo". "Es incompatible pretender que el cambio histórico de la izquierda abertzale sea fruto de reflexiones de personas que no están organizadas ni tienen estructura", ha dicho González-Mota.

El fiscal ha mantenido el delito de integración en organización terrorista que imputaba a los acusados Miren Zabaleta, a la que ha rebajado la petición de pena de diez a nueve años de cárcel, y Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, para los que ha pedido un total de ocho años en lugar de diez. También ha retirado la acusación que pesaba contra José Luis Moreno, Amaia Esnal, José Manuel Serra, al considerar que no se ha podido demostrar que formaran parte de Bateragune.

González Mota ha explicado en su informe ante el tribunal que "es inverosímil y carente de toda lógica pensar que Bateragune está integrada sólo por miembros de Ekin", en relación a los argumentos esgrimidos por algunos de los procesados, y ha añadido: "ni ha sido así, ni lo fue, ni será".

El fiscal ha tratado de desvirtuar el argumento de las defensas de que los acusados no siguieron al pie de la letra las instrucciones de ETA diciendo que hay documentos que señalan que la banda terrorista "dejó en manos de la izquierda abertzale campo libre para la adaptación de las estructuras". "No compartimos la idea de que esa estrategia diseñada no se desarrolló en los términos que había apuntado la organización terrorista, porque existe una finalidad compartida, que es incorporarse al entramado institucional, y una finalidad de que esa incorporación se haga con ETA dentro del diseño, no sin ETA", ha señalado.

Además González Mota ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Constitucional y el Supremo han considerado "indubitadamente acreditado" que ETA y Batasuna, cuya función pretendía asumir Bateragune, forman parte de una misma "realidad orgánica", de forma que "una está instrumentalizada por la otra para la ejecución de los mismos fines".

Para el representante del Ministerio Público hay "pruebas irrefutables" de que Otegi, Zabaleta, Jacinto, Rodríguez y Díez Usabiaga -el único de estos acusados que está en libertad bajo fianza- forman parte de esa comisión de dirección, cuya existencia ha quedado probada a raíz de la documentación intervenida a los procesados. Ha recordado además que ninguno de los procesados "ha reclamado la desaparición de la amenaza de las armas", aunque sean partidarios de que no haya "inoportunas" acciones terroristas que "perjudiquen" la apuesta institucional. "Si eso existe, eso es delito, aunque unos sean mas partidarios de priorizar la violencia y otros de priorizar la justificación de la violencia", ha agregado antes de decir que el objetivo de los procesados seguía siendo que el Estado cambiara el marco constitucional presionado por la amenaza de la violencia.

La acusación popular, que ejerce la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza, también ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los ocho acusados. "Son contrarias a derecho e ilegales por tratar de perpetuarse como una estructura de soporte a la organización terrorista", ha recordado el representante del Ministerio Público antes de añadir que el juicio contra estas organizaciones no supone "una valoración de opciones políticas" sino que responde al "cumplimiento de la ley".